Por ahora no está previsto declarar la emergencia agropecuaria
Las lluvias de los últimos dias dieron un giro a la situación en la zona sureste.Se realizó ayer una reunión evaluatoria sobre la crisis hídrica en algunas zonas del país, tras las lluvias del pasado fin de semana. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti, había indicado que «cuando llueve, no llueve de pasto», destacando que las precipitaciones aportan agua, pero no necesariamente resuelven de inmediato problemas de forraje o alimentación del ganado. Afirmó que era difícil declarar una emergencia agropecuaria tras las lluvias importantes registradas, aunque no descartó ninguna herramienta de apoyo.
Las lluvias llegaron de forma intensa gracias a un ciclón extratropical que azotó el país, generando acumulados de entre 40 y 120 milímetros en muchas zonas, con variaciones por departamento, especialmente en el sureste, la región más afectada por el déficit hídrico previo. Estas precipitaciones, prolongadas y bien distribuidas, trajeron un alivio necesario al campo. Fratti adelantó que, aunque las lluvias mejoran el panorama, se evaluarán ayudas puntuales para productores con problemas preexistentes de forraje, ya que «no llueve pasto, llueve agua». El MGAP, junto a Inumet, el INIA y otros organismos, analizó los datos post-lluvias para definir si alguna zona sigue en crisis. Tras estas precipitaciones, el ministro consideró que declarar emergencia «no se entendería» en el corto plazo, aunque insistió en que no es estrictamente necesario declarar una emergencia para implementar medidas de apoyo. Esta situación se da tras semanas de preocupación por el déficit hídrico en departamentos como Maldonado, Rocha, Lavalleja, Canelones y otros al sur del Río Negro, influenciado por patrones climáticos como La Niña y un 2025 con lluvias por debajo de lo normal en varias áreas.
Esperando el acuerdo Mercosur – UE
En otro orden, Fratti se pronunció sobre el histórico acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea, cuyas negociaciones superan los 25 años. El ministro evitó afirmaciones categóricas sobre impactos negativos en sectores específicos, como el lechero, al indicar que no cuenta con elementos suficientes para asegurar perjuicios en ese rubro una vez que el pacto entre en vigencia.
Destacó que la firma representa un avance significativo en una negociación internacional de bloque, donde «todos no pueden ganar» por igual, pero que todos los sectores saldrán beneficiados en mayor o menor medida. El sector cárnico sería claramente favorecido, pero Fratti cuestionó la idea recurrente de que el lechero sería el más perjudicado aseverando «yo no tengo los datos para hacer esa afirmación».
El jerarca recordó que tras la firma el 17 de enero en Asunción (Paraguay), el proceso requiere ratificación por parlamentos nacionales y europeos, lo que podría demorar su entrada en vigor plena, posiblemente hacia finales de 2026 o más adelante.
Sin embargo, el avance del acuerdo ha generado fuerte rechazo en varios países europeos, particularmente en España y Francia, donde miles de agricultores han protagonizado intensas protestas en los últimos días. En Francia, los productores bloquearon carreteras emblemáticas como accesos a París (con tractores frente al Arco del Triunfo, la Torre Eiffel y la Asamblea Nacional), puertos como Le Havre y autopistas clave, exigiendo el veto al pacto por considerar que permite la entrada masiva de productos sudamericanos (carne, azúcar, soja, arroz) producidos con estándares ambientales, sanitarios y laborales más laxos, lo que generaría competencia desleal. El presidente Emmanuel Macron anunció que Francia votaría en contra, aunque el acuerdo obtuvo mayoría cualificada en el Consejo de la UE el 9 de enero.
En España, especialmente en Cataluña, los agricultores cortaron carreteras como la AP-7 (frontera con Francia), la A-2 y accesos al puerto de Tarragona con decenas de tractores, manteniendo bloqueos durante varios días y manifestándose en ciudades como Tarragona. Las protestas, que se extendieron hasta ayer, denuncian el riesgo para las explotaciones familiares y la calidad de los productos europeos. Sindicatos como Revolta Pagesa y otros grupos europeos (FNSEA en Francia, Coordination Rurale) han advertido que continuarán las movilizaciones, argumentando que el tratado usa al campo como «moneda de cambio» y amenaza la soberanía alimentaria.