El Estado y UPM reciben al menos 15 demandas por “daños y perjuicios"

Son por parte de propietarios de viviendas linderas al ferrocarril que, aseguran, se verán , afectadas y desvalorizadas por la obra.

Este viernes, delegados del Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y otros organismos internacionales llegarán a Montevideo para firmar el acuerdo por la financiación de las obras del Ferrocarril Central.

Casi en forma simultánea, se estará llevando la primera audiencia de conciliación en marco de una larga cadena de demandas civiles que, en los próximos días, se presentarán tanto contra el Estado como la empresa UPM.

Se trata de denuncias individuales elevadas por vecinos, cuyas viviendas están sobre la vía y que se consideran afectados por la obra, ante los “daños y perjuicios” que el proyecto, entienden, tendrá sobre el valor de sus propiedades.

Así lo explicó a ECOS Eduardo Lust, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de la República y patrocinante de los vecinos demandantes, que se cuentan, afirman, entre los 10 mil ciudadanos cuyas casas se verán afectadas por el ferrocarril pero que no están contadas entre los 525 padrones que serán expropiados , en forma parcial o total, por el Estado.

La demanda fue presentada por una mujer domiciliada en la calle India Muerta, en Montevideo, cuya vivienda se ubica a escasos metros de la vía que utilizará UPM. Alega que su propiedad, tasada previamente en US$ 140 mil, perdió valor por efecto de la obra y ahora es “invendible”.

Reclama US$ 200 mil por daños y perjuicios morales y materiales. La audiencia de conciliación por este caso fue fijada para el viernes 30 de mayo.

Según Lust, otras tres demandas serán presentadas la semana que viene, correspondientes a otras tantas propiedades en Montevideo. Días después, se sumarán unas diez denuncias más, por parte de vecinos de Durazno y de Florida.

En paralelo y tal como lo adelantó ECOS, el Movimiento UPM No prepara una demanda civil genérica, tanto contra el Estado como contra UPM, ante los “daños futuros” que el contrato firmado con la pastera ocasionaría a nivel jurídico,ambiental, económico y cultural

Los ciudadanos que se oponen al proyecto también manejan otras alternativas para, por lo menos, exponer los impactos negativos de la obra.

Amparados en el artículo 305 de la Constitución, vigente desde 1918, comenzaron a hacer uso de un recurso que, hasta el momento, nunca se había utilizado en la historia del Uruguay.

Se trata de que el 15% de los habitantes de determinada ciudad, localidad o centro poblado, que en este caso se considere afectado por el ferrocarril, presente una iniciativa ante el gobierno de su departamento para que el tema se considere en la junta respectiva.

Si así sucede, el deliberativo podría convertirlo en un decreto con fuerza de ley con vigencia en el departamento en cuestión, y eventualmente frenar el pasaje del ferrocarril por el o los pueblos reclamantes, u obligar a modificar su trayecto.

A los efectos, ya se están recolectando firmas en Florida, Durazno, Sarandí Grande, 25 de Mayo y el Municipio C de Montevideo. Este sabado se comenzará además en Progreso y en Las Piedras.

El planteo específico dice que el Ferrocarril Central no podrá pasar por las zonas urbanas de esas localidades.

Lust explicó que eventuales contenciosos deberán resolverse en la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Un día nefasto

El que se manifestó este jueves ante el avance del acuerdo entre el Estado y UPM fue el Movimiento Un Solo Uruguay (USU).

“Compromete a todos los uruguayos a gastos e inversiones extraordinarias en beneficio de un sola empresa”, sostuvo el colectivo en una conferencia de prensa convocada especialmente para exponer su postura.

El compromiso, remarcaron, deberá ser asumido por los próximos siete períodos de gobierno, y genera desde ahora un cúmulo de dudas debido a la “confidencialidad” acordada entre las partes. “Se pueden estar negociando muchas otras cosas en secreto y a espaldas de la sociedad”, señalaron.

Para USU, lo que se conoce deja a las claras de todas formas lo inconveniente para el país de lo acordado.

En primer lugar, que el Estado deba asumir la garantía de los US$ 500 millones que recibirá el concesionario de las obras del tren. Una obra a la que Uruguay se compromete a pagar a lo largo de los siguientes 18 años, a un monto total calculado en US$ 2670 millones.

Si bien la versión oficial indica que la vía estará disponible para transportar otro tipo de mercaderías o pasajeros, USU se preguntó “si alguien se imagina que el gobierno va permitir que algún funcionario de AFE maneje por allí una locomotora, con el riesgo de generar un conflicto o la interrupción del transporte de celulosa”.

El movimiento reparó también los US$ 20 millones que el Estado deberá invertir en las expropiaciones de padrones para la realización de la obra, y los US$ 1450 millones que deberá asumir por la compra de los excedentes de energía que generaría la futura planta de UPM, a lo cual se obligó por contrato.

Un excedente que, como mucho, se podría vender a US$ 600 millones.

“De regalo”, apuntó USU, el país también deberá construir para UPM infraestructura vial por US$ 180 millones, y mantenerla por 30 años. Sin contar, afirman, con la elevación de la cota del lago de Rincón del Bonete.

“Mientras negamos competitividad a los sectores productivos e industriales nacionales, artificialmente a través de exoneraciones y subsidios se la brindamos a empresas extranjeras”, lamentaron.

El de este viernes, con la llegada de organismos internacionales, será un día que para USU “quedará en la memoria como el comienzo de la mayor entrega pública del patrimonio y la soberanía nacional”.

ECOS.LA  - URUGUAY - 16 mayo 2019