Uruguay apuesta por la silvicultura pese a la preocupación por la contaminación
El país pretende aumentar las zonas de cultivo forestal, en medio de persistentes dudas sobre su valor y preocupaciones por el agua y la biodiversidad.Viajar por el interior de Uruguay es encontrarse con un paisaje repetitivo de soja y eucaliptos. Donde acaban los bosques de una empresa empiezan los de otra.
Las líneas paralelas de eucaliptos forman oscuros corredores, donde los árboles crecen durante aproximadamente diez años antes de ser talados, pelados y cargados en enormes camiones para su procesamiento.
En 2023, más de 1,1 millones de hectáreas estaban dedicadas a monocultivos de eucalipto y pino, aproximadamente el 6% de la superficie de Uruguay. A medida que aumenta la preocupación por los daños medioambientales asociados a la industria de la celulosa y el papel de Uruguay, aparecen en el horizonte planes de expansión.
En 2024, la celulosa se convirtió por primera vez en el principal producto de exportación de Uruguay, superando la carne vacuna. Representó el 20% del total de las exportaciones anuales de Uruguay, generando unos ingresos de más de 2.500 millones de dólares. Sólo dos empresas dominan el mercado: la finlandesa UPM, con dos plantas, una en el departamento de Fray Bentos y otra en el de Durazno, y Montes del Plata, con sede en el departamento de Colonia, en el suroeste de Uruguay.
China fue el principal destino, recibiendo el 42% de las exportaciones uruguayas de celulosa. Dialogue Earth habló con Ignacio Bartesaghi, que dirige el Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay, quien afirma: “China es un socio clave en este y otros productos, pero especialmente en el caso de la celulosa, y el potencial para un mayor crecimiento de la producción de celulosa”.
En sus últimos planes de mitigación del cambio climático –presentados a la ONU en 2024 y que abarcan hasta 2035–, el gobierno de Uruguay declara su intención de aumentar la superficie de plantaciones forestales en un 20% de la superficie total registrada en 2020. También prevé mantener la misma superficie de “tierras de bosque nativo” registrada en 2012 (aunque existe una falta de acuerdo general sobre cómo definir este término).
La presidenta de la Sociedad de Productores Forestales de Uruguay, Lucía Basso, sostiene que “hay espacio para más” plantaciones de eucaliptos. Basso espera, al igual que el gobierno, que el país alcance los 1,8 millones de hectáreas forestadas en 2050.
La silvicultura, motor de la política
El sector forestal uruguayo se vio impulsado en 2005, cuando Uruguay cerró un acuerdo con UPM (entonces denominada Botnia) para la construcción de una planta de celulosa. Así nació la primera planta de celulosa en la costa del río Uruguay, situada en el departamento de Fray Bentos, en la frontera occidental del país con Argentina.
“El desarrollo de esta industria es el resultado de una acertada política estatal, la Ley Forestal”, explica Bartesaghi, “que junto con otra política sobre zonas francas y puertos francos ha permitido que fluyan hacia el sector inversiones por valor de varios miles de millones de dólares”.
La Ley Forestal de 1987 ha impulsado el sector de diversas maneras. Habilitó subvenciones y exenciones fiscales. Definió los suelos de prioridad forestal, que en general se trata de suelos poco productivos para fines agrícolas aunque sí permiten la ganadería de pastizal que caracteriza al país. Estableció la necesidad de un aval de la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para que un proyecto de plantación pueda seguir adelante; las nuevas plantaciones de entre 40 y 100 hectáreas deben registrarse ante el gobierno; y los proyectos de más de 100 hectáreas deben superar un proceso de autorización medioambiental antes de su establecimiento.
En junio de 2023 se inauguró la segunda planta de celulosa de UPM en Uruguay. Ubicada próxima a la ciudad de Paso de los Toros, la planta recibe 1.300 camiones de troncos e insumos químicos por día y puede producir 2,1 millones de toneladas de celulosa por año. Los troncos se trituran en lo que se denomina “chips”, luego se cuecen a presión y se someten a un lavado intenso. Para ello se utilizan 129 millones de litros de agua al día, que se devuelven al río Negro después de diez ciclos. Luego, la pulpa viaja a los puertos de Montevideo y Nueva Palmira en un tren de carga que comenzó a funcionar en 2024. Y sale del país.
Contaminación forestal
Incidentes recientes, como el vertido de ácido sulfúrico en la planta de UPM en Fray Bentos a mediados de marzo, están suscitando preocupación por el impacto medioambiental de la industria de la pasta y el papel de Uruguay. La planta de Paso de los Toros acumuló 11 sanciones durante su construcción y el Ministerio de Ambiente le impuso multas por cada una de ellas. A esto han seguido tres incidentes desde su inauguración, entre ellos vertidos de soda cáustica (investigados por el ministerio en setiembre de 2023) y celulosa en cursos de agua.
En 2017, Daniel Panario, investigador científico de la Universidad de la República, fue coautor de un informe en el que se analizaba el proyecto Paso de los Toros de UPM para Serpaj, una ONG de derechos humanos. Más allá de la contribución que estos proyectos de forestación pueden hacer a la captura de carbono, el informe pone de relieve sus efectos negativos. Por ejemplo, la demanda de agua de los eucaliptos, que no son autóctonos de Uruguay, puede generar desequilibrios hídricos en los suelos del país, lo que reduce la cantidad de agua que fluye a los acuíferos para alimentar los ciclos hídricos locales.
