Así se ve la primera patrulla oceánica que la empresa española Cardama estaba haciendo para Uruguay
Medio especializado había informado que motores Caterpillar ya habían sido adquiridos a Estados Unidos e iban a llegar a España entre finales de noviembre y principios de diciembre.
La controversia por la compra de dos patrulleras oceánicas (OPV) al astillero español Cardama, por más de 82 millones de euros (cerca de 92 millones de dólares), ha llegado a un punto de quiebre luego de que el gobierno de Yamandú Orsi anunciara la rescisión del contrato y la presentación de una denuncia penal ante Fiscalía, alegando "fuertes indicios” de que se podría estar frente a “una estafa o un fraude al Estado uruguayo". La decisión fue comunicada el miércoles por el mandatario en una conferencia de prensa en la que participaron el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario Jorge Díaz. La polémica no solo se centra en las irregularidades contractuales en torno a la garantía, sino también en la incertidumbre sobre qué tan avanzada estaba la obra hasta el día de la comunicación oficial.
La versión defendida por el astillero Cardama, contrasta notablemente con los argumentos del Ejecutivo. Sánchez indicó que si bien Cardama había presentado reportes de "hitos", el Ministerio de Defensa realizó un trabajo para corroborarlos y constató que estos no eran tales. Según la versión del Ejecutivo, ya se pagaron US$ 30 millones y solo se habría avanzado en el 40% de la obra de uno solo de los buques. Sin embargo, la empresa y el exministro Javier García han sostenido consistentemente un avance del 60% en el primer buque.
Según un artículo en el sitio web especializado Defensa.com, que tiene fecha del 9 de octubre de 2025, el astillero habría completado ya alrededor de un 58% de la estructura del casco del primero de los buques. Dicha fuente también informa que la disponibilidad de más de un 90% del equipamiento interno (sensores, componentes estructurales, equipo bélico, etc.) ya estaba confirmada, con la previsión de que los motores Caterpillar para el primer buque fueran enviados desde Estados Unidos entre finales de noviembre y principios de diciembre.
Además, el artículo de este sitio especializado detalla las características de los OPV-87, enfatizando que ambos serán las primeras naves de nueva fabricación que incorpore la Armada de Uruguay en medio siglo. Entre sus especificaciones se mencionan: eslora de 86,75 metros, desplazamiento de 1.700 toneladas, una velocidad de 21 nudos, autonomía de 7.700 millas y un armamento que incluye un cañón principal Bushmaster de 30 mm y dos ametralladoras de 12,7 mm.
El artículo de este sitio web no lleva firma ni atribuye a ninguna fuente estos datos. Fotografías de la obra que fueron conseguidas por El País a través de fuentes no oficiales, y que fueron sacadas en la jornada de hoy, muestran un avance similar al que se puede ver en la foto que ilustra el artículo.
Mario Cardama, propietario del astillero, según había señalado en declaraciones a El País el día jueves, tenía previsto entregar en el segundo semestre de 2026 la primera patrulla océanica y la segunda a lo largo de 2027. En cuanto al proceso de construcción, agregó que hoy el futuro barco "está en el dique" y que "cuando se completa el casco, este se llena de agua y se lleva al muelle de armado, donde se pone el relleno".
La rescisión
El fundamento central para la drástica decisión de suspender el contrato tomada por el Ejecutivo radica en el incumplimiento de las garantías y los plazos contractuales por parte del astillero ubicado en Vigo, Galicia. El contrato, firmado en diciembre de 2023 durante la administración del presidente Luis Lacalle Pou y cuando el ministro de Defensa era el hoy senador García, estipulaba un plazo de 45 días para la presentación de las garantías de fiel cumplimiento. Sin embargo, "los 45 días se transformaron en 11 meses", un retraso calificado como "relevante" ya que la primera embarcación debía estar lista en 18 meses, según detalló Presidencia.
Pero el punto en el que más ha insistido el gobierno para llevar a cabo la rescisión del contrato es que Cardama presentó a una empresa denominada Eurocommerce como garante —esto luego de que varias firmas rechazaran, o no reunieran las condiciones para serlo. El Ejecutivo, al intentar ejecutar la garantía (que es por un 5% del total de la obra, poco más de US$ 4 millones), instruyó al embajador ante el Reino Unido para que se dirigiera a la dirección física de la compañía. El resultado fue un hallazgo que el gobierno calificó de fraudulento: la empresa no funcionaba en la dirección indicada. "Cuando nuestro embajador se presentó ahí, no funcionaba la empresa. Funcionaba una inmobiliaria", además de constatarse que Eurocommerce se encontraba en proceso de liquidación, lo que llevó a Presidencia a concluir que era una "empresa de papel" que carecía de los avales necesarios, según las palabras de Sánchez.
En tanto, Cardama se defendió en la jornada de ayer en conversación con varios medios de prensa uruguayos, incluido El País. Sobre lo puntualizado por el gobierno, el empresario reconoció que la firma efectivamente había cambiado de dirección, que él no fue notificado al respecto, pero que mantenía contactos con autoridades vinculadas a Eurocommerce.