Negociación con UPM: asunto de estado
La renuncia de Andrés Masoller se convirtió en una luz amarilla imposible de soslayar.
Pablo Mieres
Se trata del retiro de una figura de muy bajo perfil, probablemente desconocida para el gran público, pero que, sin embargo, para todos los que estamos en la vida pública representa el paso al costado de alguien que tiene un bien ganado prestigio y que ha poseído particular incidencia en el equipo económico que ha conducido la economía nacional desde hace más de una década.
Por otra parte, el propio Masoller se encargó de mandar el mensaje al sistema político. Se retira por estar preocupado con el proceso de negociación que se viene realizando entre el gobierno y UPM para la instalación de una nueva planta de celulosa en nuestro país. Particularmente, deja la duda sobre la eventual situación fiscal de nuestra economía como resultado del eventual acuerdo.
Demasiado evidente para obviarlo. Existen diferencias relevantes entre los propios jerarcas del gobierno con respecto a la evolución de la negociación que culminaría en un determinado acuerdo con la empresa. Lo que está en juego es, nada más ni nada menos, que la mayor inversión en la historia del país, que ha sido avaluada en cinco mil millones de dólares, de los que el Estado debería invertir alrededor del veinte por ciento, es decir mil millones de dólares.
Deben agregarse dos elementos más que aumentan la preocupación. El primero refiere a declaraciones del Ministro de Economía, Danilo Astori, quien señaló hace un par de meses que había que estar atento a los detalles de la negociación para asegurar que los resultados sean positivos para el país. Llamó la atención este señalamiento por provenir del primer nivel de conducción del gobierno.
El segundo episodio se produjo a consecuencia de la renuncia de Masoller y exhibió aún más diferencias en la evaluación del proceso dentro del gobierno. El propio Astori indicó que el proceso de negociación aún se encontraba lejos de arribar a un acuerdo, mientras que el Director de OPP, Alvaro García, que es quien dirige las negociaciones desde el gobierno, al contrario, destacó que se había avanzado sustancialmente y que se encontraban cerca del acuerdo.
¿Cerca o lejos del acuerdo? ¿Beneficioso o riesgoso para el país? Demasiadas interrogantes generadas desde adentro mismo del gobierno como para "mirar para otro lado".
Hasta ahora, nuestro país transitó ya por dos acuerdos de instalación de anteriores plantas de celulosa. Con Botnia, convertida posteriormente en UPM, y con Montes del Plata. En ambos casos los resultados deben evaluarse como positivos, y si bien en el primer caso el Frente Amplio se había opuesto de manera muy radical a este emprendimiento, su oposición duró lo que tardó en asumir el gobierno. A partir de marzo de 2005 la política forestal y, particularmente, de instalación de plantas de procesamiento de celulosa se convirtió en una política de Estado.
Es por eso que, cuando se anunció el interés de UPM en instalar una nueva planta, la reacción del sistema político en general, fue positiva y facilitó el cauce para que el gobierno avanzara en las correspondientes negociaciones.
Todos sabemos de la necesidad de un proceso de negociación reservado. Es obvio que en el proceso de diálogo, en el "ida y vuelta" de los términos de un acuerdo, se necesita parsimonia y reserva para poder avanzar y para dar garantías a las partes. Por supuesto que esto no significa que el acuerdo sea oculto o secreto, todo lo contrario. El resultado del acuerdo, en todos sus términos, debe ser público y accesible a toda la población. Se trata, nada más ni nada menos, de un acuerdo que compromete, quizás más que ningún otro antes, una enorme proporción de dineros públicos por los próximos años.
Ahora bien. Esta negociación, ¿debe continuar avanzando en el ámbito limitado y exclusivo del equipo de gobierno? ¿Es aceptable que el resto del sistema político estemos totalmente ajenos a la evolución de la negociación? La respuesta es, rotundamente no.
Es imprescindible que los partidos que no estamos en el gobierno estemos informados debida y actualizadamente del proceso de negociación, a efectos de que este enorme tema con todas sus consecuencias continúe siendo, efectivamente, una política de Estado.
Por otra parte, esta decisión, en caso de adoptarla, compromete al país mucho más allá que el plazo del actual gobierno. Se trata de una inversión que habrá de extenderse en el tiempo por varios años, tanto en lo que hace a los compromisos de la empresa como, especialmente, a las contrapartidas que aceptaría el Estado uruguayo. Razón de más para incluir en este proceso a todo el sistema político.
Y, ciertamente, no es que tengamos desconfianza sobre el socio privado de este emprendimiento. Todo lo contrario, UPM ha sido un socio positivo para el país. La primera planta de celulosa, instalada en Fray Bentos, ha sido un muy buen ejemplo de tecnología de punta y de preocupación por el cuidado ambiental. UPM ha demostrado que su modelo de producción es exitoso y de primera línea a escala mundial.
Nuestro país no está negociando con una empresa fantasma, ni con un interlocutor poco confiable. Todo lo contrario, se trata de una empresa con la que el país ha avanzado exitosamente en el desarrollo y crecimiento. Por eso son improcedentes algunas comparaciones alarmistas que realizaron en estos días algunos legisladores de otros partidos de oposición.
Sin embargo, hay que extremar todos los esfuerzos para que esta nueva negociación con la empresa sea también exitosa. Porque lo que también es obvio, es que se trata de una negociación en la que cada parte defiende sus propios intereses y, si bien el objetivo debe ser alcanzar un resultado de mutua conveniencia, la eventual debilidad de una de las partes puede desembocar en un acuerdo desfavorable para nosotros.
Y, ciertamente, hoy son visibles dos elementos que no ayudan a un buen resultado.
Por un lado, se nota demasiado el apuro e interés desde Presidencia por acordar, lo que, como todo el mundo sabe, la visibilidad de un apuro por acordar no es la mejor postura para alcanzar un buen resultado.
Por otro lado, la exhibición de fisuras inocultables en el campo del gobierno aumenta la debilidad de la negociación.
Es, entonces, totalmente necesario que el gobierno incorpore en la conversación a todo el sistema político. Para ello, el gobierno debe superar ciertos reflejos que nacen del distanciamiento que ciertamente ha aumentado en la relación entre gobierno y oposición en estos últimos tiempos. La confianza en la capacidad de todos los partidos de actuar con responsabilidad en este proceso es clave para recuperar una imagen de fortaleza en la negociación que nuestro país necesita.
Es la hora de que el Presidente de la República asuma la responsabilidad de incluir al conjunto del sistema político, con la confianza de que habrá de parte de todos los partidos, una actitud de responsabilidad y lealtad en función de los superiores intereses del país.
Nuestra mejor historia prueba que ello es posible, pasando por encima de intereses menores y cálculos políticos. El Presidente tiene la palabra, confiamos que estará a la altura de esa responsabilidad.
Se nota demasiado el apuro e interés del PE en que se arribe a un acuerdo y eso es malo para una negociación.
Importancia de que se convierta en una cuestión de Estado.