Suprema Corte suspende parcialmente ordenanzas sobre agroquímicos y reabre el debate en Buenos Aires
Tras denuncias ambientales, mientras el país discute un marco unificado para los fitosanitarios.
El fallo de la Suprema Corte de Justicia que suspendió parcialmente las ordenanzas que regulan el uso de agroquímicos en los municipios bonaerenses de Tandil y Rauch, a raíz de una denuncia por supuesta afectación ambiental en la Cuenca del Chapaleofú, reavivó la discusión sobre la regulación de los fitosanitarios en la provincia de Buenos Aires.
Actualmente, de los 135 municipios bonaerenses, 86 cuentan con ordenanzas que regulan la aplicación de estos productos, aunque no existe un criterio unificado. Desde 2021, el Ministerio de Desarrollo Agrario implementa el programa de Buenas Prácticas Agrícolas, destinado a que los productores de cultivos extensivos gestionen sus explotaciones de manera que se mejore y conserve la calidad de los suelos.
Del total de ordenanzas vigentes, 71 regulan específicamente las distancias de aplicación, 6 prohíben ciertos productos o establecen restricciones generales sin fijar distancias, y 28 municipios no poseen regulación específica. A nivel provincial, la Resolución 246 establece un límite de 2.000 metros para aplicaciones aéreas en centros poblados y se mantiene prorrogada desde su sanción.
El debate por un marco unificado de regulación también llegó a la Legislatura bonaerense, donde descansa un proyecto presentado a fines de 2024 por la diputada y dirigente rural Silvina Vaccarezza. La iniciativa, respaldada por la Mesa de Enlace bonaerense, colegios profesionales de veterinarios e ingenieros agrónomos y sectores del oficialismo, busca homogeneizar la disparidad de normas municipales y garantizar criterios de seguridad y sostenibilidad en el uso de agroquímicos.
En medio de la controversia, el intendente de Pergamino, Javier Martínez, señaló que “la Nación tiene que legislar esto” y remarcó que “el cuidado del medioambiente es un tema nacional”, aunque la Constitución establece que los suelos son competencia de las provincias.
Por su parte, el exministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, sostuvo a Diario La R que “lo saludable es que las decisiones de la Justicia estén amparadas en el rigor científico. Hablamos de cuidados de la población y de hacer viable el sentido de producción. Entonces, nadie mejor que la Academia para establecer las pautas, porque a veces resuelven sin ampararse en auditorías correctas y corren riesgo de equivocarse y mucho”.
Domínguez agregó que “debería existir un acuerdo de Buenas Prácticas Agrícolas con presupuestos mínimos. Hay experiencia en Córdoba, pero el gran acuerdo se da en el Consejo Federal. Nosotros habíamos establecido un acuerdo de presupuestos mínimos, pero después depende de cada provincia y los municipios. La reglamentación de los procedimientos es de SENASA, que es nacional, pero la aplicación es municipal”.
Con la suspensión judicial parcial de las ordenanzas, el debate vuelve a centrarse en la necesidad de equilibrar la producción agrícola con la protección del medioambiente y la salud pública, y plantea la urgencia de generar un marco legal claro y uniforme que pueda aplicarse en toda la provincia y eventualmente a nivel nacional.