Caso Cardama: gobierno apunta en su denuncia a ausencia de expediente en proceso de presentación de garantía
Luego de presentar el escrito ante la fiscal de Corte para que se inicie una causa penal, Jorge Díaz se refirió a la falta de actos administrativos que justifiquen la extensión de los plazos.
A las 16.30 horas de ayer, los dos principales hombres que tiene el presidente Yamandú Orsi en la Torre Ejecutiva -quienes lo flanquearon en la conferencia de prensa de este miércoles de tarde, sorpresiva, en la que se anunció la rescisión del contrato con el astillero Cardama y las acciones legales que están planificadas desplegar-, Alejandro Sánchez y Jorge Díaz entraron en la sede central de la Fiscalía General de la Nación para reunirse con la fiscal subrogante de Corte, Mónica Ferrero, y entregarle en sus manos una denuncia penal por presunto “fraude o estafa” cometido por la constructora española y la firma financiera que ofreció una garantía de fiel cumplimiento considerada “trucha” por el gobierno.
La reunión fue breve -duró poco más de 20 minutos- y se limitó a un intercambio formal y a la entrega del escrito que ahora será derivado a un fiscal especializado en Delitos Económicos (ver recuadro).
Este fue el primer paso de varios que tiene planificado dar el Poder Ejecutivo, que entiende que el Estado uruguayo se vio damnificado desde el momento en que Cardama presentó una garantía con varias irregularidades en su redacción y presentación, y el anterior gobierno de Luis Lacalle Pou la aceptó igual el 22 de noviembre de 2024, y de parte de una empresa -Eurocommerce- que hoy está en proceso de disolución, pero que entonces no tenía ningún empleado en planilla, con datos falsos sobre su origen en su página web y con un domicilio inexistente.
“Estamos cumpliendo con lo que anunciamos hace algunas horas, en vista de que no tenemos una garantía porque, al parecer, la empresa es de papel”, dijo Sánchez en diálogo con los medios, y agregó: “A nuestro entender, fue un error de gestión haber aceptado esta garantía, pero será la Justicia quien lo determine”.
Sin expediente
Parte de la clave en la dilucidación de este caso estará en el profundo estudio de la cronología de hechos a partir del 15 de diciembre de 2023, cuando el entonces gobierno nacionalista de Luis Lacalle Pou firmó el contrato con el astillero de Galicia, fecha a partir de la que Cardama disponía de 45 días para presentar la famosa garantía de fiel cumplimiento. Eso no ocurrió, por lo que solicitó un plazo de 10 días extra, al que le siguió otra solicitud de aplazamiento y así hasta llegar a unas siete veces, porque Cardama sufría diversos problemas: o no aceptaban las propias empresas que buscaba, o estas no pasaban los exámenes del Estado uruguayo, que señalaba carencias, problemas o incoherencias formales. Así se estuvo hasta que pasaron 11 meses. Hasta que se terminó acordando con la cuestionada firma Eurocommerce, que en octubre del 2024 el entonces ministro de Defensa Nacional, Armando Castaingdebat llamó “banco inglés”. Hoy el gobierno de Orsi entiende que no se trata de un banco y ni siquiera se está seguro de que sea inglés, puesto que no se tiene identificada su residencia, dijo a El País una fuente de Presidencia.
Pero al momento de firmar, a juicio del actual gobierno, hubo otro problema, como volvió a explicar este viernes, por su parte, Jorge Díaz: “El contrato establecía que la garantía debía ser por 30 meses durante la construcción, y 12 meses posteriores. Sin embargo, se cambió por una garantía de 12 meses, sin ningún acto administrativo que lo justifique”.
De hecho, según supo El País, tampoco hay un “expediente formado” durante este proceso, lo que constituye una irregularidad que se busca sea investigada con la denuncia. “Lo único que se pudo hacer fue una reconstrucción con las cadenas de mails, pero no hay actos administrativos que justifiquen la extensión de los plazos”, agregó la fuente del Ejecutivo.
De acuerdo a la versión del gobierno, todo terminó por saltar cuando, vencidos los 12 meses a inicios de esta semana, Orsi decidió ejecutar la garantía y, en lugar de encontrarse con la empresa, el embajador uruguayo en Reino Unido, Luis Bermúdez, encontró una inmobiliaria en la dirección que estaba fijada en Londres, tal como se informó en la conferencia de prensa de este miércoles.
