Costos y beneficios de UPM 2: ¿Pan para hoy y hambre para mañana? Parte 2
En esta segunda parte del informe, repasaremos algunas de las críticas y objeciones que ha despertado la confirmación de la instalación de la segunda planta de UPM en Uruguay. A nivel político, en los partidos mayoritarios no hay una oposición frontal a la instalación de la pastera, más allá de las críticas de algunos dirigentes opositores a que se otorguen beneficios tributarios a UPM y no a las empresas locales.
En cambio, de acuerdo a lo que consigna el diario La Diaria, sí se oponen a la instalación de la planta Unidad Popular (UP) y el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI). UP está manifestándose desde el año pasado en contra del proyecto, y el PERI difundió una carta abierta al presidente Tabaré Vázquez en la que le solicita una entrevista y denuncia el contrato entre el gobierno uruguayo y UPM por la «falta de equidad en el reparto de costos-ganancias-obligaciones y derechos que favorecen unilateralmente a la compañía finlandesa». El partido detalla puntos del contrato que a su entender perjudican a Uruguay, como las condiciones en materia de plazos que se imponen a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) o la obligación que se impone a UTE de comprar la energía excedente de la planta. Finalmente, sugiere que sea el Estado uruguayo el que construya la planta, y presenta algunos cálculos para mostrar que esta opción es viable y menos costosa para el país.
La objeción del Directorio del Partido Nacional
Por su parte, el Directorio del Partido Nacional publicó a su vez que considera conveniente expresar sus reparos a la actuación del gobierno en dicho acuerdo. No parece necesario entrar en detalle de las objeciones al contrato puesto que ellas ya son conocidas y figuran en las intervenciones de los senadores de nuestro Partido en la sesión del Senado de noviembre de 2017.
Es de discutida legalidad que los firmantes del acuerdo estén autorizados a hacerlo en nombre de la República Oriental del Uruguay, pero es mucho más claro que, en la evaluación de costos y beneficios que supone toda negociación, el gobierno entrega bienes superiores de autonomía y respeto soberano a cambio de una instalación industrial y la creación de probable número de puestos de trabajo. Actuando solo, sin consultar al Parlamento, este gobierno se dispone a asumir compromisos económicos y legales enormes, dudosos y por muchos años. Resulta frustrante y negativo para los emprendedores económicos ya instalados la constatación, implícita en este contrato, que el gobierno parte del supuesto que las condiciones generales para la inversión que ofrece el Uruguay de hoy no son aptas para generar trabajo y progreso si no se cuenta con un régimen especial y excepcional al tenor del que exhibe el contrato que se está dispuesto a firmar con UPM. Al señalar sus reparos al comportamiento gubernamental en el mencionado contrato este Directorio tiene presentes a dos sectores de la economía nacional .el sector de los lácteos y el del arroz- en los cuales el aporte moderno y tecnificado de muchos inversores a lo largo de los años ha significado para el país más puestos de trabajo y una mayor generación de riqueza, más sostenida y mejor distribuida, de lo que promete el acuerdo que hoy se apresta a firmar el gobierno.
La inversión -sea nacional o extranjera- es indispensable para el progreso económico del país. Eso no se discute. Lo que el Directorio del Partido Nacional censura es la actuación del gobierno en la tramitación del mencionado acuerdo y las condiciones aceptadas.
Movimiento UPM 2 No
Pero la oposición más importante a la pastera proviene de algunos movimientos sociales. Hace dos meses se creó el grupo «UPM 2 No» en Facebook, que tiene 3.500 miembros y en el que participan otros movimientos constituidos previamente, como el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus). Raúl Viñas, de Movus, dijo a La Diaria que la organización que integra se dedica principalmente a hacer informes técnicos y económicos del impacto que tendrá la pastera. Por ejemplo, Viñas escribió el miércoles en su Twitter que UPM tuvo una ganancia de 689 millones de euros en lo que va de 2018, y que al menos 180 millones fueron gracias a su planta en Fray Bentos. «No pagar impuestos es negocio», concluyó. En la página de «UPM 2 No» se señala que el objetivo es «alentar la creación de un vasto movimiento ciudadano que impida la instalación de una segunda planta de UPM». «Quitará fuentes de trabajo, aumentará nuestra deuda externa, incrementará el porcentaje de tierra erosionada, agregará contaminación al Río Negro, inundará San Gregorio de Polanco, expulsará más gente del campo, expropiará centenares de predios, partirá ciudades al medio con su ferrocarril, modificará la legislación laboral de todo el país y alterará nuestros planes de estudio», enumeran las organizaciones. «UPM en el Río Negro será una zona franca donde no se pagarán los impuestos que deben pagar los emprendimientos uruguayos, obtendrá energía a un precio menor que el pagado por el resto del país, recibirá un sobreprecio por la energía que produzca y le entregaremos millones de litros de agua al día gratuitamente», agregan.
