Ante un planteo del Colegio de Abogados, la Suprema Corte designó más funcionarios y redistribuirá el trabajo
Advierten situación de “colapso” en juzgados de Durazno y temen sobrecarga con el arribo de UPM
La inminente instalación de una planta de celulosa de la finlandesa UPM en Durazno tiene preocupados a los abogados de ese departamento. Es que desde hace años lidian con una situación de “colapso” en los juzgados locales y advierten que el arribo de la multinacional aumentará las demandas en la Justicia y agravará la situación.
El Colegio de Abogados de Durazno planteó varias veces la situación ante la Suprema Corte de Justicia, aunque hasta el momento no había conseguido medidas concretas. Semanas atrás, sin embargo, el Colegio de Abogados con sede en Montevideo tomó cartas en el asunto y se reunió con representantes de la Corte para insistir con las preocupaciones.
Esta vez la Corte atendió los planteos y decidió tomar medidas para mitigar la situación. Resolvió aumentar la cantidad de funcionarios en esas sedes e implementará una de las medidas propuestas por el colegio, que es pasar la competencia de los casos de violencia doméstica —que son muy numerosos y deben ser atendidos de forma urgente— de las sedes multimateria a las penales, para aliviar el trabajo de los juzgados que atienden asuntos laborales, civiles y de familia, entre otros.
“La situación se volvió caótica, realmente”, dijo la presidenta del Colegio de Abogados de Durazno, Mariela Pérez, a Búsqueda. “Todo eso repercute en la calidad del servicio de Justicia. La gente tiene el problema hoy, pero uno le tiene que decir a su cliente que algo que debería resolverse en unos meses va a demorar dos años”, afirmó.
El problema, sostuvo, no está en la falta de voluntad de jueces o funcionarios, sino en la falta de personal suficiente. “Nosotros que trabajamos y somos los que ponemos la cara con los clientes, nos enojamos y reclamamos, pero también entendemos que ellos están saturados”, afirmó.
Durazno cuenta con cuatro juzgados letrados; dos para el área penal y dos multimateria. Estos últimos son los que enfrentan los mayores problemas, porque deben ocuparse de los casos de violencia doméstica y los laborales, que se tramitan con urgencia. Eso obliga a postergar todos los asuntos de otras materias, que se ven permanentemente demorados. “De repente es una pensión alimenticia o una declaración de incapacidad para recibir una pensión del BPS, que también son temas urgentes pero quedan para atrás”, explicó Pérez.
El arribo de emprendimientos a la zona en los últimos años trajo aparejado un crecimiento de la población y un aumento de la demanda de los servicios judiciales. En una carta enviada en abril a su sede central en Montevideo, el colegio describió que “desde hace ya mucho tiempo dos sedes letradas venían resultando insuficientes, pero desde hace aproximadamente diez años, con la instalación de empresas como Estancias del Lago, Montes del Plata y BPU Meat Uruguay, el volumen de trabajo se ha ido incrementando de tal forma que se puede decir que estas sedes han colapsado”.
La ausencia por largos períodos de dos de las tres actuarias de las sedes multimateria —que tomaron licencia por razones familiares y de enfermedad— agravó el problema. “Hubo momentos en que se vieron absolutamente desbordados”, dijo Pérez.
“Hemos hecho varias gestiones en la Corte, desde hace mucho tiempo. Pedíamos que se creara un juzgado de Familia Especializada para los casos de violencia doméstica, o por lo menos otra sede multimateria. Pero no fue posible, por un tema presupuestal”, señaló. Ahora, con la respuesta de la Corte, se sienten más optimistas, dijo. Además, hay un llamado en curso para contratar funcionarios para varias zonas del interior del país, entre ellas Durazno, con lo cual prevén que pronto llegarán más refuerzos.
De todos modos, en el colegio advierten que la llegada de UPM complicará el panorama. “Va a aumentar la población y los temas laborales, de familia y penales. Creo que la Corte ha considerado eso y por eso está tratando de nombrar más gente”, dijo Pérez.
Situación bajo control
El director de Servicios Administrativos del Poder Judicial, Marcelo Pesce, aseguró a Búsqueda que con las medidas adoptadas hoy la situación está “controlada”, más allá de que pueda persistir “algún resabio del atraso” generado en años anteriores. Además, dijo que cuando se concrete la reasignación de los asuntos de violencia doméstica a las sedes penales “se aliviará bastante” el trabajo. “Somos muy receptivos a los planteos del Colegio de Abogados”, afirmó. “Nunca los cambios son de la noche a la mañana. Pero la solución está encaminada. Hoy Durazno no es un problema”.
Por otra parte, dijo que la Corte está atenta al aumento de la demanda que ocasionará la futura planta de celulosa. “El hecho de que se instalen empresas de ese porte hace que haya más actividad económica y laboral y puede traer un aumento de la demanda. Pero necesitamos ver los números, cuánto va a ser. Por eso estamos atentos, y lo queremos monitorear y tener la posibilidad de reforzar con funcionarios si surge la necesidad”, afirmó.
BUSQUEDA- Montevideo - URUGUAY - 26 setiembre 2019