“Treinta días antes, la empresa debía comunicar y constituir una nueva garantía. No recibimos ningún tipo de comunicación y, al momento de ejecutar la garantía, solicitamos a la empresa inglesa que transfiriera el dinero al Estado uruguayo. La sorpresa fue que no existía ni la empresa ni la garantía”, remarcó ayer el prosecretario de Presidencia, que insistió en los “muchos indicios” relevados por el Ejecutivo como “para hacer esta denuncia penal y que Fiscalía investigue”.
Uno de los tantos focos que tendrá esta indagatoria, según creen los dos jerarcas de gobierno, apuntará a la responsabilidad de los funcionarios y dirigentes políticos que avalaron la garantía presentada, pese a los problemas identificados entonces por un informe del estudio jurídico Delpiazzo. “Se debe investigar si hay cómplices o no en la administración pública”, dijo Sánchez al respecto.
La voluntad del gobierno, y de la bancada del Frente Amplio es ir “hasta las últimas consecuencias” con este tema, bajo el entendido de que la gravedad de lo ocurrido es extrema. Por eso, como adelantó ayer El País, el gobierno ya se prepara para un “proceso largo” en tribunales extranjeros, en donde también se piensa plantar batalla al astillero español.
En principio, y pese a que en el Presupuesto el gobierno pretende crear una Secretaría de Litigio Estratégico, una oficina ubicada en Presidencia que se abocará a la defensa del Estado uruguayo en los distintos procesos arbitrales -iniciativa que ya fue aprobada en Diputados, y que será ratificada ahora en el Senado, donde el oficialismo tiene mayoría propia-, la defensa judicial en el caso Cardama estará a cargo del Ministerio de Defensa -que también tiene a su cargo una profunda investigación administrativa sobre todo el proceso de compra de las patrullas oceánicas, que fueron encargadas al astillero por un monto aproximado de € 82 millones.
Avance de obra
Según declaró el dueño del astillero, Mario Cardama, la meta de la constructora era entregar el primer buque en el segundo semestre de 2025, y el segundo a lo largo de 2026. Lo que hoy es objeto de debate es qué grado de avance tiene la primera de las patrullas oceánicas. De acuerdo al sitio web especializado Defensa.com, el astillero habría completado alrededor de un 58% de la estructura del casco del primero de los buques. Además, Cardama tendría la disponibilidad de más de un 90% del equipamiento interno, más los motores Caterpillar recibidos de Estados Unidos a fines del año pasado.
claves del caso
Presidencia estudia la cláusula de traspaso
En Presidencia de la República entienden que el largo proceso que se abre ahora con el astillero Cardama, al que se pretende enfrentar en más de un tribunal, debe darse “paso a paso” y sin apurar etapas. También son momentos de análisis de la información y de conocer todos los elementos que están arriba de la mesa.
Por ejemplo, el estudio de una cláusula clave que está en el contrato firmado con el astillero español, del que dio cuenta El País este jueves, y que en el gobierno ya están al tanto, señalaron fuentes oficiales. Esa cláusula hace referencia a que en el caso de que el constructor se encuentre en una situación de quiebra o en un escenario en donde se deba culminar el contrato por “incumplimiento” propio, la propiedad de lo que se haya construido hasta ese momento debe ser transferida “de pleno derecho al Ministerio de Defensa”, o sea, al Estado uruguayo.
Causa caerá en fiscal de Delitos Económicos
La fiscal subrogante de Corte, Mónica Ferrero, se limitó ayer de tarde a recibir la denuncia de manos del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario Jorge Díaz, a quienes recibió en su despacho. Pero el procedimiento institucional que seguirá ahora el Ministerio Público es el mismo que se ejecuta en cualquier otro caso: será la oficina de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) de la Fiscalía la encargada de seleccionar al fiscal que se encargará de esta causa.
Lo que ya está determinado, señalaron a El País fuentes de la institución, es que la indagatoria recaerá en una Fiscalía de Delitos Económicos. Son tres los fiscales hoy abocados a esa materia: Alejandro Machado, Sandra Fleitas, Gilberto Rodríguez. Todos ellos tienen casos mediáticos en sus manos.
Alejandro Machado, por ejemplo, está a cargo de la investigación sobre la presunta destrucción de un documento público vinculado al caso Marset. Fleitas tiene a cargo la investigación contra el exsenador Charles Carrera por supuestas irregularidades cometidas en el Hospital Policial. Y Rodríguez es el fiscal que, entre otros casos, investiga los desvíos de dinero del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción.