Alarma ambiental: miles de colmenas perdidas y denuncias por ocultamiento de información
La apicultura uruguaya enfrenta una crisis histórica sin precedentes por la mayor mortandad de abejas registrada y reclama una urgente declaración de emergencia.La apicultura uruguaya atraviesa una situación crítica sin precedentes.
Desde noviembre de 2025, productores de distintas regiones del país vienen reportando una mortandad masiva de abejas y colmenas que, por su magnitud y alcance territorial, es considerada por el propio sector como la más grave registrada en la historia de la actividad en Uruguay. El tema volvió a ocupar el centro del debate este lunes 12 de enero durante la reunión de la Junta Nacional de la Granja (Junagra), donde la Sociedad Apícola Uruguaya (SAU) reiteró su pedido de declarar la emergencia apícola y reclamó acceso a información considerada clave para comprender las causas del fenómeno y evitar su repetición.
En diálogo con Diario La R, el presidente de la SAU, Jihmy Fiorelli, explicó que los primeros episodios comenzaron a detectarse a finales de la primavera y se intensificaron durante los meses siguientes, afectando inicialmente al litoral del país, donde se concentra una parte importante de las colmenas, y extendiéndose luego a otras zonas. Entre los departamentos con registros confirmados figuran Paysandú, Río Negro, Soriano, Colonia, Flores, Florida, San José y Canelones, entre otros.
“Desde noviembre venimos acumulando denuncias de mortandad total o parcial de colmenas. Hoy tenemos cerca de 16.000 colmenas registradas como afectadas, pero ese número no refleja la realidad completa”, señaló Fiorelli. Según explicó, existe una subnotificación significativa, ya que muchos apicultores optan por no realizar denuncias formales por temor a conflictos con propietarios de campos, por desconfianza en los mecanismos de respuesta o por considerar que el proceso no tendrá consecuencias concretas.
La dimensión real del problema
En Uruguay existen habitualmente entre 550.000 y 600.000 colmenas, cifra que varía año a año en función de factores climáticos, económicos y productivos. Si bien el número de colmenas afectadas registradas representa un porcentaje relativamente bajo del total, desde la SAU advierten que el impacto real podría duplicar o incluso triplicar las cifras actuales.
“Estamos hablando de más de 85 apicultores que hicieron denuncias formales, pero sabemos que hay muchos más que no se registraron. En algunos casos, la mortandad fue total; en otros, parcial, pero igual de grave, porque esas colmenas no producen miel durante la zafra y necesitan tiempo para recuperarse”, explicó Fiorelli. En términos económicos, esto implica pérdidas directas de ingresos y, en muchos casos, la imposibilidad de afrontar compromisos financieros previamente asumidos.
La gravedad de la situación llevó a la SAU a presentar, ya el 1º de diciembre, una nota solicitando la declaratoria de emergencia apícola, una herramienta que permitiría habilitar mecanismos de apoyo, prórrogas financieras y acciones específicas para sostener al sector en un momento especialmente delicado.
Investigaciones en marcha
Ante la aparición de los primeros casos, se iniciaron tareas de investigación para determinar las causas de la mortandad. Un rol central en este proceso lo cumplió la doctora Estela Santos, quien recorrió durante semanas distintos apiarios afectados en varios departamentos, recolectando muestras y registrando datos de campo. Parte de ese material fue enviado a laboratorios en España, en un procedimiento financiado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), mientras que otros análisis se realizaron en Uruguay, con participación de la Facultad de Agronomía de Paysandú y la Facultad de Química.
De acuerdo con la información disponible hasta el momento, los estudios realizados en el país confirmaron que las abejas no murieron por enfermedades, sino por envenenamiento, lo que descarta patologías naturales como causa principal y apunta al uso de plaguicidas. “Eso ya está confirmado: no fue una enfermedad, fue envenenamiento”, subrayó Fiorelli.
Sin embargo, desde la SAU advierten que los resultados comunicados son incompletos. Si bien se difundieron conclusiones vinculadas a insecticidas, los análisis sobre residuos de herbicidas no han sido entregados al sector ni a los científicos locales que integran el grupo de trabajo. Este punto se ha convertido en uno de los principales focos de conflicto entre la gremial apícola y las autoridades.
Reclamos de transparencia
Durante la última sesión de la Junagra, la SAU presentó dos cartas formales. En una de ellas, solicitó el acceso a toda la información vinculada a los análisis realizados o financiados por el MGAP desde noviembre de 2025, amparándose en la Ley Nº 18.381 de Acceso a la Información Pública. En la otra, reiteró la necesidad de adoptar medidas urgentes frente a la crisis que atraviesa el sector.
