“¿Este es el modelo para el desarrollo social del país? Si no estamos de acuerdo, digámoslo, problematicémoslo. Porque si no, parecería que sí estamos de acuerdo por omisión”, plantea Sergio Sommaruga, del sindicato que promovió la discusión
El PIT-CNT fijará en octubre su posición sobre la nueva planta de UPM y los privilegios que se le dieron para instalarse
El salón del club 25 de Agosto de Paso de los Toros lucía inmaculado el pasado 23 de julio. Era una noche especial y así lo indicaban las telas y los manteles blancos que adornaban el lugar. La escena la encabezaban cuatro hombres de traje sentados a una mesa. Eran los ejecutivos de UPM que confirmaban que la empresa levantaría allí, a unos pocos kilómetros, la inversión más grande en la historia del país. Entre intendentes, alcaldes, periodistas y vecinos curiosos, en el público había dos hombres con camperas rojas. Uno de ellos pidió la palabra.
“Buenas noches, mi nombre es Emer Hornos, soy el representante del Sunca (Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos) en Paso de los Toros. En primer lugar quiero felicitar a la empresa por la decisión tomada, por generar esta expectativa y esta cantidad de fuentes de trabajo. (
) De parte de los trabajadores estamos dispuestos a dar lo mejor de nuestra parte para que todo salga adelante por el bien de todos”.
La segunda planta de UPM ya había tenido en ese momento un largo recorrido público. La posibilidad se había anunciado a mediados de 2016 y en 2017 el Estado uruguayo y UPM habían firmado un contrato. Pese a todo ese trayecto y a señales favorables como la que dio aquella noche el representante del Sunca, el PIT-CNT nunca discutió en su interna ni fijó una posición oficial sobre el tema. La cuenta pendiente se saldará este mes.
En la reunión de la Mesa Representativa del viernes 27 de setiembre se aprobó una moción presentada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep). “Incluir en el orden del día de la Mesa Representativa del mes de octubre la posición del PIT-CNT sobre las condiciones contractuales y el conjunto de las prerrogativas bajo las que se estaría instalando en territorio uruguayo la segunda fábrica de pasta de celulosa de la multinacional UPM”, dice el planteo, que recibió un apoyo unánime.
Sergio Sommaruga, secretario general del Sintep, dijo a Búsqueda que le da “vergüenza ajena” que el debate se abra recién ahora, pero también opinó que “no hay peor discusión que la que no se da”. La planta aún no está construida y a su juicio es “fundamental” que el PIT-CNT logre salir del “empantanamiento político” que lo lleva a no tomar posición sobre un proyecto tan importante.
Según su análisis, ante la falta de discusión el PIT-CNT estaba “tomando una posición por la vía de los hechos”. La mirada que se fue instalando en el movimiento sindical es, según Sommaruga, “benigna hacia la instalación de la planta” por los “efectos coyunturales” que trae: “Dinamiza la economía, ingresa una liquidez millonaria al país, genera fuentes de trabajo”.
La propuesta del Sintep pretende que el PIT-CNT cambie esa visión producida por la vía de los hechos por una que surja “de la deliberación democrática”. Esperan que la discusión en la Mesa Representativa sea “sin prejuicios, con rigurosidad y con seriedad”.
“No quiero una discusión fanática ni meramente coyuntural, porque cualquiera de los dos caminos lleva a falsas conclusiones”, afirmó Sommaruga.
El Sintep ya tuvo una discusión interna. Si bien reconocen los efectos positivos inmediatos que producirá el proyecto, tienen una mirada “crítica” de un modelo que “tiende al despojo y a generar condiciones de mayor sometimiento en la inserción internacional de Uruguay”.
“El problema es el patrón de acumulación: ¿qué gana el país en el largo plazo? La empresa va a tener una rentabilidad extraordinaria. La propia inversión se amortiza con el pago de UTE por la compra de la energía que va a producir la planta. UTE está obligada a comprar la energía. Parece un poco mucho. El contrato tiene tantas prerrogativas que incluso conculca las reglas de juego del propio liberalismo económico: el Estado se obliga a comprar energía que no necesita. Es como una especie de economía de Estado o descentralización económica a favor de una empresa transnacional. Estos son los elementos que queremos discutir. ¿Este es el modelo de acumulación estratégica para el desarrollo social del país? ¿Sí o no? Si no estamos de acuerdo, digámoslo, problematicémoslo. Porque si no, parecería que sí estamos de acuerdo por omisión, por aquello de que el que calla, otorga”, planteó Sommaruga, adelantando algunas líneas de discusión.
Entrado en clima, el dirigente enseguida sugirió una segunda línea de discusión. “Además, con honestidad intelectual te tendrías que hacer esta pregunta. Si el gobierno fuese de otro signo, ¿cuál sería la posición del movimiento sindical respecto a la instalación de UPM? Si esto sucediera en un gobierno de Jorge Batlle. O pensando en el futuro, si se diera en un gobierno de (Ernesto) Talvi o (Luis) Lacalle Pou. ¿El movimiento sindical tendría la misma posición? Es una pregunta legítima que también hay que hacerse”, sostuvo.
Miles de puestos de trabajo
El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, coincide con que el movimiento sindical se debe un debate más profundo sobre el proyecto de inversión de UPM. Lo reconoció consultado por Búsqueda una semana antes de la reunión de la Mesa Representativa que terminó aprobando la moción presentada por el Sintep.
Para Pereira, la nueva planta de UPM “va a construir muchísimo empleo para el Uruguay” y lo valora como un aspecto importante. “Lo que deja después de la construcción más o menos se sabe, porque se sabe qué deja la planta de Fray Bentos y qué deja Montes del Plata. No deja 300 puestos de trabajo, como dicen algunos. Deja varios miles de puestos de trabajo cada planta”, sostuvo.
No obstante, reconoció que muchos de esos puestos de trabajo son de salarios sumergidos, con ingresos menores a los $ 20.000 mensuales. Por eso, señaló que uno de los desafíos para el PIT-CNT es lograr que la negociación colectiva sea por cadena de valor, para que incluya a los trabajadores de los viveros, a los forestales, a los transportistas y a los de la planta. Una segunda pelea, indicó, es la de intentar que haya en Uruguay procesos posteriores a la producción de celulosa.
A nivel ambiental, señaló que la Dirección Nacional de Medio Ambiente tiene que garantizar el cumplimiento de todas las normas y, finalmente, opinó que desde el punto de vista productivo la celulosa no puede ser la única apuesta.