Chinos quieren invertir US$ 200 millones en un nuevo puerto
El lugar elegido es Punta de Sayago; los empresarios se reunieron con el ministro de Transporte y el director de Uruguay XXI
El puerto de Punta de Sayago fue el lugar elegido por el consorcio chino Shandong Baoma Fishery Group para construir una “base logística” para la “reparación, mantenimiento y suministro de recursos materiales” para las flotas que operan en la zona sur del océano Atlántico, que son foco de cuestionamientos por las condiciones en las que operan los trabajadores.
El presidente del consorcio, Jiang Hongjun, estuvo en Uruguay este fin de semana y el lunes se reunió con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, y el director ejecutivo de Uruguay XXI, Antonio Carámbula. En el encuentro, Hongjun les anunció las intenciones de la empresa de instalarse en Montevideo y realizar una inversión de más de US$ 200 millones, dijo Rossi a El Observador.
El interés de los chinos por tener un puerto en Uruguay surgió en octubre de 2016, durante la visita oficial que hizo el presidente Tabaré Vázquez por el país asiático, informó el semanario Brecha.
En primera instancia, la empresa pretendía instalarse en la zona de Punta Yeguas, pero en las últimas semanas abandonó esa idea y decidió redireccionar el proyecto hacia Punta de Sayago, dijo Carámbula.
El director de Uruguay XXI explicó a El Observador que las dificultades de radicarse en Punta Yeguas estaban en que el terreno estaba catalogado como “zona rural” por la Intendencia de Montevideo, por lo que debía ser “recategorizado”, algo que el Poder Ejecutivo no estaba dispuesto a hacer.
La “expresión de interés” por parte de los chinos debe realizarse antes del 30 de junio, día en que se vence el llamado de la Administración Nacional de Puertos para la construcción y explotación “en régimen de concesión” de obras marítimas, portuarias y terrestres en Puntas de Sayago.
Rossi dijo a El Observador que en el encuentro les manifestó que el gobierno se opone a que “operen como zona franca”, uno de los objetivos de los chinos y que había generado el rechazo de legisladores de la oposición. “Se les dijo que para operar tienen que cumplir con toda la normativa”, agregó Carámbula.
En caso de instalarse, el puerto se transformará en un enclave fundamental para los 600 buques que conforman la flota pesquera china y coreana que opera en la denominada “milla 201”, frente a la costa argentina y cerca de las islas Malvinas, en aguas internacionales. En esta zona, los principales productos son calamar y merluza.
Jiang Hongjun dijo en 2016 al diario La República que los pesqueros debían regresar a China cada dos años para ser “reparados por completo”, lo que era muy “costoso” y que por eso era “necesario” construir en un país de la región “un puerto que sirva de base de pesquería y que esté preparado para la reparación de los barcos, el congelamiento de productos de mar y su depósito”.
La empresa proyecta la construcción de dos muelles de 800 metros de largo y 60 metros de ancho que incluirá amarraderos para procesar más de 200 mil toneladas de productos, una planta de elaboración de productos acuáticos, una fábrica de manufacturación de hielo, un depósito de combustible, un campo de estiba de contenedores, un edificio de oficinas y un edificio de alojamiento y comedor de los empleados.
Denuncias
La instalación del puerto chino es rechazada por la ONG Oceanosanos, que señala que generará un aumento en las violaciones a los derechos humanos de los tripulantes.
En su último informe –al que accedió El Observador–, Oceanosanos denuncia que en los últimos dos meses tres pesqueros extranjeros descargaron tres tripulantes muertos en el Puerto de Montevideo. Se trata de las embarcaciones OuYa 17, Yun Mao 168 y Fu Chian, de las cuales las últimas dos son “reincidentes”. En el caso del pesquero chino OuYa 17, el tripulante murió por causas de un edema pulmonar agudo y la Embajada de Indonesia tuvo que intervenir para que el cuerpo fuera enviado con sus familiares a su país, denuncia la ONG.
El coordinador de la ONG, Milko Schvartzman, dijo a El Observador que en el puerto de Montevideo prácticamente “no existen controles ni inspecciones sobre las embarcaciones pesqueras extranjeras” que operan. Según datos de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, en 2018 se inspeccionó solamente al 10% de los buques, y no se revisó “ni un solo” pesquero chino. “Los incidentes con víctimas a bordo, los casos de narcotráfico, los incendios y las peleas grupales en barcos extranjeros de pesca son constantes. La propia cancillería de Uruguay denunció esclavitud, racismo y discriminación”, agrega.
El titular de la Dinara, Andrés Domingo, dijo meses atrás que hacen “inspecciones aleatorias a los barcos” y reconoció que se les puede escapar “alguno” por “omisión o error o porque declaró otra cosa”.
“Es potestad del Estado rechazar a aquellos barcos con prontuario de pesca ilegal, así como a los que no pueden justificar la procedencia de su captura, que significan un riesgo sanitario y de seguridad a la navegación o que utilizan mano de obra esclava”, sentencia el documento.