Gobierno sale a aclarar datos “insólitos” y “alucinantes” sobre UPM
Director de OPP elaboró el “top 10” del “montón de cosas que están mal”, respecto a las afirmaciones de los opositores al emprendimiento.
Luego de optar por mantener un prudente silencio ante los cuestionamientos que diversos colectivos vienen realizando al proyecto, el gobierno salió en las últimas horas a defender lo actuado en torno a las negociaciones con UPM para la eventual instalación de su segunda pastera en Uruguay.
El director de Descentralización e Inversión Pública de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Pedro Apezteguía, se encargó de elaborar una lista con el “top 10” del “montón de cosas que están mal” sobre lo que se afirma del emprendimiento.
Gran parte de los cuestionamientos pasan por las inversiones que deberá realizar el país para que la empresa decida instalarse. En ese marco Apezteguía rechazó que Uruguay se obligue a construirle la planta de celulosa a la firma.
“UPM va a construir la planta, no Uruguay”, remarcó.
También negó el contrato entre el gobierno y la multinacional fuera firmado por secretarios de Presidencia, que no tienen competencias para hacerlo.
“El Consejo de Ministros aprobó el contenido del contrato y designó al director de la OPP y al prosecretario de la Presidencia para que lo firmaran.
Así consta, dijo, en la resolución 1052/2017, fechada el 7 de noviembre de ese año.
Eso fue, remarcó, luego de un año y medio de negociaciones, en las que además de OPP participaron los ministerios de Medio Ambiente, Salud Pública, Transporte, Desarrollo Social y Economía.
“El contrato plantea que Uruguay promoverá el proyecto de inversión siempre que se cumplan las condiciones prescriptas por dicha legislación”, apuntó Apezteguía.
El jerarca negó por otra parte que el contrato fuera tratado en secreto.
Al respecto sostuvo que se confunden las causales de excepción a la información pública, que son el secreto, la confidencialidad y la reserva.
“El Poder Ejecutivo clasificó alguna información como confidencial y reservada, no secreta, de acuerdo a la ley 18.381, que lo permite en aquellos casos que dicha información pueda menoscabar la conducción de las negociaciones”, aclaró.
Apezteguía negó por otra parte que el contrato obligue al país a construir carreteras para circulen camiones de 48 toneladas y tritrenes.
“Actualmente existen carreteras habilitadas para este tipo de camiones”, aclaró, indicando que habrá una nueva configuración destinada a fortalecer la red vial para todos los emprendimientos productivos que utilicen este tipo de vehículos, no sólo UPM.
El director de Planificación de la OPP consideró totalmente erróneo que se diga que “hay que hacerle un puerto a la empresa, si ella lo pide”.
Según sostuvo, la Administración Nacional de Puertos licitará una terminal en Montevideo, por la cual cobrará el canon correspondiente.
“La empresa privada que gane la licitación hará a su costo y riesgo la nueva terminal”, expresó. “A la ANP le van a pagar por la terminal, no al revés”.
Apezteguía consideró un error de interpretación que se diga que Uruguay deberá modificar su Derecho, de acuerdo a lo que la empresa le pida, en cuanto a dictar nuevas leyes, decretos o convenios colectivos, de acuerdo a lo que se le exija. Lo que se irá a incorporar, dijo, son las normas resultantes de los acuerdos que se logren.
“No se trata de modificar el derecho uruguayo de acuerdo a lo que la empresa pida, sino sólo aquellas cosas en que haya acuerdo, en un marco de negociación tripartita, con participación de la empresa, los trabajadores y el Estado uruguayo”, aseguró.
También negó que el país deba asumir el compromiso de modificar los planes de estudio, violando así entre otras cosas la autonomía de la enseñanza..
“El compromiso es mejorar las capacidades, mediante el fortalecimiento de la Universidad Tecnológica y el desarrollo de un nueva carrera llamada ‘Tecnólogo en Control de Procesos’, para que los jóvenes puedan estudiar e insertarse en el mercado laboral”, sostuvo. El contrato, dijo, pone énfasis en la colaboración y en aprovechar los conocimientos que tiene la empresa.
Apezteguía señaló como "insólito" que se afirme que "habrá que darle a UPM tierras públicas y construirle ciudades o ampliar las existentes para que el personal y sus ejecutivos se puedan instalar en las localidades que determine la empresa”. Lo que hará Uruguay, expresó, es ceder en comodato, mientras dure la construcción de la planta, terrenos para que UPM construya 60 viviendas para los trabajadores.
“Una vez terminada la obra, esas 60 viviendas pasan gratuitamente y para siempre a las Intendencias y municipios para repartir entre pobladores de la zona”, aclaró.
Con respecto a uno de los puntos más resistidos, como es la remodelación del Ferrocarril Central entre Paso de los Toros y Montevideo, Apezteguía negó que por esa vía vayan a circular 780 trenes por día una vez que la planta esté en producción.
“Alucinante”, ironizó el jerarca. Según dijo, el contrato de inversión le establece a UPM acceso prioritario a la vía férrea para seis trenes diarios en ambos sentidos para celulosa y uno para productos químicos.
Es decir, 14 trenes por día.
Nunca llegó
Precisamente, el “tren de UPM” le acaba de abrir un nuevo frente al gobierno.
Algunos integrantes del colectivo Al Costado de la Vía, que afirman serán perjudicados por el trazado definido a nivel oficial, lograron este jueves un postergado encuentro con autoridades de la Intendencia de Montevideo.
Según dijo e ECOS una de las vecinas, Sonia Gómez, la delegación comunal, encabezada por el director de Planificación, Ramón Méndez, los sorprendió con su respuesta.
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) nunca les envió los resultados del estudio de impacto territorial que tendrá el pasaje del tren por la ciudad.
Es que la ley de Ordenamiento Territorial le asigna a los gobiernos departamentales competencias exclusivas para determinar su un proyecto es viable o no de acuerdo a los efectos que tenga sobre sus respectivas jurisdicciones.
Según Gómez, Méndez ratificó que la intendencia desconoce las conclusiones de ese informe, que entre otros aspectos analiza las consencuencias urbanísticas, de movilidad y estructurales del emprendimiento.
En la reunión las autoridades recordaron que la comuna se opuso al trazado de la vía definido por Transporte, y propuso uno alternativo que desembocaba en la zona de Puntas de Sayago. El gobierno rechazó la propuesta.
En ese marco Gómez, abogada de profesión, remarcó que el ministro Víctor Rossi “falta a la verdad” cuando afirma que solo falta el aval de la Dirección Nacional de Medio Ambiente para comenzar las obras.
Afirmó al respecto que deberá contar también con la autorización de la Intendencia de Montevideo. “A menos que se quiera desconocer toda la legislación vigente”, concluyó.