Ortuño destacó "blindaje jurídico" y "ahorro" con proyecto Neptuno; costo anual a consorcio bajó US$ 10 millones
El ministro de Ambiente y el presidente de OSE, Pablo Ferreri, comparecieron a Comisión Permanente este martes por la renegociación del contrato del proyecto Arazatí.El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y el presidente de OSE, Pablo Ferreri, comparecieron a la Comisión Permanente en régimen de comisión general -no interpelación- a pedido de la oposición.
El motivo del llamado -que incluyó un breve apagón en sala sobre las 18.00 horas- fue para brindar explicaciones sobre el paquete de obras de OSE anunciadas, entre ellas la renegociación del proyecto Arazatí que firmó el expresidente Luis Lacalle Pou; y los motivos del “importante aumento” de la tarifa del agua en enero, de 8,5%, por encima de la inflación.
El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, que impulsó el llamado y realizó 26 preguntas, comenzó marcando que Ortuño anunció el 18 de diciembre pasado un conjunto de obras diferente al que planteó durante su interpelación, el 19 de agosto pasado. Esto en referencia a que no se incluyó en la última versión del contrato una represa y planta potabilizadora en Solís Chico, así como que se sumó una nueva línea de bombeo
El contrato renegociado que busca “asegurar” el agua potable del área metropolitana, cambió la planta potabilizadora de Arazatí, tras marcar “debilidades” del proyecto que tomaba agua del Río de la Plata, hacia Aguas Corrientes, que se abastece del Santa Lucía, con capacidad de hasta 200.000 metros cúbicos (m3). Estará ubicada al costado de la histórica planta potabilizadora, que toma agua de la misma fuente, para reforzar el abastecimiento hacia 2045, que pasaría de 600.000 m3 diarios a 845.000 m3.
El gobierno destacó que con la renegociación, que pasó a estudio del Tribunal de Cuentas (TCR), se bajó la inversión (monto del capital) de US$ 294 millones, más US$ 70 millones extra de obras que debía asumir OSE (US$ 364 millones en total), a US$ 212,6 millones, unos US$ 150 millones de ahorro.
Sin embargo, el monto final a pagar implicará un monto mayor porque será un pago por disponibilidad (PPD), en 17.5 años, donde el consorcio privado asume la financiación y mantenimiento. Ortuño dijo que las obras se van a iniciar “a mediados” de este año.
El titular de OSE, Pablo Ferreri, planteó que el plan original de Neptuno preveía un costo total contractual, definido en unidades indexadas (UI), de US$ 875 millones al tipo de cambio actual, con una cuota anual de US$ 50 millones. Con la nueva planta en Aguas Corrientes, la cuota anual sería de US$ 10 millones menos (US$ 40 millones), lo que supondría un “alivio grande” en el flujo de OSE para “hacer otras obras”, agregó. Con la reducción, el pago total estatal a lo largo de 17.5 años sumaría US$ 700 millones.
El diputado Rodríguez cuestionó no solo que se va a depender de la misma fuente que hoy abastece a Aguas Corrientes, sino que hubo cambios del presupuesto. El nacionalista apuntó que en agosto se manejaba un costo de US$ 215 millones, con la obra de Solís Chico incluida, pero en diciembre se anunció que se hacía aparte, por unos US$ 50 millones extra. “Mi preocupación es que esto no se termine transformando en un Antel Arena”, lanzó.
Ortuño, en tanto, sostuvo que “se van a realizar” las obras de la represa y planta potabilizadora en Solís Chico, a través de otra licitación, internacional, por un costo de unos US$ 45 millones, para lo cual el gobierno busca un préstamo del BID. La opción de no incluirlas en el proyecto Neptuno fue para “despejar toda discusión jurídica sobre la pertinencia de su inclusión en el marco del contrato original”, dijo el ministro. No obstante, para Rodríguez esta exclusión de obras fue un “reconocimiento” de que podían ser cuestionadas a nivel jurídico, como advirtió la oposición en agosto.
Otro eje es la obra “fundamental” de una séptima línea de bombeo, de unos US$ 50 millones, que no estaba prevista y se incluyó en la renegociación, que brindará más capacidad de transporte de agua hacia la zona este. También se va a “mejorar” la cuarta línea de bombeo y la “eficiencia” de la quinta línea, una nueva planta de tratamientos de lodos, una subestación de UTE, y otras obras.
