“Si no se otorga la Zona Franca, el negocio de UPM no es rentable”
El director de la OPP, Alvaro García, defendió en CIERRE 850 el acuerdo que firmó el Uruguay con UPM y destacó que “todas las actuaciones están respaldadas por la Constitución y la ley”.
Señaló que el proyecto dejará U$S 668 millones netos al Estado y que el peaje que cobrará el ferrocarril es 4 veces mayor al que se paga en Europa.
“Fue el Poder Ejecutivo que nos mandató al Secretario y Prosecretario de Presidencia, y a mí, para firmar el acuerdo con UPM y para una enmienda a ese acuerdo, cada cual refrendada con sus resoluciones. Si no hubiera sido así, el acuerdo no sería válido”, señaló García.
“A solicitud del Parlamento, se publicaron varios informes sobre el acuerdo con UPM; allí se explica cómo se aplicó el marco normativo vigente. Establecer un contrato con una empresa está en el decreto reglamentario de la ley de inversiones, promulgado en 2008. Usamos las herramientas disponibles en el marco legal”.
“Es de interés del país desarrollar la zona centro y noreste, y esta inversión dará un impulso de gran magnitud», agregó.
“Además, la celulosa tiene un futuro más allá del papel de impresión: se consume en usos domésticos y –a futuro- se la está investigando como sustituto del plástico”, enfatiza García.
“Si no hay un otorgamiento de la Zona Franca –exclusivamente a la planta- la actividad no es rentable. Además, hay que ser práctico: otros países ofrecen tanto o más a proyectos de este tipo. Entonces, se pueden discutir las herramientas, pero el objetivo es apuntalar el desarrollo industrial. Porque la alternativa es exportar troncos. Tener la industria genera un fuerte impacto directo y –especialmente- indirecto en el empleo”, afirma García.
“Hicimos un estudio en OPP en base a lo que ya sucede, porque el impacto de instalar una planta de celulosa ya lo conocemos en Fray Bentos”.
“Hubo un error en la definición del canon por el uso de la vía. El número estaba bien en números, pero mal en la letra. Y no hubo ningún problema porque somos honestos y transparentes: negociamos 0,5 y es 0,5. No nos vamos a aprovechar de una distracción de la otra parte. Lo que es inadmisible es que se diga que Uruguay perdió dinero con esto…”, enfatizó García.
El director de OPP comparó la recaudación prevista por el peaje por el uso del tren, con lo recaudado por el peaje de las carreteras. “Por el tren se pagarán U$S 7 millones por el transporte de 2,5 millones de toneladas; mientras en los peajes de rutas se recaudan U$S 60 millones, por el transporte de unas 30 millones de toneladas anuales”.
También comparó con los peajes ferroviarios en otros países. “En Uruguay será 0,5 U$S/km/ton bruta, cuatro veces más de lo que se cobra en varios países de Europa”, dice García.
“Haberlo hecho como PPP hace que todo el riesgo de sobrecosto y demoras lo asume el privado. En el caso del establecimiento penitenciario (Punta Rieles) hasta que no estuvo pronto no se cobró el canon”, remarca García.
“Es falso que el Ferrocarril Central sea solo para UPM. Ni mi imagino, además, cómo podría ser eso. Estoy seguro de que el nuevo ferrocarril generará negocios nuevos y cambiará la lógica de otros ya existentes. La conectividad con el puerto de Montevideo hoy es bastante lamentable y el proyecto la mejorará sustancialmente”, agregó García.
“Según nuestras proyecciones, en un escenario base, el proyecto de UPM deja unos U$S 668 millones de valor actual neto, con una tasa de retorno de 12%, neto para el Estado”, dijo el director de OPP citando el documento publicado en Presidencia.
Respecto al tema laboral del acuerdo, García se mostró parco, aunque dijo: “tenemos un… preacuerdo, de algún documento… siempre hay algún planteo de mejora…. Hace 3 años que trabajamos. Estamos llegando al final del proceso y soy optimista con el tema laboral”.
“El Estado uruguayo va a respetar su historia reciente en el tema y vamos a cumplir con el acuerdo. Creo que llegaremos a buen puerto en este tema. Una de las ventajas que tenemos es que la empresa conoce al país”, remarcó García. “Cualquier regla que haya en Uruguay, es válida para todas las empresas”, agregó. “Veremos que surge”.
Respecto al Anexo 3 del acuerdo, que plantea un régimen de compensaciones por posibles incumplimientos de ambas partes, el director de OPP dijo que “el Estado uruguayo es el principal interesado en firmar eso, porque queremos que la planta se haga. Queremos tener la certeza. Hay un principio de acuerdo, hay que mirarlo bien y hay detalles de última hora”.
En otro orden, García también aludió a las polémicas con los intendentes por las obras. “Todas las obras son con gobierno y municipios, e hicimos una campaña para celebrar juntos, mostrando una herramienta poderosísima, el acuerdo presupuestal, que da certeza a todos de la ejecución de las obras”, señaló.
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