Según Panario, otro problema son las raíces de los eucaliptos, que se extienden horizontalmente y compiten por el espacio. Esto añade una barrera al movimiento de la materia orgánica a través del suelo, lo que acelera su acidificación.
Panario también señala que, más allá de los vertidos de la planta, el agua contaminada vertida desde Paso de los Toros contribuye a densas floraciones verdes de cianobacterias en el río Negro: la contaminación aumenta la disponibilidad de nutrientes en los cuerpos de agua, lo que está alterando los ecosistemas acuáticos. Esto ha provocado, por ejemplo, grandes depósitos de cianobacterias en las playas de Palmar, un destino turístico. “Tienes que cerrar la ventana, es difícil concentrarse. Vas a sentarte a estudiar y sientes el olor”, dice el veterinario Juan Aguirrezabala. Vive en Palmar desde hace siete años y ha colaborado en las autopsias de los animales encontrados tras beber del embalse.
Dialogue Earth se puso en contacto con UPM con relación al vertido de ácido de Fray Bentos. La empresa remitió estos asuntos a las autoridades medioambientales. El Ministerio de Ambiente comunicó a Dialogue Earth que UPM aún está dentro del plazo para responder a su solicitud de información sobre el último incidente. Dice que no se descartará una fuerte sanción si se detectan irregularidades.
En su sitio web, UPM comparte información sobre la sostenibilidad de su negocio. Afirma que el 40% de su tierra se destina a actividades ganaderas, conservación de recursos naturales e infraestructuras. Describe cómo su producción utiliza un sistema de economía circular, con un control constante del agua y medidas para minimizar el impacto medioambiental.
Consecuencias comunitarias
Edgardo Gutiérrez Lavié, concejal del Partido Nacional en Paso de los Toros, sostiene que los residuos que quedan en la ciudad son importantes. Dice que puede ver la planta al otro lado del río desde la puerta de su casa, pero también puede sentirla: hay un “olor a humedad” en el aire y “un zumbido constante” procedente de las chimeneas.
“Hay problemas respiratorios, de vista, de secreción nasal”, añade. “Hay muchas cosas que contaminan, porque lo que sale de esa chimenea no es sólo humo [ordinario]. Tiene muchas toxinas”.
En los informes presentados a la comisión de seguimiento, UPM afirmó que “no se han observado contingencias medioambientales significativas asociadas a la matriz aérea”. UPM también dijo que no había recibido muchas quejas. No obstante, la empresa reconoce que “se han producido superaciones de los límites diarios establecidos [de vertido químico] y una frecuente aparición de venteos de gases olorosos diluidos, especialmente durante los primeros meses de funcionamiento”.
Mientras tanto, los manifestantes en las reuniones de la alcaldía han estado exigiendo viviendas para las 12 familias del asentamiento de La Balanza. Afirman que estas familias fueron excluidas de la entrega por parte de UPM de 60 viviendas al Estado en 2023, que incluía viviendas reutilizadas que habían sido usadas anteriormente por los trabajadores que construyeron la planta.
Uno de estos peticionarios es Lucas Correa, de 84 años, que también lamenta la falta de puestos de trabajo creados por UPM. “Muchas personas que estaban en el asentamiento con nosotros venían de otros lugares en busca de trabajo a través de UPM, pero hoy en día los puestos de trabajo aquí los proporciona el municipio, y muchas personas heredan los puestos de trabajo de sus padres. Y los demás vivimos al día o nos vamos a otro sitio a trabajar. La cosa está difícil”, dice.
La demanda de viviendas y puestos de trabajo en Paso de los Toros contrasta con lo que ocurre en la ciudad de Durazno, unos 60 kilómetros al sur. En Durazno viven muchos de los que se desplazan a diario para trabajar en la planta de Paso de los Toros, y el mercado inmobiliario es fuerte allí.
El intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, destaca la instalación de un nuevo vivero de UPM y la llegada de 15 empresas de transporte. Entre todas generan unos 600 puestos de trabajo vinculados a la fábrica. Añade que viene defendiendo que la red de trenes de UPM se habilite también para otras mercancías, y para pasajeros. Vidalín admite, sin embargo, que “los resultados en general han sido negativos en términos de contaminación”. Afirma que siempre ha recibido buenas respuestas de UPM y de las autoridades nacionales durante los incidentes de contaminación.
Henry Rosano vive a 200 metros de las vías del tren en Durazno. Fue maquinista durante la construcción de la planta de Paso de los Toros y se dedicó a UPM; aún aprovecha las oportunidades laborales que ofrece la planta. Sin embargo, Rosano habla con cautela. Cree que UPM “dio mucho trabajo a la gente”, pero afirma que el principal beneficio –la planta de celulosa– no favorece a los uruguayos.
Rosano propone hacer balances dentro de 40 o 50 años para saber “si ha valido la pena o no”. Y concluye: “Eso lo sabrán los que vengan después de nosotros”. Claro que, si el ambiente ha sido dañado, saberlo dentro de medio siglo será entonces demasiado tarde.