La construcción de una represa sobre el arroyo Casupá es una necesidad que viene hablándose desde los tiempos de Tomás Berreta.
El presidente Tabaré Vázquez presentó públicamente este lunes un documento sobre el estado de situación de la contaminación en el río Santa Lucía, de donde sale el agua potable que consume el 60% de los uruguayos que viven en el área metropolitana.
La intención del mandatario es que el gobierno electo, que presidirá a partir del 1 de marzo de 2020 Luis Lacalle Pou, incluya en su proyecto de ley de urgente consideración un proyecto para la construcción de una nueva represa, a ubicarse sobre el arroyo Casupá, en Florida.
También una planta de tratamientos que terminaría definitivamente con el problema de las más de 60 toneladas de lodo que se vierten diariamente por el proceso de potabilización del agua.
Ambas iniciativas supondrían una inversión de US$ 150 millones. El anteproyecto elevado por el actual Ejecutivo sugiere transferir ese monto desde Rentas Generales a OSE, que estaría a cargo de los proyectos.
Lejos de tratarse de un descubrimiento, la necesidad de una represa en Casupá viene de larga data.
El 5 de mayo de 2015 el entonces ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, comparecía ante el Parlamento por este tema.
Esa secretaría había finalizado poco antes un relevamiento de la cuenca del Santa Lucía, luego de una serie de episodios de contaminación que desataron la alarma pública. El artículo 18 de la ley marco de Defensa le encomienda a las Fuerzas Armadas la protección de los recursos estratégicos del país.
Los militares habían realizado estudios sobre qué pasaría en la zona metropolitana si, en un plazo de 72 horas, se cortara el abastecimiento desde Aguas Corrientes. El resultado, según afirmó el ministro, “parece un cuento de ficción, medio de terror”.
Fernández Huidobro fue explícito. “Uruguay no está preparado para afrontar una circunstancia de esa naturaleza”.
Según contó el jerarca, la necesidad de la construcción de una represa en Casupá viene siendo mencionada desde la Administración Tomás Berreta, en 1946.
No solo, dijo, con el fin de regular el río y de tener reservas de agua potable, sino también de trazar un canal navegable desde allí hasta el Puerto de Montevideo, el “Canal Zabala”.
Se iría a utilizar para el riego de toda la zona y para el transporte de mercaderías. “No se construyó nunca, aunque en aquel entonces se decía que era imprescindible hacerlo”, relató.
Y, según Fernández Huidobro, las omisiones se pagan. “Hubo sueños y muy buenas planificaciones, pero después algo pasó y los uruguayos dimos por terminado el país tal como estaba”.
Ahora, decía en 2015, el país comenzaba a preocuparse por la contaminación de los cursos de agua, las cianobacterias o las algas. Un problema que, sostuvo, ya había sido detectado por estudios internacionales en 1968.
En su visión, el principal problema era que Uruguay careciera de un “plan B” ya que, desde el punto de vista de la seguridad, el riesgo y las vulnerabilidades, era impensable que en una población como la del área metropolitana dependiera para abastecerse de un solo lugar.
“Es de una fragilidad inimaginable”, advirtió. “Bastaría un desvío del Santa Lucía o cualquier problema en Aguas Corrientes para que nos encontráramos ante un problema tremendo”.
Fernández Huidobro también citó un estudio, encargado años atrás a una consultora francesa, que Uruguay “pagó carísimo” y que terminó “encajonado prolijamente”.
Allí se proponía extraer agua del río de la Plata a la altura de Arazatí, traerla hacia Montevideo a lo largo de San José, regando por el camino la zona agrícola, hasta desembocar cerca de Peñarol y Sayago.
Decisión estratégica
Fernández Huidobro fue más allá al recordar que, 1971 la Organización de Estados Americanos (OEA) había recomendado la construcción de represas. Habló de Paso Severino, que debía estar pronta en 1977. También de Casupá, que debía estar en funcionamiento en 1988.
La primera quedó pronta con once años de atraso. De la construcción de la segunda, es de lo que habló este lunes el presidente Vázquez. Van 31 años de atraso.
En 2013, finalmente, OSE tomó la “decisión estratégica” de encomendarle a Aguasur, una subsidiaria que gira en el derecho privado, que elaborara un estudio que propusiera una alternativa apropiada para asegurar el abastecimiento de agua potable al sistema metropolitano hasta el año 2045.
Y el resultado fue, justamente, la recomendación de una represa a la altura de Casupá, en el Santa Lucía Grande.
Según los datos del ente, la obra almacenaría 100 hectómetros cúbicos de agua e interceptaría una cuenca de 685 kilómetros cuadrados, para lo que sería necesario expropiar unas 3600 hectáreas.
El informe OSE hablaba además de otra represa sobre el arroyo El Soldado, que almacenaría 27 hectómetros cúbicos con una cuenca de 200 kilómetros cuadrados.
Las represas cumplirían una función reguladora y a la vez preventiva, mitigando las floraciones algales.
OSE le otorgó prioridad al proyecto en Casupá, a través de dos etapas.
La primera preveía estudios de factibilidad y un proyecto básico, que serían ejecutados a través de una donación parcial de la Agencia Alemana de Cooperación. Su costo sería de 1,5 millones de euros.
Confirmada su viabilidad, la segunda etapa comprendería la licitación del proyecto ejecutivo y la obra de la presa, por un monto estimado de US$ 60 millones.
A principios de este mes, El Observador informaba que la Corporación Andina de Fomento (CAF) había aprobado un préstamo de US$ 80 millones para la construcción, precisamente, de una represa sobre el arroyo Casupá.
Allí se indicaba que OSE sería la encargada de llevar a cabo la obra, pero que aún se desconocía cuándo empezaría a construirse.