Parque Público en Riesgo
Vecinos del Parque Roosevelt recurren a la Justicia para frenar campo de golf y tala de árboles
La Asociación Uruguaya de Golf proyecta una cancha de práctica en un predio de cuatro hectáreas, mientras una comisión vecinal alerta sobre la tala de más de 60 árboles y prepara acciones judiciales por la privatización de un área pública.La gestión del Parque Roosevelt se encuentra nuevamente en el centro de una controversia urbana.
El proyecto de construcción de un driving range o campo de práctica de golf por parte de la Asociación Uruguaya de Golf (AUG) ha despertado la alerta de una comisión de vecinos, quienes denuncian la posible tala de más de 60 árboles en la zona donde se ejecutará la obra. Este episodio reactiva una discusión histórica sobre el equilibrio entre la explotación comercial, la gestión estatal y la preservación de los espacios públicos en el área metropolitana de Canelones.
El conflicto se centra en un predio de 4,2 hectáreas ubicado en la zona 4 del parque, delimitado entre las avenidas Giannattasio y Racine. La Intendencia de Canelones otorgó en comodato este terreno a la AUG el pasado 9 de marzo de 2026, con una vigencia de 20 años. Este acuerdo, avalado por la Junta Departamental en julio de 2025, busca convertir un sector definido por las autoridades como un claro “degradado” en una infraestructura para la práctica de golf.
La preocupación vecinal tomó forma cuando residentes de la zona advirtieron que decenas de ejemplares arbóreos fueron marcados con puntos blancos, señal inequívoca de una inminente intervención forestal. “Estamos en el parque poniendo nuestros volantes y carteles donde están los árboles con puntos blancos que van a caer”, señaló Doris, integrante de la comisión vecinal, durante una reciente intervención pública. Según el relato de los vecinos, la detección de estas marcas fue casual, gracias a la observación de un ciudadano que recorría el predio, lo que ha generado una sensación de opacidad en el manejo de la información oficial.
Los golfistas defienden su proyecto
La Asociación Uruguaya de Golf respalda la iniciativa como un hito para el deporte nacional. El actual presidente de la asociación, el arquitecto Federico Armas, ha impulsado el proyecto bajo la premisa de democratizar el acceso a la disciplina.
Incluso, en mayo de 2026, el plan recibió un espaldarazo internacional con la visita de Mark Lawrie, director regional para Latinoamérica y el Caribe de The R&A, organismo que regula el golf a nivel mundial. La narrativa oficial sostiene que se tratará del “primer driving range público del país”, un argumento diseñado para mitigar las críticas sobre la naturaleza elitista de este deporte.
Sin embargo, los cuestionamientos de la comisión de vecinos van más allá de la tala de árboles. El colectivo advierte que la instalación de un campo de práctica implica una alteración profunda del ecosistema. “Porque ahí hay que no solo talar los árboles, sino también hay que plantar césped, modificar el suelo”, explicó Doris al ser consultada sobre las implicancias técnicas del proyecto.
La preocupación incluye el uso constante de fertilizantes, pesticidas y la necesidad de un sistema de riego permanente, elementos que, según sostienen, transforman un parque de libre acceso en una infraestructura gestionada con criterios de mantenimiento privado.
El aspecto económico también es un punto de fricción. El intendente de Canelones, Francisco Legnani, ha planteado la posibilidad de que el espacio sea utilizado por escolares, intentando dotar al proyecto de un carácter social. No obstante, los vecinos insisten en que el golf sigue siendo, en la práctica, una disciplina de acceso costoso por los implementos y la indumentaria necesaria. Esta brecha entre la retórica del proyecto “abierto a la comunidad” y la realidad económica del deporte es el eje central que motiva la desconfianza vecinal.
La situación ha escalado al ámbito legal
La comisión de vecinos, bajo el lema “Un Parque Roosevelt para todos”, ha anunciado que presentará acciones judiciales, incluyendo recursos de amparo y pedidos de “no innovar”. El objetivo es frenar la intervención en el predio hasta que exista mayor transparencia.
Según los integrantes del colectivo, estas acciones legales están dirigidas contra la Intendencia de Canelones, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y las empresas privadas vinculadas. Argumentan que el parque, por su carácter de espacio público nacional, no debería ser cedido para proyectos con fines de lucro que restrinjan el libre acceso.
La tensión se ve agravada por la falta de un plan detallado de obras. A pesar de que la concesión ya fue aprobada y los árboles están señalizados para su remoción, la AUG no había presentado, hasta el cierre de este análisis, los planos, el cronograma de ejecución ni el plan de manejo ambiental definitivo ante la Intendencia. Esta carencia informativa alimenta el escepticismo de quienes ven en este proyecto un patrón recurrente de cesión de terrenos públicos a entidades privadas, una lista que ya incluye a clubes deportivos, carpas de eventos y propuestas comerciales que han fracasado anteriormente debido a la presión ciudadana.
Mientras la Intendencia de Canelones desestima la politización de la tala y minimiza el impacto ambiental comparándolo con eventos climáticos naturales, los vecinos mantienen la vigilancia. El caso del Parque Roosevelt se ha convertido en un termómetro de la gobernanza territorial en la región. La disputa no es solo por unos metros cuadrados de césped, sino por la definición misma de qué constituye un parque público en el siglo XXI y bajo qué condiciones el Estado debe delegar la gestión de estos activos comunes a instituciones privadas.