Movus: plantas de celulosa en Uruguay no cumplen con normas europeas
Finlandia rechazó la instalación de una planta que incluía mayores controles que las que tienen las que operan en Uruguay.
A fines de diciembre el Tribunal Administrativo Supremo de Finlandia (TAS) rechazó, luego de un proceso de evaluación de cinco años, la construcción de una planta de celulosa en ese país.
La obra había sido promovida por la empresa local Finnpulp, e iría a tener una capacidad de producción similar a las pasteras que operan en Uruguay. Sería, además, la más grande de Europa.
El rechazo del organismo finlandés se dio a pesar que la planta incluía un tratamiento terciario de efluentes que reduciría su potencial contaminante.
Según un informe del portal Sudestada, solo iría a verter 25 kilos de fósforo al día, cuando la pastera que opera hoy UPM cerca de Fray Bentos vierte 75 kilos díarios.
Las normas de la Unión Europea, además, obligan a analizar el impacto acumulativo del proceso de contaminación en la vida útil del proyecto. Un aspecto que la obra de Finnpulp no cumplió, en un proceso que contó con la intervención de jueces expertos en temas ambientales.
Muy lejos de lo que se viene aplicando en Uruguay, según advirtió este jueves el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus).
Para el colectivo ambientalista, la resolución del tribunal finlandés dejó en evidencia las falencias que a nivel local existen en los controles.
Es que, según se recordó, la autorización ambiental para la planta que UPM proyecta instalar sobre el río Negro se concedió luego de un proceso de apenas ocho meses, desde la presentación del estudio de impacto ambiental hasta la concesión “a las apuradas” del aval para cumplir con los plazos perentorios del contrato firmado con el gobierno.
Eso llevó, se subraya, a situaciones irregulares, como que las audiencias públicas se realizaran durante la puesta de manifiesto del proyecto, o que la empresa respondiera preguntas y observaciones al proyecto dos meses después de recibida la autorización ambiental.
Para el Movus, con la complacencia de las autoridades nacionales y departamentales se aceptó en Uruguay un proyecto de dudosa sostenibilidad, que coloca al país cada vez más como propicio para recibir actividades que nos son aceptadas en lugares más desarrollados del planeta.
El movimiento, así, espera el resultado de una serie de recursos legales presentados ante la Justicia con el fin de anular procedimientos considerados irregulares, que pondrían en riesgo la integridad de la población y el territorio nacional.