Oddone destacó el papel de la construcción en el crecimiento y apoya modernización de contratos
El presidente de la CCU, Alejandro Ruibal, reclamó previsibilidad y más inversión pública, en el Día de la Construcción.El Club de Golf de Montevideo fue este lunes el escenario de la celebración del Día de la Construcción, tradicional encuentro del sector que reúne a empresarios, trabajadores, autoridades del gobierno y actores vinculados a la obra pública y privada.
En ese marco, con la presencia del presidente Yamandú Orsi, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y el ingeniero Alejandro Ruibal, presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU), expusieron su visión sobre el momento actual de la industria, los desafíos de competitividad y las perspectivas para los próximos años.
Oddone destacó los avances en estabilidad macroeconómica, las medidas de convergencia fiscal y los proyectos orientados a incentivar la inversión, al tiempo que subrayó la necesidad de modernizar los contratos en la obra pública.
El ministro agradeció a la Cámara de la Construcción por la invitación y destacó la tradición en Uruguay de que los gobiernos participen en actividades sectoriales para presentar lineamientos y recibir retroalimentación del sector privado. Oddone enfatizó que Uruguay se encuentra en condiciones de tomar decisiones estratégicas que permitan fortalecer su posición internacional y atraer inversiones, aprovechando factores diferenciales como el cumplimiento de normas, la estabilidad institucional y la adhesión a la democracia.
“Hoy Uruguay está en condiciones de captar la atención de inversores y eso es un momento que debemos aprovechar”, enfatizó Oddone y destacó que la reciente convocatoria internacional para captar financiamiento en los mercados externos es un ejemplo de la confianza que genera el país. El ministro destacó, además, que la industria de la construcción ha experimentado un cambio profundo en las últimas dos décadas, con empresas que se internacionalizan, incorporan tecnología y aumentan su eficiencia productiva.
Sostuvo que la prioridad del gobierno es acelerar la tasa de crecimiento económico y generar condiciones que incentiven la inversión privada, con el objetivo de mejorar el empleo y los salarios, factores centrales para elevar la calidad de vida de la población. Para ello, el ministro repasó los cuatro objetivos principales del gobierno: consolidar la estabilidad macroeconómica, promover un crecimiento más rápido, fortalecer la matriz de protección social y mejorar la seguridad.
Respecto a la estabilidad macroeconómica, Oddone destacó que Uruguay cuenta con grado inversor desde hace más de una década y posee el menor riesgo país de la región. Señaló que esto permite acceder a financiamiento a tasas relativamente bajas en un contexto internacional de restricciones crediticias. Asimismo, destacó la consolidación de la baja inflación en niveles históricos, con tasas por debajo del 6%, y una convergencia de las expectativas privadas a las metas proyectadas por el Banco Central, lo que refleja la credibilidad de las instituciones.
En materia fiscal, señaló que la estrategia del gobierno se centra en la convergencia fiscal gradual, priorizando el equilibrio de las cuentas públicas sin afectar el gasto social ni incrementar la presión tributaria sobre los factores productivos. Explicó que el déficit fiscal se ubica actualmente en torno al 4,1% y que el objetivo es alcanzar un equilibrio primario al final del periodo de gobierno, manteniendo la deuda por debajo del 65% del Producto Interno Bruto, lo que se considera un nivel prudente para evitar riesgos de divergencia fiscal.
En relación con la inversión, el ministro subrayó la creación de la Dirección Nacional de Incentivos a la Inversión, que centraliza la interlocución entre el sector privado y el Ministerio de Economía y Finanzas. Oddone puso énfasis en la importancia de reducir la burocracia y los costos para el sector privado, mediante la simplificación de trámites, la digitalización de procesos y la eliminación de tasas innecesarias. Asimismo, expresó su intención de continuar promoviendo cambios en la intermediación financiera para facilitar el crédito interno, especialmente a pequeñas y medianas empresas, frente a un sistema que actualmente canaliza gran parte de los depósitos en dólares hacia el exterior.
El ministro también abordó la inversión pública, destacando la transparencia en la planificación y ejecución de obras. Señaló que, por primera vez, se establecen topes y registros de proyectos de inversión que exceden el periodo presupuestal, permitiendo un control más efectivo por parte del Parlamento y los organismos de supervisión.
Agencia de Infraestructura y banco de proyectos
Asimismo, Oddone mencionó que se trabaja en la eventual creación de una agencia de infraestructura y en la consolidación de un banco de proyectos que trascienda los periodos de gobierno. Respecto a la construcción, destacó su papel clave en el crecimiento económico, la generación de empleo de calidad y la provisión de infraestructura y vivienda. Señaló que el sector representa aproximadamente un 10% del Producto Interno Bruto y que su crecimiento en los últimos cinco años ha superado al del promedio de la economía. El ministro subrayó la necesidad de mantener un equilibrio entre el crecimiento de la construcción y la estabilidad macroeconómica, evitando distorsiones en los precios relativos o riesgos financieros excesivos para el sector público.
