Agua para crecer
El riego viene creciendo y el gobierno quiere apuntalarlo. Alinear a los organismos del Estado, viabilizar los proyectos multi prediales y arbitrar entre producción y ambiente, es parte de la agenda.El riego sigue avanzando en Uruguay y así lo reflejan las cifras.
Según la última Encuesta Agrícola de DIEA, de las casi 260.000 hectáreas de maíz plantadas más del 10% se hicieron bajo riego (unas 27.000 hectáreas), una proporción muy significativa considerando la expansión reciente del cultivo. En el caso de la soja se regó una superficie similar, aunque es una proporción menor del total (es el cultivo con más área).
En la medida que la tierra se ha valorizado en las últimas décadas, allí está el fundamento para apuntar a una mayor productividad por hectárea y en ese camino el riego es un paso ineludible. En los maíces de primera el rendimiento por hectárea regada fue el doble que en la no regada (12.900 kg vs 6.440 kg); de manera que la producción total de maíz desde el área regada fue 341.000 toneladas, casi 18% del total.
Más que un insumo agregado a un sistema en funcionamiento, regar es en sí mismo un cambio de sistema, que permite -entre otras cosas- apuntar a un mayor potencial de rendimiento a través del resto de los insumos y el manejo. A partir de una fuente de agua confiable, contar con la garantía de tenerla a lo largo del ciclo del cultivo permite incorporar las variedades de mayor potencial y niveles de insumos para el más alto desempeño. Por supuesto, implica inversiones importantes, pero el retorno es igualmente importante.
Nuevo impulso
En la Expo Prado los integrantes del grupo Regadores Unidos realizaron su ya tradicional charla, con una asistencia que superó lo previsto. El grupo fue creado en 2013 y nuclea a productores y empresas regantes. Entre otros objetivos, busca facilitar el proceso de “aprendizaje” a quienes incursionan en el riego, para lo cual se convocan productores de diverso perfil que comparten sus experiencias. El asesor técnico de Regadores, Ing. Agr. Gastón Sebben, mostró la evolución del área regada registrada en el grupo (gráfica) con una curva ascendente que acelera en los últimos años. Se estima que en total, en Uruguay, se han importado más de 1.000 equipos de riego de pivot desde 2000, regándose hoy con ellos unas 80.000 hectáreas.
Se plantea ahora llevar esa cifra a 300.000 hectáreas. El potencial del riego en Uruguay es significativo por varias razones. En primer lugar, el promedio de los suelos tiene poca capacidad de retener humedad; por otra parte, la distribución de las lluvias es despareja, con picos de altas precipitaciones y momentos de sequía, muchas veces durante un mismo ciclo agrícola. Asimismo, la demanda de agua de los cultivos de verano es particularmente alta. Pero Uruguay tiene la ventaja de contar con amplias posibilidades para retener y manejar el agua para una mayor producción. No en vano casi el 80% de las fuentes de agua para riego son represas.
Según los datos presentados, el riego -lógicamente- reduce la variabilidad de la producción. En el caso del maíz de primera, la diferencia promedio de los últimos 10 años fue de casi 6.200 kg/ha, con un riego promedio de 212 mm/ha. Esto hace a una Eficiencia de Uso del Agua (EUA) de unos 29 kg de grano por cada milímetro de riego. En el caso de la soja (un cultivo de menor rendimiento por hectárea, pero un grano más valioso), la EUA es de 8,5 kg/mm.
El rol del gobierno
Con la dinámica actual del riego y el aumento de las áreas regadas, con inversiones y tecnología disponibles, cabe preguntarse qué rol puede tener el Estado en impulsar algo que, en un primer vistazo, viene avanzando bien. Sin embargo, hay algunos nudos a desatar y el gobierno puede tener un rol relevante.
En el evento en la Expo Prado el Secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, explicó la iniciativa gubernamental para el riego, a través de la creación de la Comisión Ejecutiva Interministerial para Asuntos de Riego (CEIAR). Su objetivo es coordinar las políticas y competencias de los diversos organismos del Estado para impulsar nuevos proyectos de riego. En especial, se apunta a viabilizar los sistemas de riego multipredial, configurados en la Ley de Riego N° 19.553 (2017), que creó la figura del Operador de Sistema de Riego.
El decreto establece que “cada Ministerio, en el marco de sus competencias, brindará máxima colaboración y celeridad ante los requerimientos de la Comisión, brindando la información que le sea solicitada. Asimismo, se exhorta a otros organismos, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados a colaborar ante requerimientos que puedan serles solicitados por la Comisión”. Sánchez explicó con claridad en la Expo que los Entes no pueden ser obligados, pero también fue explícito en el objetivo político: “en la estrategia de inversiones de UTE se tiene que establecer el riego como prioridad, de manera de contar con las redes y la energía necesarias”.
Justamente, para que todo esto no quede en un ejercicio de voluntad, el decreto establece la contratación de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) para la realización de los estudios necesarios y estructuración jurídica, financiera, entre otros cometidos que exijan los planes de la estrategia para expandir el riego. La CND identificará áreas de oportunidad en infraestructura de riego y asumirá el rol de articulador.
La persona que se ha designado para trabajar desde CND en este asunto es el ex ministro Tabaré Aguerre, que vuelve a la esfera del gobierno con un rol que lo motiva especialmente. Durante su gestión -que abarcó los gobiernos de Mujica y Vázquez- impulsó la mencionada Ley de Riego, fruto de un trabajo político arduo, que implicó más esfuerzos de convencimiento hacia dentro del gobierno y del Frente Amplio, que hacia afuera.
El consenso no fue completo y hubo oposición interna en la izquierda en dos planos importantes. Por un lado, posiciones ambientalistas radicales sin fundamento, que planteando la exigencia de caudales mínimos más elevados, en el fondo apuntaban a obstruir las iniciativas regantes. En su presentación, Sánchez explicitó que hay que evitar reglamentaciones descoordinadas.
Por otro lado, hubo posiciones que cuestionaron la comercialización del agua, con el argumento de que es un recurso público. Un sinsentido: precisamente, para la preservación del recurso hay que ponerlo en valor, para garantizar su uso cuidado y eficiente. Las iniciativas “de uso público y social”, sin criterios razonables de distribución y comercialización -habituales en países socialistas en el siglo pasado- terminaron en fracasos económicos y ambientales.
Esas posturas dificultaron el despliegue de los proyectos multi prediales, que ahora se apunta a concretar. Por todo esto, el regreso de Aguerre viene recargado. Con el aumentado peso político del MPP respaldando la estrategia de riego, se apuesta a que -ahora sí- se concreten los proyectos de mayor escala y más eficientes, económica y ambientalmente. Aguerre lo ha explicado reiteradamente y con fundamento: un proyecto multipredial, con un reservorio de mayor escala, permite una gestión mejor del agua y su calidad, con mucho menor riesgo de eventos críticos (los embalses más pequeños pueden secarse o tener problemas de calidad y ambientales). Y es más eficiente desde el punto de vista económico, permitiendo además el acceso al riego a más productores.
La radicalización ambientalista puede paralizar estas iniciativas (en realidad, pueden paralizar cualquier iniciativa). La respuesta equilibrada entre sostenibilidad y producción pasa por la productividad (más producción con los mismos o menos recursos); en este sentido, nada más sostenible que regar.