En «UPM 2 No» participa, además de Movus y otros movimientos sociales, el grupo ecofeminista Dafnia, que promueve tanto las reivindicaciones feministas como la sustentabilidad ambiental esencial para la vida, explicó a La Diaria una de sus integrantes, Ana Filippini. «Creemos que UPM va a ser un desastre nacional, y creemos que el agua es fundamental para la sobrevivencia del país y una de las cosas que se va a ver más afectada», añadió. La principal acción de este movimiento actualmente es la recolección de firmas para una petición contra el contrato firmado con UPM, que se entregarán al presidente Vázquez el 24 de agosto en la Torre Ejecutiva. A la petición y también al grupo se sumó Un Solo Uruguay (USU), y así lo ratificó el sábado en su asamblea general en Durazno. «Todos los uruguayos quieren el mismo trato que tiene UPM y las empresas que están en zona franca», dijo a este medio Marcelo Nogué, integrante de USU. En el petitorio se sostiene que UPM «aumentará el endeudamiento público» y que las exoneraciones que se otorgan a la pastera generan «una grave inequidad» en relación al resto de los productores y trabajadores del país, entre otros cuestionamientos. Por otra parte, hay movimientos sociales que no participan en «UPM 2 No» pero que también se oponen y han hecho movilizaciones contra la instalación de la segunda planta, como la Asamblea Nacional Permanente en Defensa de la Tierra, el Agua y los Bienes Naturales.
El movimiento «UPM 2 NO» le pide a la Justicia que establezca la responsabilidad de la empresa y el gobierno por los daños que pueda provocar a las personas.
El abogado Hoenir Sarthou, representante legal del movimiento social «UPM 2 NO» dijo a Subrayado que presentaron ante la Justicia una demanda para que la empresa y el Poder Ejecutivo indemnicen a las personas que se sientan perjudicadas por la instalación de la nueva fábrica de pasta de celulosa. «Es una acción judicial contra UPM y contra el Poder Ejecutivo reclamando que se los condene a indemnizar los daños que vayan a causar a la sociedad uruguaya», explicó Sarthou, en referencia a eventuales perjuicios. El abogado aseguró que la Justicia puede declarar a UPM y al Poder Ejecutivo responsables por esos posibles daños, lo que abriría la puerta a reclamos puntuales de quienes se sientan afectados por la planta que se instalará en Durazno, cerca de pueblo Centenario, sobre el Río Negro. Sarthou también adelantó que el grupo analiza la posibilidad de proponer una reforma de la Constitución que impida a los gobiernos firmar acuerdos como el celebrado con la empresa finlandesa. «No es posible que el Poder Ejecutivo haga lo que quiera con el país en un acuerdo secreto con una empresa», apuntó Sarthou. Según el abogado, el 15 de agosto habrá una primera audiencia de conciliación, donde se espera que sean citados representantes del gobierno y de UPM.
Así las cosas, puestas las cartas sobre la mesa en estas dos ediciones de La Colonia, parecen estar claros los beneficios de la mano de obra, de recuperar el tren y otros aspectos económicos, pero también los perjuicios que ocasiona una nueva pastera, con los problemas ambientales, de suelo, y de ciertas renuncias soberanas, el tiempo dirá, si esto realmente es pan para hoy y hambre para mañana…
Juan Prandi
Diario Digital LA COLONIA - Colonia - URUGUAY - 10 agosto 2019