UN CAMBIO DE TENDENCIA
¿Cuáles son los impuestos “verdes” y otras políticas ambientales que aplica Uruguay?
Una economista especializada en el tema de la Dirección Nacional de Medio Ambiente repasó lo hecho por Uruguay y los planes a futuro.
Leyes aprobadas en el último tiempo como la que obliga a los comercios a cobrar por las bolsas plásticas o la que establece una tasa de Imesi para los envases, son ejemplo de “instrumentos verdes” aplicados en políticas públicas. En esta área Uruguay al igual que el mundo está intentando pasar “de la imposición al incentivo”, dijo Laura Piedrabuena, funcionaria de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y economista experta en el tema.
Como parte de las Jornadas Tributarias que organizó la Dirección General Impositiva (DGI) a principios de mes, Piedrabuena presentó un trabajo titulado “Instrumentos económico-ambientales: algunas experiencias recientes en Uruguay”.
Comenzó hablando de las distintas formas de categorizar estas acciones que realiza el Estado vinculadas a la preservación del medio ambiente, la prevención y la concientización.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) distingue entre instrumentos verdes económicos como impuestos, subsidios o permisos comerciales -“tienen una incidencia sobre los beneficios y por ende los costos y utilidades de las empresas”-; e instrumentos no económicos, vinculados a la regulación como permisos de contaminación, certificados, etiquetado, acuerdos voluntarios, políticas de información y de educación.
El Banco Mundial (BM) plantea categorizar estas herramientas “desde el punto de vista del resultado final”, generando tres planos distintos: “los instrumentos que quieren proveer señales a los agentes para generar un cambio de comportamiento, sea a través de precios o cantidades; los que pretenden generar información o asegurar la producción de la información necesaria y su difusión eficaz por ejemplo entre los consumidores; y los que imponen, a través de una regulación que marca un máximo estándar o norma”, repasó Piedrabuena.
En el caso de Uruguay, se destacan “las políticas normativas de regulación y existen menos ejemplos de aplicación de políticas para informar o incentivar”. Aunque la funcionaria de Dinama remarcó que “el camino actual es incrementar los instrumentos asociados a la información, participación ciudadana e incentivos en lo general”.
Apuntó que “hay una amplitud muy interesante de cosas que podemos hacer para cambiar el comportamiento de las personas” desde las políticas públicas, y los instrumentos “pueden ser cruzados, porque podemos generar políticas” involucrando distintas categorías.
Otros casos en los que se trabajó
La experta mencionó algunos “antecedentes que se han trabajado” de iniciativas verdes, si bien Uruguay “no cuenta con impuestos verdes, que estén así establecidos”.
Un caso es la tasa de saneamiento que cobra OSE, “un pago que penaliza a quien utiliza una mayor cantidad (de agua)”; otro es la política vinculada a bosques nativos que permite que “todo productor” que tenga un predio con estas características “lo registre y tenga la posibilidad de exonerar la contribución ambiental”; o la política de eficiencia energética del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y UTE que brindan “un subsidio para comprar un calefón” eficiente o lámparas LED.
Luego habló de “los instrumentos económicos indirectos” y explicó que son “políticas que no fueron generadas como un instrumento de política ambiental pero en sus resultados, para bien o para mal, producen un impacto ambiental”. Como la tasa de Imesi a los combustibles, cuyo “objetivo central no es penalizar o reducir el uso” de naftas, pero al subir el precio puede terminar ocasionando eso.
Un modelo por el contrario es “la política tributaria” de exoneraciones a los fertilizantes y plaguicidas, ideada en “una determinada época y para ciertas circunstancias, pero que hoy continúa presente y tiene un impacto negativo sobre el ambiente” al promover de forma indirecta su uso.
Piedrabuena también mencionó que el régimen de promoción de inversiones tiene exoneraciones para las empresas con “producción más limpia” a través de generación eólica o por biomasa, iluminación LED, reservorios de agua o vehículos utilitarios eléctricos. “Quienes más aprovecharon estas oportunidades” fueron las firmas industriales, no así las del agro, subrayó la economista.
Bolsas y envases.
La especialista analizó dos leyes recientemente aprobadas. Por un lado, desde julio se implementó la ley de bolsas plásticas, que fijo un valor de $ 4 para la venta en los comercios, así como también prohibió la importación, fabricación y comercialización de bolsas que no sean compostables o biodegradables.
“Es una ley que tiene un objetivo netamente ambiental que es prevenir y reducir el impacto medioambiental de la utilización de bolsas plásticas, estableciendo acciones para desestimular su uso, promover su reuso o reciclado”, dijo Piedrabuena. Agregó que el instrumento “trabaja a nivel de un precio mínimo, una forma de regular la comercialización de un producto”.
La otra ley es la de gestión integral de residuos, que contiene diversas reglas vinculadas a la disposición final de productos, pero cuya principal novedad es la aplicación de una tasa de Imesi para envases y envoltorios. Aún resta reglamentarse, pero la ley fijó límites en materia tributaria, como una tasa para los envases de entre 1 y 10 Unidades Indexadas (UI) por kilo.
La funcionaria de Dinama destacó que la norma también “incluye aspectos asociados a la formalización de la cadena de reciclaje y los clasificadores, el principio de responsabilidad extendida para importadores y productores, crea un fideicomiso para la gestión de la recaudación del Imesi, y se brindan “créditos fiscales a las empresas que hacen las cosas bien y lograr la retornabilidad”.
“La voluntad política para realizarlo es fundamental”
“Tiene que haber voluntad política para que el instrumento verde sea implementado, porque por más técnicos que digamos que es muy buena tal política y que es importante porque generará determinados impactos, si no es el momento político para realizarla no se implementará”, admitió la economista Laura Piedrabuena de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). También habló que desde el Estado estos temas deben tener un tratamiento “interdisciplinario” e “interinstitucional”.
Planes de la Dinama: revisar exoneración a los fertilizantes
Laura Piedrabuena de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) manifestó que en “la agenda para el corto plazo” está “trabajar a nivel de fertilizantes y plaguicidas”. Estos productos tienen beneficios tributarios que vienen de tiempo atrás, habiendo sido “creados en un momento donde la fertilización era un aspecto bien relevante y costoso, por eso el Estado incentivó a través de exoneraciones su compra y aplicación”.
La economista especializada en instrumentos verdes dijo que “es una política que debe ser revisada a nuestro entender”. Subrayó que las tendencias han cambiado y hoy día por ejemplo en Europa se aplica “una política de insectos” atendiendo que “son nuestros aliados para que los procesos biológicos empiecen a disminuir el uso de productos de síntesis química y trabajar en prácticas más amigables con el ambiente”.
Otro tema en agenda es “la conservación de la biodiversidad, que también está asociado al trabajo con los agentes de control biológico”, planteando Piedrabuena hacer foco “no solo en la conservación de áreas protegidas sino también con otro tipo de políticas”. Además, mencionó que “el país está trabajando” para tener “un sistema de cuentas nacionales aplicado al ambiente”, en base a una metodología internacional que establece un protocolo. “Esto es importante porque tenemos que poder medir el impacto cuando generamos una política, y para eso debemos generar un sistema de cuentas nacionales que recabe información del ambiente”, expresó.