Gobernanza: "Lo desterramos (a Sendic), pero no aprendimos mucho" y la emisión de UTE es "casi, casi, un sistema Ponzi"
Alejandro Stipanicic, ex presidente de Ancap, habló, junto a otros destacados ponentes, en el lanzamiento del "Código de Buenas Prácticas de Gobernanza de las Organizaciones en Uruguay", de CUGO.Ancap, “la empresa más grande del país, que factura cerca de US$ 5.000 millones, en 2015 se fundió y hubo que poner US$ 800 millones con préstamos y garantías del Estado para rescatarla.
Encontramos un culpable, le pusimos nombre y apellido (en referencia al expresidente del ente, Raúl Sendic), lo desterramos y quedó ahí. No aprendimos mucho de esa experiencia, porque lo que falló no fue la persona, lo que falló fue la gobernanza. Y puede volver a ocurrir”, afirmó Alejandro Stipanicic, expresidente de Ancap, al destacar la importancia de que las empresas del país cuenten con mejores prácticas.
La ocasión fue el lanzamiento del “Código de Buenas Prácticas de Gobernanza de las Organizaciones en Uruguay”, elaborado por el Círculo Uruguayo para la mejor Gobernanza de las Organizaciones (CUGO), una entidad enfocada en promover prácticas éticas, sostenibles y eficientes de gobierno corporativo.
Además de Stipanicic, expusieron: Juan Pedro Cantera, superintendente de Servicios Financieros del Banco Central (BCU); Christopher Burt, oficial de Gobierno Corporativo de la División Ambiental, Social y de Gobernanza del BID Invest (el brazo privado del Banco Interamericano de Desarrollo); y Diego Fresco, miembro de la Comisión de la Gobernanza del Instituciones Financieras del Instituto Brasileño del Gobierno Corporativo (IBGC).
“Casi un sistema Ponzi”
Stipanicic fue el más incisivo al hablar de su experiencia al frente de una empresa pública y exponer “el peso del sistema de reparto político de los cargos” —dijo—, el hecho de que está “naturalizado” que los directores representan a su sector político y no a la empresa, que el directorio, en vez de trabajar cinco años, lo hace tres, por su propia dinámica, la confusión de roles constante, entre otros handicaps. “El sistema de las empresas públicas no promueve cargos por idoneidad”, sintetizó, apuntando además contra las burocracias y, por ende, haciéndose eco de la importancia de un código de buenas prácticas que ordene, despersonalice e identifique lo que llamó “patologías de las empresas”.
“Hay que ver si hay voluntad política para gestionar esto, porque se pisan un montón de callos que duelen”, agregó con escepticismo, y reforzó que “el sistema político no colabora con una gobernanza profesional”.
A su turno, Fresco hizo notar que ese funcionamiento distorsionado por intereses en juego no es privativo de las empresas públicas, dado que se ve, por ejemplo, en mutualistas, cooperativas o la Caja de Profesionales.
Consultado sobre la posibilidad que ha planteado el secretario de la presidencia, Alejandro “Pacha” Sánchez, de abrir una porción del capital de las empresas estatales para que, con esos recursos, éstas puedan invertir sin costos financieros, Stipanicic respondió: “Ese anuncio fue ambiguo, confuso, vago y contradictorio”.
“Pero básicamente está planteado sobre la mesa una de dos: abrir el capital accionario en una privatización —lo que para muchos acá es mala palabra—, o el financiamiento”.
En ese contexto, habló, por ejemplo, del “oligopolio bancario, por más que los esfuerzos del BCU para que haya cierta competitividad”.
“Entonces, abrir parte del financiamiento regular de las empresas con obligaciones (negociables), puede ser bueno”, opinó. Aunque aclaró que, a su entender, “la emisión de obligaciones que hizo UTE no corrigió los subsidios cruzados, ni la paramétrica de los frentes que evita todo tipo de competitividad en un mercado (el energético) que más que oligopólico, es patológico, donde los operadores privados hacen gala que son privados y compiten entre sí para venderle a UTE, que fija las tarifas”.
“El anuncio de emisión de obligaciones (negociables) de UTE de los últimos días es casi, casi, un sistema Ponzi”, lanzó. “Dame US$ 200 a cinco años y yo te pago con intereses a tasa fija. Y si no puedo pagarlos, aumento las tarifas. ¿A quién? A quien me prestó la plata”, se respondió en referencia a que los propios consumidores que invierten son los que después soportan los ajustes.
“El tema de los subsidios en el mercado eléctrico es gravísimo”, agregó, detallando los “absurdos” en la segmentación de clientes, la fijación de precios y otras decisiones.
“Estamos lejos de una privatización y de un sistema de emisión de obligaciones (negociables) con las condiciones de un verdadero prospecto de emisión, con la transparencia sobre en qué se usa la plata, para qué y a quién está favoreciendo”, concluyó.
Por su parte, Cantera compartió que en el BCU tomaron la iniciativa de mejorar la gobernanza de la propia institución y del sistema financiero a partir de la crisis del año 2002, que les hizo revisar todo.
“Decidimos tomar como referencia estándares internacionales más altos”, afirmó en relación a los principios de Basilea, al gobierno corporativo de la OCDE, a aportes de colegas de Estados Unidos, entre otros.
La regulación apunta a “los componentes básicos que esperamos encontrar en una empresa, y hay puntos de ayuda para evaluar la proporcionalidad”, dijo Cantera, al señalar que se exigen cumplimientos de normas de gestión, según la naturaleza de cada empresa, su tamaño, negocio y madurez.
Cantera destacó que una mejor gestión representa más estabilidad en las empresas y el mercado, al tiempo que ayuda a disminuir los riesgos.
En el caso de las disposiciones en esta materia por parte del BCU, los bancos fueron los primeros que las aplicaron en 2008, siendo el board local el que asumió el rol de liderar el tema en cada institución.
Actualmente, el BCU está más enfocado en las empresas financieras pequeñas del mercado de capitales.
Recordó que, cuando no se cumple con determinados estándares, hay penalización, dado que aumentan las primas a pagar.
“En el caso de las empresas públicas que al BCU les toca supervisar, es más difícil porque cambia el board cada cinco años”, observó.
“El Código de CUBO va más allá de lo que exige el BCU, pero sirve de referencia”, aclaró.
De su lado, Burt explicó que el BID Invest identifica el grado de compromiso de los clientes con gestiones ambientales, sociales y de gobernanza en general, y sus riesgos. Recalcó que estos temas son cada vez más importantes para los inversores. “El costo de no aplicar mejores prácticas es muy alto”, apuntó.
Fresco observó que la implementación de las mejores prácticas surge más claramente cuando hay una necesidad: ya sea la imposición del regulador, una crisis, o cuando el dueño se da cuenta realmente de que las cosas cambian.
El nuevo Código
Ana María Elorrieta, presidenta de CUGO, y Roberto de Luca —quien coordinó la realización del código basado en las mejores prácticas internacionales y adaptado a la realidad uruguaya—, explicaron las fases que atravesaron para su elaboración, y esperan sea una “herramienta de ayuda real”.
“El código es flexible, adaptable y de aplicación gradual”, destacó Elorrieta, al señalar que abarca temas sobre cómo mejorar a partir de identificación de brechas, hoja de ruta, planes definidos, diferenciación de roles, descentralización de decisiones, delegación del poder, transparencia de funcionamiento y de la información, sucesiones, entre otros.