puerto9El proyecto portuario que aún no se concretó y ya le cuesta plata al Estado por UPM

La ANP deberá pagar a la empresa Lobraus por una torre logística sin construir, pero que debió reubicar por el tren de la pastera

Hace más de una década la empresa Lobraus se instaló en Uruguay y en 2007 presentó al gobierno un megaplan que incluía una torre de 22 pisos con oficinas, restaurante y depósitos para logística dentro del puerto de Montevideo. Doce años después, el proyecto todavía no se concretó, pero la empresa recibirá una compensación económica si cumple con algunos requisitos antes de fin de mes.

La primera etapa desde la presentación hasta la aceptación de la propuesta ya llevó su tiempo. La concesión por 30 años fue adjudicada por la Administración Nacional de Puertos (ANP) en setiembre de 2013. Pero el contrato se firmó recién en enero de 2016. Según las autoridades, Lobraus debía presentar una garantía y dar certeza de contar con una línea de crédito. Eso le llevó dos prácticamente dos años, entre discusiones y diferentes interpretaciones entre representantes de la empresa y funcionarios de la ANP.

El tiempo siguió corriendo y el gran emprendimiento terminó siendo un galpón ubicado dentro del recinto portuario. En 2017 el gobierno empezó a seguir más de cerca a Lobraus.

En mayo, el ministro de Transporte, Víctor Rossi, concurrió a la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, se refirió al proyecto logístico y no ocultó su preocupación. Señaló que era válido que la empresa comenzara la obra construyendo el galpón. “Es lógico que empiecen por ahí”, pero reconoció que el depósito tenía problemas y no se ajustaba estrictamente a la propuesta original.

El 5 de julio, la ANP intimó a la compañía a presentar información adicional sobre el proyecto. El plazo concedido fue de 20 días. La empresa aportó más documentación y siguió corriendo el tiempo.

La torre de 22 pisos con oficinas, restaurante y otras instalaciones continuaba siendo un galpón. Entonces, la ANP volvió a otorgarle un plazo perentorio a Lobraus. De hecho, esa intimación fue bajo apercibimiento de iniciar los trámites de rescisión de la concesión.

Pero en ese momento todo cambió. El Directorio de la ANP recibió información oficial sobre el nuevo trazado de la vía férrea dentro del puerto de Montevideo por la que circularía el tren de UPM.

El megaproyecto estaba ubicado en una zona que impedía el paso del ferrocarril. En octubre, las autoridades de la ANP se reunieron con representantes de Lobraus y le comunicaron las novedades. Si la intención de la compañía era continuar —en realidad comenzar— con el edificio debía reubicarlo. En ese encuentro los representantes empresariales expresaron a las autoridades que seguían interesados en desarrollar el centro logístico y quedaron en presentar un plan con otra ubicación.

En noviembre de 2018, la ANP y Lobraus firmaron un acuerdo en el que se estableció que el organismo correría con los gastos que se hubieran ocasionado por la reformulación del proyecto.

En marzo de este año, la empresa presentó un detalle de gastos por US$ 1 millón. La cifra no fue aceptada. En setiembre la ANP solicitó al Poder Ejecutivo una autorización con el fin de proceder a una “transacción extrajudicial que contemple a ambas partes y diríma la situación planteada”, según consta en una resolución del Ministerio de Transporte (MTOP) del 14 de octubre. 

Previo a eso, a fines de agosto, la ANP emitió otra resolución donde otorgó a Lobraus “excepcionalmente y por última vez, una prórroga hasta el 31 de octubre de 2019 para hacer entrega del proyecto ejecutivo” del edificio de 22 pisos.

El presidente de la ANP, Alberto Díaz, explicó a El Observador que “si lo presenta en tiempo ahí se abre una posibilidad de reconocerle gastos extras por los contratiempos que tuvieron por cambiar el proyecto de lugar”.

El jerarca dijo que “no es normal que la ANP acuerde con las empresas, pero como es una concesión se le pidió autorización al Poder Ejecutivo para esa solución intermedia. Pero eso después que se cumplan determinadas cosas”.

Añadió que “la resolución habilita llegar a un acuerdo entre lo que la ANP piensa que es justo y lo que reclama la empresa. Obviamente, va a ser un camino del medio”. 

Según supo El Observador el monto que abonará el organismo si Lobraus cumple con el plazo del 31 de octubre será de aproximadamente US$ 500 mil. Díaz indicó que la “empresa ha dicho que quiere cumplir con la entrega del proyecto antes del plazo establecido”.

Por tanto, la ANP deberá desembolsar dinero y hacerse cargo de gastos por un edificio no construido. El golpe de suerte para Lobraus llegó de la mano de UPM y el tren que ingresará la celulosa en el puerto de Montevideo.

Diario EL OBSERVADOR - Montevideo - URUGUAY - 16 octubre 2019