Llevan miles de firmas al Parlamento por el contrato firmado con UPM
Movimiento ciudadano pedirá que se “enjuicie” políticamente a los jerarcas del gobierno que firmaron un acuerdo “inconstitucional”.
Luego de seis meses de espera, la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados recibirá este miércoles a una delegación del Movimiento UPM2 No. Será para considerar la denuncia que este colectivo presento a nivel legislativo acerca de la actuación “inconstitucional” del gobierno en torno al “contrato” firmado con la multinacional para la eventual instalación de una pastera en Uruguay.
Allí los denunciantes elevarán los fundamentos de esta denuncia, ofrecerán información complementaria y pedirán, en ese marco, la aplicación del artículo 93 de la Constitución.
Allí se establece que le compete a la Cámara de Representantes “el derecho exclusivo de acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros de ambas Cámaras, al Presidente y el Vicepresidente de la República, a los Ministros de Estado, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, por violación de la Constitución u otros delitos graves, después de haber conocido sobre ellos a petición de parte o de algunos de sus miembros y declarado haber lugar a la formación de causa”.
En concreto, se pide que el Parlamento “enjuicie” al Poder Ejecutivo por violar la Constitución al haber suscrito un acuerdo “irreconciliable” con la normativa vigente.
Se considera que ese acuerdo constituye un “desborde de potestades de parte del Ejecutivo y le asigna a UPM un indebido papel de privilegio y dominio del que no existen antecedentes en la vida nacional”.
En la mira están los tres jerarcas que negociaron y firmaron el contrato: el secretario de la Presidencia, Miguel Toma, el prosecretario, Juan Andrés Roballo, y el director de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García.
La denuncia será respaldada por “miles” de firmas de ciudadanos, según dijo a ECOS el abogado Hoenir Sarthou, uno de los integrantes de la delegación, que será completada con Daniel Panario, Marcelo Marchese, Alma Bolón, Humberto Tartaglia y Edgardo Gutiérrez Lavie.
Sarthou señaló que el centro del planteo es que el Parlamento está omiso con respecto a la situación. “Más que argumentar, vamos a ir a escuchar qué es lo que van a hacer”, sostuvo.
El Movimiento Ciudadano UPM2 NO y otros colectivos que se oponen a los términos acordados entre el gobierno y la multinacional para la instalación de una segunda pastera en Uruguay se aprestan, por otra parte, a presentar una demanda civil contra el Poder Ejecutivo y contra la propia empresa.
La intención es que la Justicia los haga responsables por los “daños futuros” que, a entender de los demandantes, ocasionará el “contrato” firmado a fines de 2017 y en el que el Estado asume el compromiso de cumplir determinadas condiciones para que la firma concrete la inversión.
Además de basarse en la violación a la Constitución que implican los términos asumidos por el gobierno, esta demanda alega los perjuicios medioambientales y económicos que derivarán de su cumplimiento, entre otros aspectos.