Bajada: Dos buques no pueden zarpar por falta de maquinistas y la Cámara de Industrias Pesqueras estima pérdidas conjuntas de US$ 17.000 por día. El sindicato cuestiona las condiciones de contratación de tripulantes extranjeros; las empresas rechazan las acusaciones y sostienen que cumplen la normativa.
La falta de maquinistas dejó a dos barcos pesqueros amarrados y volvió a poner bajo presión a una industria que enfrenta dificultades para completar sus dotaciones. La Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) calcula que las embarcaciones pierden en conjunto unos US$ 17.000 diarios y dejan de capturar cerca de 15 toneladas de pescado por día. Son estimaciones empresariales, difundidas por El País, no un balance auditado del sector.
La disputa llegó a una mesa con autoridades del gobierno. Una reunión encabezada por la ministra de Defensa, Sandra Lazo, reunió a representantes empresariales y sindicales; las partes esperaban volver a encontrarse la semana siguiente para avanzar sobre la disponibilidad de personal y las condiciones de embarque. En el debate participan también organismos vinculados a trabajo, migración y control marítimo.
Un problema de dotaciones y formación
El presidente de la CIPU, Juan Riva-Zucchelli, afirmó que los dos buques tienen 18 tripulantes sin poder trabajar mientras aguardan maquinistas. Según su estimación, el sector necesitaría unos 100 maquinistas y alrededor de 800 marineros para operar con normalidad. La cámara sostiene que la escasez de personal habilitado llevó a contratar trabajadores extranjeros y reclama más instancias de formación práctica para ampliar la oferta local.
La discusión no se limita al número de trabajadores disponibles. El Centro de Maquinistas Navales (CMN) objeta el uso de permisos excepcionales y cuestiona cómo se reconocen las titulaciones extranjeras. El sindicato sostiene que los requisitos para profesionales uruguayos son más exigentes y que la aplicación actual puede desplazar a personal nacional con formación y habilitación. Aclara, sin embargo, que no se opone a incorporar extranjeros cuando la contratación se ajusta a la ley y se realiza en igualdad de condiciones.
Denuncias sindicales y rechazo empresarial
El CMN denunció que algunos tripulantes indonesios recibirían salarios inferiores a los establecidos para la actividad y describió sus condiciones como de “semiesclavitud”. En un escrito presentado ante autoridades, planteó que eventuales incumplimientos y ofertas laborales fraudulentas podrían configurar situaciones de trata de personas. Se trata de alegaciones del sindicato: la información pública consultada no da cuenta de una resolución judicial que las haya establecido como hechos.
Riva-Zucchelli rechazó las acusaciones y las calificó como falsas. Afirmó que la contratación extranjera respondió a la falta de maquinistas uruguayos y que las condiciones están contempladas en los contratos y la normativa. También sostuvo que los trabajadores descansan dentro de los barcos por la propia operativa. Así, las posiciones siguen enfrentadas tanto en torno a las reglas para validar credenciales como a las condiciones laborales concretas.
Las denuncias del CMN sobre salarios, descanso y documentación de tripulantes extranjeros ya habían sido difundidas meses atrás por el PIT-CNT. Ese antecedente da cuenta de una controversia que precede a los barcos actualmente detenidos, pero no sustituye la verificación que corresponde a las autoridades competentes.
La salida requiere reglas claras y personal disponible
El conflicto plantea dos tareas simultáneas: atender la falta de personal calificado que mantiene embarcaciones fuera de servicio y determinar, con controles transparentes, que cada contratación y cada título profesional cumplan los requisitos vigentes. Resolver solo una parte dejaría abierto el otro foco de tensión: la continuidad de la flota y la protección de las condiciones laborales.
La próxima instancia de diálogo deberá acercar a las partes y ordenar la respuesta institucional. Mientras tanto, los montos de pérdidas y las denuncias sobre el empleo extranjero deben leerse con su atribución correspondiente: unos son cálculos de la cámara empresarial; las otras, señalamientos sindicales que las empresas niegan y que requieren investigación y comprobación.
Fuentes
→ El País: “Pérdidas de US$ 17.000 diarios y acusaciones de ‘semiesclavitud’”
