HIF: el gobierno desactiva el choque con Argentina, pero siguen las causas y Cancillería informó mal a Orsi
La relocalización de la planta de combustibles sintéticos en Paysandú permitió encauzar el conflicto con el gobierno argentino y Entre Ríos, pero tres acciones judiciales continúan abiertas. Presidencia reconoció que Yamandú Orsi anunció erróneamente el retiro de una "denuncia penal" porque recibió información equivocada desde Cancillería, según informó diario El Observador.
El gobierno uruguayo logró desactivar el principal frente político y diplomático abierto con Argentina por el proyecto de HIF Global en Paysandú, luego de confirmar oficialmente que la planta será relocalizada. Sin embargo, las acciones judiciales promovidas del otro lado del río continúan y el episodio dejó además al descubierto un error de información dentro del propio Poder Ejecutivo que llevó al presidente Yamandú Orsi a anunciar públicamente que se había retirado una denuncia penal que, en realidad, sigue vigente.
Por instrucción de Orsi, el canciller Mario Lubetkin comunicó este miércoles formalmente a su par argentino, Pablo Quirno, que la planta de combustibles sintéticos será trasladada de su ubicación originalmente prevista frente a la ciudad entrerriana de Colón.
Aunque los detalles de la nueva localización estaban definidos desde hacía varias semanas y el gobierno argentino ya los conocía, la comunicación oficial buscó cerrar el conflicto diplomático generado alrededor de una inversión que, de concretarse, superaría los US$ 5.000 millones y sería una de las mayores de la historia de Uruguay.
La decisión fue recibida favorablemente por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, uno de los primeros dirigentes argentinos en cuestionar el emplazamiento original. "Acá primó el sentido común", afirmó Frigerio a El Observador.
El gobernador sostuvo que la solución permite compatibilizar la llegada de inversiones y la generación de empleo en Uruguay con la protección de las actividades económicas ya existentes en la costa argentina.
El conflicto había comenzado prácticamente junto con el gobierno de Orsi. El 27 de marzo de 2025, apenas tres semanas después de la asunción presidencial, Frigerio concurrió a Torre Ejecutiva para plantear formalmente su preocupación por el proyecto.
Entre Ríos y la Intendencia de Colón argumentaban que la ubicación de la planta sobre la margen uruguaya del río podía afectar fundamentalmente la actividad turística de la ciudad argentina por su impacto visual.
La tensión llegó a escalar hasta el punto de que Frigerio manejó públicamente la posibilidad de que Argentina recurriera a la Corte Internacional de Justicia de La Haya si Uruguay no contemplaba los reclamos.
Ese escenario parece ahora alejarse.
Frigerio destacó que Uruguay y Argentina son "dos países hermanos" y afirmó que recibió con "alegría" la confirmación de la relocalización. También reivindicó haber apostado al diálogo en lugar de la confrontación.
El canciller argentino, Pablo Quirno, agradeció a Orsi y Lubetkin la disposición del gobierno uruguayo y el "espíritu constructivo" con el que, según expresó, fue tratado el conflicto.
El frente judicial sigue abierto
Pero el entendimiento entre los gobiernos no significa que el conflicto haya terminado completamente.
Mientras Frigerio y el gobierno de Javier Milei buscan cerrar políticamente el diferendo, sectores de la oposición peronista de Entre Ríos mantienen las acciones judiciales contra el proyecto.
El diputado peronista Guillermo Michel informó que la Justicia Federal argentina dispuso la toma de muestras del río Uruguay para realizar pericias dentro de la acción preventiva por posible daño ambiental que presentó junto con otros dos dirigentes de su sector.
Michel defendió la continuidad del procedimiento judicial y cuestionó tanto a Frigerio como al intendente de Colón, José Luis Walser, por entender que no están defendiendo adecuadamente los intereses entrerrianos.
La situación deja así dos planos claramente diferenciados.
Por un lado, el conflicto político entre los gobiernos parece encaminado hacia una solución. La administración de Milei, la gobernación de Entre Ríos y la Intendencia de Colón consideran que el traslado de la planta responde al núcleo de sus objeciones.
Por otro, las actuaciones judiciales impulsadas en Argentina no desaparecieron. Según informó El Observador, existen tres acciones en curso vinculadas al proyecto.
El error que llegó hasta Orsi
En medio de las negociaciones se produjo además un episodio que generó polémica política en Uruguay.
El viernes pasado, durante una actividad en Guichón, Orsi anunció que Argentina había retirado una "denuncia penal" contra el proyecto.
El presidente presentó el supuesto retiro como una señal positiva en las relaciones bilaterales y como evidencia de que comenzaba a recuperarse la confianza entre ambos países.
Pero la información no era correcta. Al día siguiente, la fiscal federal argentina Josefina Minatta, promotora de una de las acciones judiciales, contradijo públicamente al mandatario uruguayo y aclaró que su causa continuaba abierta.
El episodio obligó a realizar contactos durante el fin de semana entre Lubetkin y Quirno para aclarar la situación y reducir la repercusión diplomática del error.
El lunes, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, admitió públicamente que había existido una "confusión" de Orsi.
Un día después, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, aportó un dato todavía más relevante: al presidente se le había transmitido que una demanda había sido levantada cuando lo que realmente había ocurrido era el retiro de otro tipo de reclamación.
Según fuentes de Presidencia y Cancillería consultadas por El Observador, la información equivocada salió del propio Ministerio de Relaciones Exteriores.
Desde Cancillería se comunicó erróneamente al mandatario que se había retirado una "denuncia penal". Lo que efectivamente había sido retirado era una acción presentada ante el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, en el ámbito de la Cepal.
La viceintendenta de Colón había solicitado allí en febrero una instancia de mediación o asistencia técnica para restablecer canales de confianza entre Uruguay, HIF Global y sectores de la ciudadanía argentina.
Esa solicitud fue retirada el 25 de agosto. No era, por tanto, la denuncia penal a la que posteriormente hizo referencia Orsi.
Lubetkin: la relocalización elimina la base de los reclamos
El canciller Mario Lubetkin sostuvo este miércoles que el traslado de la planta debería hacer desaparecer buena parte de los argumentos que sustentaban los cuestionamientos argentinos.
El ministro reconoció, sin embargo, que el gobierno uruguayo no sabe con precisión cuántas acciones fueron presentadas en Argentina contra el proyecto.
Lubetkin sostuvo que, si la relocalización se concreta, desaparecerán los cuestionamientos vinculados al impacto visual y ecológico que constituían la base principal de las reclamaciones.
La nueva ubicación prevista se encuentra unos siete kilómetros al norte del emplazamiento original, en un predio de Ancap en Nuevo Paysandú.
El gobierno considera que la alternativa ofrece además ventajas técnicas y logísticas para HIF y permitiría reducir algunas de las principales objeciones planteadas desde la margen argentina del río.
La decisión supone un cambio significativo respecto del diseño inicial, pero el Poder Ejecutivo insiste en que no altera la importancia estratégica de una inversión destinada a producir combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde.
La relocalización consiguió así lo que durante más de un año parecía difícil: acercar las posiciones de Montevideo, Buenos Aires y Entre Ríos y reducir el riesgo de que el conflicto escalara hasta convertirse en una nueva disputa bilateral.
Pero no cerró todos los frentes. Las acciones judiciales continúan en Argentina y la polémica dejó además una consecuencia interna para el gobierno uruguayo: la confirmación de que el presidente de la República hizo un anuncio equivocado sobre un asunto diplomáticamente sensible porque la información que recibió desde su propia Cancillería era incorrecta.