El conflicto portuario destapa la grieta del Frente Amplio: Socialistas desafían a Castillo y al MPP
El rechazo del Supra a la propuesta del ministro de Trabajo no solo frena la solución al conflicto por los jornales, sino que reaviva la puja interna por el control de la ANP. Empresarios, mientras tanto, aceptaron la hoja de ruta y amenazan con llevar el caso a votación.El ambiente en la bahía de Montevideo es de tensa calma.
La propuesta que el ministro de Trabajo, Juan Castillo, colocó sobre la mesa el pasado jueves en la sede del MTSS parecía, para muchos, el documento capaz de engrasar los engranajes de una negociación que lleva más de ocho meses encallada. Sin embargo, el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra), de marcada influencia socialista, rechazó la iniciativa, acusándola de ser un avance, pero “insuficiente”.
El planteo del Ministerio, conocido al dedillo por Castillo —un histórico comunista que conoce la terminal desde su juventud—, proponía una fórmula de despegue: la creación de una comisión tripartita para revisar el régimen de convocatorias, ajustes salariales correctivos por encima de la inflación, y un sistema de garantías que asegura el ingreso al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) para quienes trabajen hasta cuatro jornales, y un piso de nueve jornales para aquellos que se muevan en la franja superior .
Los empresarios, nucleados en el Centro de Navegación (Cennave), aceptaron la hoja de ruta. Incluso advirtieron que, ante la falta de acuerdo, considerarían “inevitable el pedido formal de votación”, según consignó El País. La postura empresarial, sin embargo, no es ingenua. Fuentes del sector recordaron que en 2024 se pagaron más de 600.000 dólares por jornales no trabajados bajo el sistema actual, un esquema que, según la presidenta de Cennave, Mónica Ageitos, “provoca perjuicios a las empresas, trabajadores y al país”, informó Ámbito.
La estrategia del “rehén” y la danza de los números
El conflicto no es nuevo, pero su temperatura ha ido en aumento. El Supra, liderado por militantes del Partido Socialista, inició en febrero una serie de paros escalonados de 24 horas, primero en Terminal Cuenca del Plata (TCP) y luego en depósitos y operadores. La estrategia sindical es clara: paralizar por empresas de forma “esporádica” para no detener toda la actividad de golpe, pero mantener la presión constante.
El presidente del Supra, Álvaro Reynaldo, explicó que la pulseada central es por la estabilidad. El gremio partió de una exigencia de 13 jornales asegurados y, en un gesto de “flexibilización”, bajó su pretensión a nueve. “Hemos flexibilizado; lo último que pedimos fueron nueve jornales asegurados y la contestación fue nuevamente negativa”, señaló Reynaldo en diálogo con Radio Monte Carlo.
El ministro Castillo, en un intento de descomprimir, intenta “colocar otro eje sobre un número distinto, pero asegurar prestaciones sociales”, sugiriendo que la discusión no debe ser solo numérica, sino de derechos. Sin embargo, para los trabajadores, la negativa empresarial a discutir una cifra concreta es una provocación que justifica mantener al puerto como “rehén”, conscientes del impacto que una parálisis genera en toda la cadena productiva del país.
La sombra de la política: PS vs. MPP
Sin embargo, el ruido de fondo que se escucha más allá de los contenedores y las grúas es político. Según fuentes portuarias consultadas por El País, la interna del Frente Amplio se ha instalado en el puerto con la fuerza de un temporal.
El alejamiento de la exvicepresidenta de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Alejandra Koch —figura cercana al Partido Socialista, ahora reubicada como asesora—, habría encendido las alarmas en la colectividad. Las fuentes señalaron a El País que el Partido Socialista apuesta a la conflictividad gremial como una herramienta para “volver a tener incidencia en la política portuaria”.
El objetivo, en este tablero, sería forzar un cambio en las autoridades de la ANP. Actualmente, el organismo está presidido por Pablo Genta (afín al MPP), acompañado por Constante Mendiondo (hombre de confianza de la ministra Lucía Etcheverry, también del MPP) y Jorge Gandini (Partido Nacional) en representación de la oposición. El ingreso de un director alineado con el PS alteraría el equilibrio actual.
Las fuentes consultadas son duras en su diagnóstico: aseguran que el sindicato sabe que el gobierno no decretará la esencialidad en el servicio, por lo que la única vía para aplacar la conflictividad sería una negociación política que recomponga la influencia socialista en el directorio. “El sindicato tiene al puerto de rehén”, sintetizaron.
Escenario: ¿negociación o choque de trenes?
Por ahora, la propuesta de Castillo —un histórico dirigente del Partido Comunista, conocedor de las dinámicas internas del puerto— queda como un puente tendido que el gremio ha decidido no cruzar aún. La próxima reunión en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) será clave.
El gobierno busca evitar más medidas “sorpresivas” que afecten la competitividad de una terminal que, pese a los conflictos, movilizó 3,1 millones de toneladas en graneles entre enero y septiembre de 2025, un 29% más que el año anterior, y logró mejorar su desempeño en el índice del Banco Mundial.
Pero mientras los números de facturación crecen, la desconfianza política se profundiza. La pulseada por los jornales asegurados es, en el fondo, una pulseada por el control de uno de los enclaves estratégicos del país. Y en esa lucha, el Frente Amplio vuelve a mostrarse con sus costuras a la vista.