Aseguradoras en Uruguay advierten por "zonas inasegurables" y efectos por el cambio climático
La charla “Efectos del cambio climático en el sector asegurador”, en las Jornadas de Economía del BCU, evidenció que las empresas que ofrecen esos servicios están redefiniendo sus negocios.El mercado de los seguros en Uruguay está restringido, incluso por el lado de la oferta, y muy estresado (exceptuando los servicios para automóviles). Así lo destacaron ayer referentes del sector en la charla “Efectos del cambio climático en el sector asegurador”, que se llevó a cabo en las “40° Jornadas Anuales de Economía” organizadas por elBanco Central (BCU).
Participaron Nicolás González, gerente del Área de Actuaría del Banco de Seguros del Estado (BSE); Alejandro Veiroj, director ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (Audea); Ángela Cortelezzi, economista en la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP); y por videoconferencia, desde España, Belén Soriano, subdirectora Técnica y de Reaseguro del Consorcio de Compensación de Seguros de ese país.
El cambio climático es una realidad que se vino encima con eventos extremos y han puesto al sector de seguros y reaseguros a la defensiva y en la necesidad de revisar sus modelos de negocio. Esta situación incluye a Uruguay, en especial en lo que tiene que ver con el impacto en el agro.
“El cambio climático afecta las tendencias históricas que se manejaban en los modelos de negocio del Banco de Seguros. No sólo ha cambiado el ambiente, sino también se vino la transformación digital y de negocios. Hay que introducir cambios”, afirmó González, al compartir que el BSE han ido introduciendo productos especialmente vinculados al cambio climático, como ser seguros contra incendios por esa causal, seguros para el agro (forestales y cultivos) y seguros de fianzas y de créditos a los afectados.
Asimismo, el BSE ha presentado otros seguros paramétricos, como para la soja en caso de sequía y el de la cosecha para horticultura en caso de exceso de agua, pero que no se desarrollaron porque, a su entender, no hubo una buena correlación de esas herramientas con los siniestros. “Corregir eso podría tener efectos positivos a futuro”, afirmó González.
Por lo pronto, es claro que tanto el BSE como las aseguradoras privadas se enfrentan a situaciones de desembolsos —por pago de pólizas— difíciles de prever. Antes, las empresas de seguros cubrían las incertidumbres que se esperaban cada 10 o 15 años, mientras que ahora se dan cada año.
El BSE pagó unos US$ 95 millones en indeminizaciones por la sequía de 2023, la cual significó una pérdida de alrededor del 3% del Producto Interno Bruto (PIB). Por esa causal, el pago total (del BSE y las empresas aseguradores ) fue de US$ 140 millones ese año, según datos de Audea.
En los últimos tiempos, se están dando diluvios en Montevideo, violentos temporales en zonas costeras y además, son más frecuentes los granizos intensos, que le significaron al BSE el pago de unos US$ 7 millones en indemnizaciones el año pasado.
“El departamento de Rivera vivió una granizada con daños en un día equivalentes a todo un año”, agregó González.
En cuanto a los incendios en el litoral en 2023 —también efecto del cambio climático, entre otros factores—, le costaron al país la pérdida de 22.000 hectáreas en esa zona y el BSE tuvo que pagar US$ 20 millones por seguros en maderas.
El representante del BSE consideró que existe una baja penetración de los seguros en general en el país (salvo para automóviles, como ya se mencionó), y destacó la necesidad de que las compañías adecuen sus modelos de tarifas y reservas a las nuevas realidades.
El desafío está —dijo— en encontrar la forma de “acompañar las necesidades de seguros que van surgiendo con la solvencia de los prestadores de estos servicios, y reaseguradoras”.
“Áreas inasegurables"
“Las minicatástrofes son cada vez más frecuentes, hay nuevos riesgos con el cambio climático y también más riesgos indirectos, sobre la salud humana”, dijo Veiroj. “Los autos eléctricos y proyectos de energías renovables requieren seguros; todo eso es un desafío para las empresas del sector”, agregó.
El director ejecutivo de Audea planteó que las compañías de seguros están cambiando, intentando “cubrir lo inesperado”, pero reconoció que, si el riesgo es muy alto, definen exclusiones.
Por lo tanto, hay zonas “inasegurables” en este momento, así como nuevos requisitos o disposiciones para acceder a los seguros. Tampoco las reaseguradoras (generalmente son multinacionales) cubren todos los riesgos, como solían hacerlo. “Amplían sus servicios, pero en forma más controlada”, explicó.
En ese contexto, la Audea ha creado una Comisión de Sostenibilidad en su seno, que ha definido un protocolo de eventos catastróficos (piden información a las compañías del sector para dimensionar los fenómenos climáticos que se van dando) y desarrollan trabajos en interacción con el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) en tres niveles: prevención, respuesta ante la emergencia y reunión de información para la elaboración de un mapa que va mostrando qué tan asegurado —o no— está el país.
En ese sentido, una de las principales brechas que identifican es que los pequeños agricultores están entre los menos asegurados.
Como potencialidades, Veiroj apuntó que los seguros pueden penetrar mucho más en la economía nacional, que existen zonas enteras que no están bien aseguradas, que se podrían crear más herramientas (nuevos tipos de seguros ajustados a las demandas que aparecen) y que se podrían desarrollar formas de colectivización de seguros para su mayor acceso.
La Audea presentó una propuesta al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que se forme una mesa de trabajo que se aboque a los riesgos de este mercado que no se resuelven eficientemente.
“Debe haber una mayor articulación público-privada, y no que el Estado termine pagando a último momento, o que la sociedad o el particular termine haciéndolo de forma inesperada o indeseada”, apuntó. A su juicio, se requiere una mejor gobernanza que asuma el tema, así como una “vuelta de tuerca” para que incentivar la contratación de seguros y que éstos sean más accesibles.
"El mercado no está resolviendo"
Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) del MGAP busca que haya una mirada más integral del sector por parte de las autoridades; esto es, que se vaya más allá de la creación de instrumentos de seguros, o de ayudas ante eventos sistémicos. Actualmente existen, por ejemplo, seguros tradicionales agropecuarios, seguros granjeros, bonos de catástrofe, entre otros.
“Pero, los riesgos residuales (aquellos que persisten después de que se han implementado las medidas de control y mitigación) son cada vez más por las amenazas climáticas. Y cuando no hay soluciones de cobertura, se deben desarrollar otras estrategias”, dijo Ángela Cortelezzi, mencionando los préstamos contingentes con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los fondos de emergencias, las ayudas ad hoc, las exoneraciones fiscales para la adquisición de seguros, entre otros que se puedan crear.
La economista señaló que los principales riesgos en el país, si bien varían según los rubros, son los hidrológicos. “Hay que pensar en más soluciones. Tal vez el Estado debería asegurar algunos sectores específicos, hay que ver qué hacer porque el mercado no está resolviendo”, dijo y advirtió no solo sobre la realidad actual sino futura. “También se necesita más cobertura de rendimientos (de cultivos)”, añadió.
Por su parte, Belén Soriano explicó cómo funciona el Consorcio de Compensación de Seguros en España, una entidad pública que también se financia con empresas de seguros privados (con sus primas cobran un recargo que va para el consorcio). “Por la DANA de 2024, el consorcio está pagando 5.000 millones de euros y le queda en reserva 7.132 millones de euros, pero no estamos cómodos y estamos repensando los modelos de solvencia de la institución”, compartió.