Naviera NSAL cierra sucursal en Uruguay en medio del juicio entre sus accionistas
El conflicto entre los accionistas de una de las principales navieras que opera en Uruguay, Navios South American Logistics (NSAL), se profundizó después que el grupo mayoritario cambiara de abogados y anunciara que había cerrado su sucursal en Montevideo. La acción, que busca fortalecer su posición acerca que los litigios no deben procesarse en Uruguay, provocó la respuesta de la contraparte que la acusa de dar un “manotazo de ahogados” para evitar a la Justicia local.
Según artículo del colega Guillermo Draper para semanario Búsqueda, en una resolución adoptada el 28 de abril, el juez Darwin Rampoldi había dado la razón al planteo de la empresa Peers Business Inc. -a través de la cual los hermanos Claudio y Carlos López y los sucesores de su hermano Horacio poseen el 36,2% de NSAL- de designar un veedor en la compañía. Esa persona deberá obtener información "sin que intervenga en la actividad de administración ni representación de la sociedad NSAL (matriz o sucursal) pudiendo acceder a información contable relativa a ingresos y egresos, así como información financiera".
La controversia entre los accionistas de NSAL, su sucursal en Uruguay y Corporación Navíos S.A. involucra un préstamo por cerca de US$ 160 millones tomado por la compañía con una empresa relacionada con la accionista mayoritaria, la griega Angeliki Frangou, y contratos presuntamente inflados, de acuerdo con documentos presentados en juzgados uruguayos, en islas Marshall y en Estados Unidos. Los accionistas minoritarios quieren documentación con el objetivo de preparar una demanda, informó Búsqueda en junio.
El primer informe del veedor dice que el representante de la empresa en Uruguay prometió el 24 de junio dar información, pero para el 3 de julio, fecha de cierre del documento, no había enviado nada.
NSAL cambió de representante y estrategia. En un escrito presentado el 22 de julio, el nuevo abogado, Ricardo Olivera García, informó en el juzgado que la sociedad madre había resuelto en febrero de este año disolver, liquidar y clausurar su sucursal local, Navios South American Logistics Inc. Sucursal Uruguay. El cierre fue inscripto en el Registro Nacional de Comercio el 13 de junio.
Al no tener más representación en el país, según el abogado, se le refirieron al veedor -con quien la empresa "se halla en un todo dispuesta a colaborar"- a los funcionarios de NSAL en Grecia, "país donde se encuentra actualmente, y siempre se encontró, su directorio y centro jurídico, operativo y de adopción de decisiones de negocios".
"La cancelación de la sucursal uruguaya de Navios South American Logistics Inc., operada en el mes de febrero del corriente, constituye la prueba más contundente de cómo la contraria ha distorsionado la realidad, induciendo en error a los prestigiosos juristas a quienes ha solicitado consultas en apoyo de su pretensión cautelar, y pretendiendo hacer lo mismo con la sede", dice el escrito. "La cancelación de la sucursal uruguaya de la sociedad y la inalterada continuación del giro social, extinguida aquella, en todos los lugares del mundo en los que operan Navios y sus entidades vinculadas, echa por tierra las falacias de la contraparte en cuanto a que Uruguay es el centro principal de operaciones de la referida sociedad".
Para el abogado, esto demuestra que NSAL se rige por la ley del lugar de su constitución -en este caso, Marshall Islands- y no por la normativa uruguaya.
Olivera García pide además dos aclaraciones al magistrado sobre el alcance de los datos solicitados por el veedor, por entender que algunos de ellos iban más allá de la autorización judicial.
Un manotazo de ahogado
La respuesta de los abogados de la contraparte llegó el 30 de julio. El escrito, firmado por Mariela Ruanova, insiste en que en Montevideo está la dirección de la casa matriz de NSAL y no solo la sucursal uruguaya. La información surge de documentos que elaboró la compañía cuando estuvo listada en la Securities and Exchange Commission. Además, según sus datos, "en Uruguay se genera el mayor revenue de la compañía" y "bajo ley uruguaya se rigen los contratos de NSAL Casa Matriz con sus máximos ejecutivos".
"El cierre de la sucursal uruguaya es relevante, sí, pero no por las implicancias jurídicas que la contraria pretende atribuirle, sino por lo que realmente revela: la burda maniobra urdida con el fin de debilitar el nexo entre NSAL y la jurisdicción uruguaya", añade la abogada en el documento.
Ruanova afirma que, "más allá de las fantasiosas y forzadas conclusiones que se pretenden extraer del cierre auto provocado e inexplicado de su sucursal", esa decisión no debería incidir en la determinación de la jurisdicción aplicable al caso. "Sostener lo contrario implicaría -agrega-, además de un profundo desconocimiento del Derecho Internacional Privado, afirmar que la elección de la ley y jurisdicción aplicable a un litigio judicial queda al exclusivo arbitro de una de las partes. Lo que es un absoluto dislate".
"En este manotazo de ahogado por evadir la jurisdicción nacional, ha quedado expuesta -ahora sí más patente que nunca- no solo la absoluta falta de fundamentos jurídicos para no someterse a la jurisdicción de la Sede, sino la notoria mala fe de la contraria", cuestiona Ruanova. "Sus dichos son la propia confirmación del abuso de poder con el que la señora Angeliki Frangou se encuentra manejando la sociedad, cuyo 36,2% es propiedad nada más y nada menos que de mi representada".
En el escrito, la abogada de Peers Business pide que se desestime el reclamo de la accionista mayoritaria de revisar el alcance del pedido del veedor, porque el plazo para presentarlos era de tres días desde la aprobación del dictamen judicial.