INVERSIÓN EN CELULOSA
Rossi anuncia que hay privados con interés en utilizar el tren de UPM
El jerarca adelantó que “se está conversando con distintos rubros” productivos para que utilicen también el ferrocarril, ya que tendrá una capacidad de carga de 4 millones de toneladas.
"Ya está todo dicho, ahora solo falta hacer la obra”, dijo ayer el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, tras firmar el contrato de financiación de la obra del Ferrocarril Central, una inversión de US$ 1.070 millones y que será utilizado por UPM para traer hasta el puerto de Montevideo la carga de la nueva planta de celulosa en Pueblo Centenario.
El jerarca adelantó que “se está conversando con distintos rubros” productivos para que utilicen también el ferrocarril, ya que tendrá una capacidad de carga de 4 millones de toneladas y UPM ocupará unos 2 millones de toneladas. Empresarios del sector madera y derivados, de canteras de piedra, Conaprole y el centro logístico de Florida, son algunos de los interesados que mencionó Rossi.
“Comprometido no hay nada, pero hay muchos proyectos en desarrollo, que en este tiempo deberemos ir madurando para que se consoliden cuando exista el ferrocarril”, manifestó el ministro.
La obra a través del mecanismo de participación público-privada (PPP) fue adjudicada al Grupo Vía Central (GVC), integrado por las empresas uruguayas Saceem y Berkes, la española Sacyr y la francesa NGE.
Alejandro Ruibal, director de Saceem, expresó ayer que ya comenzaron los trabajos “con inversión propia” en la zona, mientras se cerraba el financiamiento, algo posible debido a un decreto que modificó una disposición contraria que incluía la ley de PPP. Señaló que “no costó” conseguir quienes financiaran la obra, pero llevó tiempo “ponerse de acuerdo en los términos y condiciones”.
Dos entidades multilaterales, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF (Corporación Andina de Fomento), prestarán financiación en dólares, poniendo la primera hasta US$ 300 millones y US$ 85 millones la segunda. A esto se suma el aporte de los bancos comerciales Intesa Sanpaolo de Italia y Sumitomo Banking Corporation de Japón, que tomarán a su cargo la financiación de US$ 85 millones cada uno.
La financiación en moneda local (Unidades Indexadas) será provista por CAF-AM Administradora de Activos, a través del Fideicomiso Financiero CAFAM Ferrocarril Central, que emitió hace unos días certificados por US$ 350 millones para financiar la obra.
El proyecto incluye la rehabilitación de 273 kilómetros de vía férrea entre Paso de los Toros -localidad cercana a la nueva planta de UPM- y el puerto capitalino. Al trazado de las vías se agregan ramales de vías secundarias (para la conexión de plantas o fábricas que usan la vía como medio de transporte) con lo que se llega a 340 kilómetros.
“Es una necesidad que el ferrocarril se incorpore al transporte de carga en beneficio del conjunto del país y no solo porque es un modo de preservar el deterioro en las carreteras. El país lo necesita porque va a seguir creciendo el volumen de producción”, señaló Rossi.
Por su parte, Ruibal informó que a partir del próximo año este proyecto brindará unos 1.500 empleos directos, “pero como típica obra de construcción e infraestructura derrama mucho en las localidades donde se va a trabajar, así que creemos que habrá unos 2.500 puestos indirectos”.
También el director de Saceem destacó la “buena imagen del país” en el exterior, lo que le permitió acercarse a entidades multilaterales y bancos a solicitar financiación “Es algo a cuidar entre todos, afuera nos ven como un país muy serio en lo financiero y el grado inversor es importante, sino sería más caro el financiamiento”, explicó.
De la firma del contrato participó además el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Santiago Soto, quien afirmó que “el ferrocarril central es la pieza más importante dentro de las obras por PPP”. Este sistema contempla que el privado se encargue de la construcción -un proceso que se estima durará tres años- y el mantenimiento de la infraestructura, y luego el Estado comience a pagar por el uso de las vías férreas por 15 años.