¿Sabotaje sindical a UPM?
Dr. Fulvio Gutiérrez
El contrato firmado con la empresa UPM para la construcción de su segunda planta en territorio uruguayo, establece una serie de obligaciones a cargo de nuestro gobierno en un tiempo tan acotado para su envergadura, que no creemos que las pueda cumplir. Como el costo de estas obligaciones está a cargo de Uruguay, el país corre el riesgo de que en el correr de este año, UPM resuelva no firmar el convenio definitivo y la planta de celulosa no se construya, pese a que se habría afrontado un enorme costo en obras de infraestructura, que sin la existencia de la planta, no se sabe para que servirán.
Entre las obligaciones que asumió Uruguay en un contrato plagado de inconstitucionalidades y harto lesivo de nuestra soberanía, UPM exigió que en el año 2019, se deben incorporar al Derecho uruguayo, nuevas normas laborales referidas a piquetes y ocupaciones sindicales. UPM no quiere que durante la construcción de la planta y su funcionamiento, se produzca ese caos de paros, huelgas y ocupaciones de lugares de trabajo que son moneda corriente en nuestro país, y que una legislación a veces permisiva y otras veces imprecisa o inexistente, consiente y tolera. Todo ello con la complacencia –y hasta el beneplácito ideológico- del gobierno.
El gobierno uruguayo aún no adecuó la legislación laboral a las exigencias de UPM. Es más; dudamos que lo pueda hacer, con lo cual dudamos también de que en definitiva la nueva planta se construya, lo que sería el más grande mazazo que pueda recibir el gobierno. En primer lugar porque jamás el Poder Ejecutivo debió asumir dicha obligación, que requiere la aprobación del Poder Legislativo, en el que no creemos que tenga apoyo para semejante modificación jurídica, más allá de que el partido de gobierno cuente teóricamente con mayoría parlamentaria. Es más, UPM rechazó hace pocos días la propuesta presentada por el gobierno uruguayo para la prevención de conflictos, por lo cual en este tema (¡casi nada!), se volvió a fojas cero. En segundo lugar, porque el Pit Cnt ya ha manifestado su oposición a semejante reforma laboral, sosteniendo su tajante oposición a cualquier tipo de reglamentación del derecho de huelga. Y en tercer lugar, por la irresponsable e ilegal actitud tomada por el sindicato del gas (pese a que el art. 4º. Literal d) del Decreto 165/006 del Poder Ejecutivo lo prohíbe), en el conflicto que mantiene con “Montevideo Gas”, la filial de Petrobras en Uruguay. Contra la legislación vigente y contra una sentencia del Poder Judicial que prohíbe por ilegal el “control sindical de una empresa”, el pasado 23 de abril dicho sindicato ocupó las instalaciones de “Montevideo Gas”, para concretar lo que se dio en llamar un “control sindical”. Luego de doce horas de ocupación el gobierno debió desalojarlos ejecutando una orden judicial en ese sentido.
Pero por si esto fuera poco, el sindicato de Ancap, en apoyo a las reclamaciones del sindicato del gas con respecto a “Motevideo Gas”, resolvió cortar el suministro de combustible a Petrobras a partir de mañana lunes, como medida de apoyo y solidaridad con los trabajadores de “Montevideo Gas” que iniciaron unan huelga de hambre la semana pasada. ¿Están todos locos! ¡Parece que quieren apagar el incendio que armaron tirando baldes de nafta!
Nos preguntamos: ¿los sindicalistas uruguayos creen que los directivos de UPM son estúpidos? ¿Creen que UPM no está vigilando atentamente los desaguisados que los sindicatos uruguayos hacen en el Uruguay, y la “blandura” de la actitud del gobierno uruguayo? ¿Acaso se puede pensar que una empresa multinacional como UPM va a invertir tiempo y dinero en un emprendimiento que tiene el riesgo de tener que soportar los abusos sindicales que pueden hacer inviable la inversión, porque no podrán calcular el tiempo que les puede llevar la construcción de la planta, y porque los dirigentes obreros pueden querer co-participar en el manejo de la empresa, y someterla al “control obrero”?
Dentro de este horrible panorama, está muy claro que la concreción de UPM está en serio peligro. Y no solo por los tremendos errores cometidos por el gobierno al aceptar cláusulas leoninas en el contrato de referencia (lo que ya es bastante), sino por el sabotaje sindical que se está concretando día a día, y la falta de resolución del gobierno uruguayo en cuanto a cumplir con absurdas obligaciones contractuales asumidas.