El plan del gobierno de robustecer el sistema metropolitano incluye la represa de Casupá (118.000.000 m3), para complementar las reservas de Paso Severino y Canelón Grande (85.000.000 m3), para asegurar la producción continua de la Planta de Aguas Corrientes. Esta obra, resistida por algunos vecinos y la oposición, se prevé hacer mediante licitación, a la que se presentaron ocho empresas, y será financiada con un préstamo de CAF por US$ 130 millones.
Esta obra, que expertos de la OSE recomiendan “desde hace 55 años”, se prevé que inicien a comienzos de 2027, se extiendan hasta mediados de 2029, a lo que se debe sumar el llenado de la represa. El diputado Rodríguez apuntó que si el proyecto Casupá avanza “el impacto y daño que van a causar son innegables”. “Si algo sale mal, va a tener que hacerse cargo”, lanzó al ministro.
“Todas las obras anunciadas por el gobierno se van a realizar”, enfatizó Ortuño, quien valoró que la nueva infraestructura implicará un ahorro “significativo” frente al contrato original. El cálculo del gobierno es que la inversión de estas “obras necesarias”, pasarán de una inversión de US$ 539 millones a US$ 388 millones, unos US$ 150 millones de ahorro.
Sobre los cambios de lo presentado en agosto, Ferreri respondió a Rodríguez en rueda de prensa: “Tiene razón, a todas las obras que anunciamos en agosto, hoy le agregamos la séptima línea de bombeo que va a permitir solucionar problemas estructurales”.
“Esta renegociación está blindada jurídicamente”, agregó Ortuño, respecto al “amplio respaldo jurídico”, tanto a nivel de OSE, como de los abogados Carlos Delpiazzo, Augusto Durán Martínez, Graciela Ruocco, Martín Risso, Cristina Vázquez y Sebastián Ramos, que elaboraron informes. El ministro leyó algunos pasajes donde se dijo que los cambios no implicaron una desnaturalización del contrato original, entre otros aspectos.
Ferreri puso énfasis en el “enfoque sistémico”, y de no mirar obras aisladas, para solucionar la provisión de agua potable al 2045. Parte del plan incluye también obras de saneamiento (US$ 274 millones) y de “modernización” de OSE. El último punto busca la tele medición inteligente para mitigar las pérdidas. “El agua no facturada por OSE es el 50% de agua producida”, graficó.
“Este gobierno realizará un conjunto de obras fundamentales y esta inversión histórica en OSE para asegurar y garantizar el abastecimiento de agua de la población del área metropolitana para que no deba volver a sufrir la interrupción del servicio como sufrió en 2023”, enfatizó el ministro. En rueda de prensa, aclaró que no está previsto tener una situación similar que hace tres años.
Ortuño remarcó que el proyecto Arazatí “no aseguraba el abastecimiento de agua que vive en el agua metropolitana”, ni tampoco en Riachuelo, porque “solo aportaba 200.000 m3 de producción, que consume 600.000 m3 promedio. “La prioridad absoluta es garantizar las reservas que permitan que Aguas Corrientes produzca los 365 días del año el agua potable para la totalidad de la población”, enfatizó.
Aumento de tarifas por encima de inflación
Ortuño recordó que en enero de 2025 el aumento de tarifas de OSE fue de 7% -también por encima de la inflación- y que la suba de 8,5% fue para “garantizar la viabilidad financiera, pero lo más importante para garantizar los servicios que presta a la población, la continuidad y calidad de los mismos, y por supuesto, aportar a la realización de estas inversiones”.
“OSE tiene un problema estructural en cuanto a la composición de sus ingresos y gastos, que viene desde hace décadas”, dijo Ferreri. Entre varios datos, planteó que entre 2010 a 2024, “los ingresos siempre han estado debajo de los costos del organismo” y que en 2025 la deuda fue “en el entorno de la facturación”. Un aspecto que explica este desfasaje, agregó, fue que hasta 2025 las tarifas se ajustaron por debajo de la inflación.
“Es necesaria esa recomposición tarifaria para poder atender el plan de inversiones más ambicioso que ha tenido OSE a la fecha”, agregó Ferreri. Tomando en cuenta que el 89% de la población consume hasta 15 m3 al mes, para la mayoría de hogares y el interior -salvo la zona balnearia- el ajuste de 8,5% implicaría una suba de $ 69 en la factura mensual frente a 2025.
El titular de OSE dijo en rueda de prensa que pidieron incrementar la tarifa 8,5%, como fijó el Poder Ejecutivo. “Este aumento contribuye a hacer viable la empresa, porque en términos económicos y financieros la empresa que recibimos no es viable en el largo plazo”, acotó.