Monsanto ganó juicio al Ministerio de Industria para patentar una variedad de maíz transgénico en Uruguay

La dirección de Propiedad Industrial había denegado la solicitud porque no cumplía con el requisito de la “actividad inventiva” pero el TCA anuló la decisión.La empresa estadounidense Monsanto –adquirida en 2018 por la alemana Bayer– le ganó un juicio al Ministerio de Industria y podrá patentar una variedad de maíz transgénico que el gobierno le había negado argumentando que no cumplía con el requisito de “actividad inventiva” necesario para estos casos.

La sentencia, emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), hizo lugar a la solicitud de la empresa de anular la resolución que había desestimado el registro.

“Ampárase la pretensión anulatoria con respecto a la denegatoria de las reivindicaciones y (...) declárase la nulidad del acto administrativo impugnado”, dice la sentencia del 22 de agosto a la que accedió El Observador.

La invención
Si bien la disputa se remonta a 2020, cuando la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (DNPI) le negó la autorización, el caso se arrastra desde el año 2010, fecha en que la empresa pidió registrar la patente de invención titulada "Evento de maíz transgénico Mon 87427 y la escala de desarrollo relativo”.

Esta variedad es resistente a determinados insectos y tolerante a herbicidas a base de glifosato, glufosinato de amonio y dicamba, de acuerdo con documentos públicos.

La sentencia señala que el expediente descansó en Industria hasta mayo de 2020 –post asunción de la coalición– cuando los técnicos del ministerio formularon las primeras observaciones y señalaron que la solicitud no cumplía con los “requisitos de patentabilidad” exigidos por la Ley de Patentes.

Tras otorgarle vista a la empresa y luego de varias idas y vueltas, la DNPI recomendó “desestimar la solicitud”. Los técnicos señalaron que el producto de Monsanto incumplía con los artículos 9 y 11 de la ley, los cuales detallan las características que debe cumplir una “invención”. 

“No se revela ningún efecto técnico especial adicional en la materia ‘maíz resistente al herbicida glifosato’, por lo que no cumpliría con el requisito de actividad inventiva”, dice uno de los documentos.

Los posición de los peritos
Tal como lo exige la normativa, la empresa impugnó la decisión por vía administrativa y en setiembre de 2021 presentó su demanda ante el TCA.

En su escrito, Monsanto señaló que hubo un “malentendido” y que “todas las moléculas reivindicadas corresponden a moléculas artificiales que no existen en la naturaleza, que son obra del accionar de los inventores de la presente solicitud ya que no podrían haber sido determinadas con anterioridad por un experto en la materia”.

A su vez, mencionó que le habían concedido “patentes equivalentes” en diversos países como Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Honduras, India, Indonesia, México, Perú, Filipinas, Rusia, Sudáfrica, Ucrania, Estados Unidos y Vietnam.

De acuerdo con su entender, los tres requisitos de patentabilidad son “independientes” y puede existir “novedad sin actividad inventiva”, por lo que consideraba que la solicitud fue denegada en base a “criterios erróneos”.

Como parte del proceso, el TCA otorgó vista a la Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo, Sandra Boragno, quien aconsejó la “anulación del acto impugnado”, es decir que consideró que Monsanto tenía razón en su reclamo.

La situación también fue estudiada por Sabina Vidal (profesora grado 4 de Biología Molecular Vegetal) como perito independiente, quien concluyó que siete de las ocho reivindicaciones cumplían con los “requisitos de patentabilidad” previstos en la ley.

A partir de estos dos informes, el Tribunal dio la razón a Monsanto señalando que carecían de “elementos de juicio técnicos para apartarse” de los dictámenes periciales, algo que –a su vez– se respaldaba en las “reglas de oro” en “materia pericial”. “Cuanto más técnica es la pericia mayores dificultades encuentran los órganos jurisdiccionales para apartarse de las conclusiones”, dice una de ellas.

Autorización comercial y uso
En paralelo a la disputa por el registro de la patente, la empresa obtuvo en 2020 la autorización para realizar ensayos a campo monitoreados por el Instituto Nacional de Semillas (Inase) y en 2021 el Gabinete Nacional de Bioseguridad –compuesto por seis ministerios– le otorgó el permiso para “producción y uso comercial para consumo directo”.

La autorización fue firmada por el MGAP, Ambiente, Industria, Economía y Relaciones Exteriores. Salud Pública, entonces al mando de Daniel Salinas, no firmó. La representante del MSP en la Comisión para la Gestión del Riesgo del Gabinete de Bioseguridad se había abstenido de tomar una postura debido a que el caso no contó con informe de evaluación del riesgo por parte de su cartera.

A su vez, los representantes de Ambiente sugirieron implementar “medidas de coexistencia adecuadas” con otros sistemas de producción que tuvieran restricciones para la presencia de material transgénico, algo que fue incorporado.

La utilización de productos transgénicos fue habilitada por primera vez en Uruguay en 1996 para una variedad de soja y en 2003 para otra de maíz. Desde entonces, los productos genéticamente modificados de estos dos alimentos han venido aumentando su participación en la producción hasta llegar a representar prácticamente la totalidad en la última cosecha de verano, según fuentes del sector.

De acuerdo con datos del MGAP, en 2023 la producción de maíz alcanzó las 187 mil hectáreas mientras que la de soja superó el millón. La previsión para 2024 es que el maíz baje hasta las 120 mil hectáreas y la soja aumente hasta ubicarse en 1,2 millones.

Diario EL OBSERVADOR -Montevideo - URUGUAY - 17 Octubre 2023