Mortandad de abejas en el litoral fue con producto prohibido en el país desde 2009
El Fondo de Fomento de la Granja del MGAP apoyará a apicultores con $ 750 por colmena afectada con un repago a largo plazo y, en el caso de productores familiares, parte del monto no es retornable.
Este miércoles, en la sala Schwedt del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), se presentaron los resultados preliminares de la investigación por mortandad de abejas ocurrida un mes atrás en Salto y Paysandú.
La investigación arrojó información sorpresiva porque “no coincidía con las declaraciones que nos estaban aportando”, aseguró Federico Montes, director general de Servicios Agrícolas (DGSA). En primer lugar, se constató que el producto Clorpirifós, del cual sospechaban los productores apícolas porque es común su uso en la citricultura para combatir el trips -Caputto se encuentra muy próxima a las colmenas afectadas-, se encontraba sólo en una de las muestras encontradas y en una proporción sumamente inferior a la necesaria para afectar a los ejemplares; 20 veces menor para mortandad por contacto y 100 por consumo. Lo mismo sucedió con otros principios, como Dimetoato y Diazinon.
Sin embargo, se constató la presencia de Fipronil, producto que está prohibida su aplicación en agricultura desde el 2009, y sólo se usa en su condición granulada para combatir hormigas, pero no tiene la capacidad de afectar a las abejas.
“Nosotros no tenemos ninguna duda que fue lo que provocó la muerte de abejas”, dijo Montes, antes de eso insistió en que su importación, comercialización y utilización es ilegal en Uruguay; “de dónde vino, eso serán cosas que tendremos que averiguar”.
Seńaló que tanto Argentina, como Bolivia y Paraguay, en éste momento pasan dificultades importantes con langostas y el producto más utilizado para combatirlas es el Fipronil; “en esos países está permitido y es una posible puerta de entrada”.
Montes reflexionó que “se enmarca todo en un acto ilegal (…) la verdad que no sé con qué fines se puede hacer eso. Creo que más que nunca ante estos hechos hay que fortalecer los programas de producción”, porque se trata de un pequeńo país donde “deben coexistir los diferentes modelos productivos y tenemos que buscar las maneras”.
Como la residualidad del producto se estima entre 30 y 60 días, sobre todo en el suelo, la DGSA, al tener el primer paso de la investigación ya dado, ahora le resta “seguir las pistas en los alrededores para tratar de determinar el origen de este problema”, argumentó el director.
MEDIDAS DE APOYO
El Fondo de Fomento de la Granja, del MGAP, junto a la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola, elaboró una propuesta de apoyo para los 16 productores que se vieron damnificados en 1.800 colmenas, ya sea por ejemplares muertos o padecientes. El ministro interino, Enzo Benech, dio el visto bueno para que cada productor reciba $ 750 por colmena afectada.
El apoyo, que busca la recomposición de la unidad productiva y no satisfacer el lucro cesante, se asignó de manera diferencial por estrato de tamańo de productor. Para aquellos que son de carácter familiar y cuentan con menos de 500 colmenas, reciben el 80 % del monto total en carácter no retornable, mientras que el 20 % restante tienen la opción de financiarlo a través de República Microfinanzas con condiciones especiales. Bajo dicho sistema, el primer ańo de intereses corren por cuenta del Fondo de Fomento de la Granja y, posteriormente, el productor se debe hacer cargo de ellos. El segundo estrato de productores, de 501 a 1.000 colmenas, obtienen el 60 % no retornable y el 40 % con la opción de República Microfinanzas. El productor no familiar, más de 1.001 colmenas, tiene el cien por ciento del crédito en las mismas condiciones que el productor familiar.
Esto se trata de una medida de apoyo mediato, pero “esto no puede quedar acá, porque si no sería un parchecito”, reflexionó Zulma Gabard, directora general de la Granja (DIGEGRA).