“El ministerio sostiene que, como los análisis fueron pagados por ellos, no tienen obligación de entregar los resultados. Desde nuestro punto de vista, eso es inaceptable”, afirmó Fiorelli. “Los apicultores quieren saber qué pasó, dónde estamos parados y qué se puede hacer para que esto no vuelva a suceder”.
La falta de información completa, señaló, dificulta no solo la búsqueda de responsabilidades, sino también la adopción de medidas preventivas. “Sin datos claros, es imposible trabajar en soluciones. Ocultar o retener información solo agrava la desconfianza”, agregó.
El contexto productivo
Más allá del impacto inmediato sobre la apicultura, el problema genera preocupación por sus posibles efectos a mediano y largo plazo sobre el ambiente y otros sistemas productivos. Las abejas cumplen un rol clave como polinizadoras, y su disminución puede afectar la productividad de numerosos cultivos y la biodiversidad en general.
“Nosotros vemos lo que pasa en nuestras colmenas, porque las monitoreamos, pero hay muchos otros polinizadores que no están siendo controlados. El daño ambiental puede ser mucho más amplio de lo que hoy se percibe”, advirtió Fiorelli.
En este sentido, el sector apícola observa con inquietud el aumento previsto de la superficie sembrada con colza o canola, un cultivo que requiere aplicaciones de agroquímicos tanto en la etapa de implantación como antes de la cosecha. Si bien la SAU evita señalar responsabilidades sin pruebas concluyentes, considera que la coincidencia temporal entre las aplicaciones y los episodios de mortandad amerita un análisis exhaustivo.
“No podemos afirmar nada sin los resultados completos de los análisis. Hay sospechas, pero no podemos trabajar sobre sospechas. Necesitamos certezas”, explicó el presidente de la SAU.
Otro de los puntos señalados por el presidente de la Sociedad Apícola del Uruguay fue la ausencia de una respuesta institucional por parte del Ministerio de Ambiente ante la magnitud del episodio. Fiorelli manifestó su preocupación por la falta de intervención del organismo, a pesar de que la mortandad registrada no afecta únicamente a las abejas melíferas, sino también a otros agentes polinizadores fundamentales para los ecosistemas.
“El problema no se limita a las colmenas que nosotros controlamos. Hay una enorme cantidad de insectos polinizadores silvestres cuya mortandad no se puede medir y que también forman parte del equilibrio ambiental”, advirtió. En ese sentido, remarcó que la situación debería haber motivado una actuación más activa del Ministerio de Ambiente, tanto en la investigación de las causas como en la comunicación pública del problema.
Según explicó Fiorelli, desde la cartera ambiental se argumentó que no cuenta con personal técnico especializado ni con laboratorios propios para abordar este tipo de episodios. Para el dirigente apícola, esa explicación resulta insuficiente frente a un fenómeno que considera de extrema gravedad. “Estamos hablando de un impacto ambiental serio, que va mucho más allá del sector productivo. La ausencia de un pronunciamiento oficial genera aún más incertidumbre”, afirmó.
Desde la SAU entienden que la mortandad masiva de abejas debería ser abordada como un problema transversal, que involucra no solo a la Dirección General de la Granja y al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, sino también al Ministerio de Ambiente, dada la relevancia de los polinizadores en los sistemas naturales y productivos del país.
Una actividad en retroceso
La crisis actual se suma a un contexto ya complejo para la apicultura uruguaya. Según datos del sector, más de 150 productores abandonan el rubro cada año, afectados por la caída de precios internacionales, el aumento de costos y las dificultades climáticas. En los últimos tres años, las condiciones no han sido favorables, y muchos apicultores llegaron a esta zafra con expectativas de una mejora que ahora se ve seriamente comprometida.
“La mayoría de los apicultores tiene créditos, muchos en microfinanzas. Perder colmenas en este momento genera una situación de enorme incertidumbre”, señaló Fiorelli. “Por eso insistimos tanto en la declaratoria de emergencia apícola: no es un capricho, es una necesidad”.
Por el momento, el sector aguarda respuestas concretas por parte de las autoridades. La SAU no descarta recurrir a otros mecanismos institucionales si no se obtiene la información solicitada ni se avanza en medidas de apoyo. Mientras tanto, la preocupación se mantiene, tanto por el impacto económico inmediato como por las consecuencias ambientales y productivas a futuro.
“La apicultura no es solo miel. Es ambiente, es producción, es soberanía alimentaria. Lo que está pasando debería preocuparnos a todos”, concluyó Fiorelli.