Modernizar los contratos
En este marco, Oddone respaldó la propuesta de modernizar los contratos en la obra pública. Planteó la necesidad de adoptar modalidades más flexibles, que incorporen tecnología y mejoren la productividad, y que distribuyan de manera más equilibrada los riesgos financieros entre el sector público y privado. “No hay nadie mejor que el sector privado para gestionar el riesgo financiero; el sector público no cuenta con los instrumentos ni la experiencia para asumirlo completamente”, afirmó.
El ministro también mencionó la coordinación entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Vivienda para definir áreas prioritarias de vivienda promovida, destacando la relevancia de estos programas para estimular la inversión y el empleo. Señaló que el enfoque se centra en la gestión eficiente de recursos y en la implementación de políticas orientadas a la población más vulnerable.
En materia de infraestructura, el presupuesto quinquenal prevé inversiones por aproximadamente 3.300 millones de dólares, distribuidas principalmente en transporte y logística, desarrollo territorial y movilidad urbana, agua, riesgo y saneamiento, infraestructura social y salud. En seguridad, se destinarán alrededor de 100 millones de dólares, incluyendo proyectos vinculados a establecimientos penitenciarios. El ministro enfatizó que estas inversiones se planifican con criterios de transparencia y continuidad, para que los proyectos puedan ejecutarse independientemente de los cambios de gobierno.
Oddone concluyó su exposición destacando la necesidad de acelerar el crecimiento económico para preservar los factores diferenciales de Uruguay, como la convivencia y la estabilidad institucional, que generan atractivo para inversores y empresas. Subrayó que la clave para lograrlo es crear condiciones favorables para la inversión privada, incluyendo estabilidad macroeconómica, menores costos de financiamiento, incentivos tributarios, capital humano calificado y la participación de empresas públicas en áreas estratégicas.
“Somos un sector que mueve la economía y genera trabajo”
Por su parte, el presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, Alejandro Ruibal, sobre la necesidad de consolidar la inversión pública y mantener reglas claras que aseguren previsibilidad para el desarrollo del sector y destacó la importancia del diálogo social y la capacitación como pilares para sostener el empleo y la productividad.
Ruibal subrayó que la construcción ha sido uno de los motores del crecimiento del país, contribuyendo al empleo y al dinamismo económico. “Somos un sector que mueve la economía y genera trabajo de calidad en todo el territorio”, expresó. Sin embargo, advirtió que mantener ese impulso exige planificación, inversión sostenida y previsibilidad en las decisiones del Estado.
El titular de la CCU señaló que, tras varios años de crecimiento asociado a grandes obras públicas y privadas, el sector enfrenta una etapa de transición, con la necesidad de nuevos motores de actividad. “Estamos culminando un ciclo importante, con obras que marcaron una etapa, y necesitamos garantizar que haya continuidad en la inversión. No se trata solo de grandes proyectos, sino también de obras medianas y pequeñas que dinamizan la economía local”, afirmó.
La inversión pública como herramienta de desarrollo
Ruibal defendió la importancia de la inversión pública como política de Estado. Recordó que la obra pública no solo tiene un impacto económico, sino también social y territorial. “La infraestructura es desarrollo. Cada kilómetro de carretera, cada puente, cada escuela o centro de salud construido genera oportunidades, conecta a las personas y mejora la calidad de vida”, señaló.
En ese sentido, llamó a mantener un nivel de inversión pública sostenido y previsible, independientemente de los ciclos económicos o los cambios de gobierno. “El país necesita políticas de largo plazo que trasciendan a los períodos electorales. La infraestructura no puede ser un tema de coyuntura; requiere continuidad, planificación y recursos”, enfatizó.
El presidente de la CCU también destacó el papel de las asociaciones público-privadas (APP) y los modelos de participación de capital privado en la ejecución de grandes proyectos.
Competitividad y productividad: los desafíos del sector
Otro de los ejes centrales del discurso fue la competitividad del sector. Ruibal afirmó que Uruguay ha logrado avances en materia de calidad y seguridad, pero enfrenta desafíos en costos y productividad. “La competitividad no se mejora solo reduciendo salarios ni bajando costos laborales. Se mejora con innovación, tecnología y capacitación continua”, sostuvo.
A su juicio, el país necesita avanzar en una mayor digitalización de procesos y en la incorporación de nuevas tecnologías constructivas. “La construcción uruguaya ha mostrado capacidad de adaptación, pero debemos acelerar la transición hacia una industria más moderna, eficiente y sostenible”, apuntó.
El presidente de la Cámara hizo énfasis en el valor del diálogo tripartito como herramienta para resolver diferencias y construir acuerdos. “La construcción ha sido históricamente un ejemplo de diálogo social. No siempre pensamos igual, pero hemos aprendido a sentarnos a la mesa y encontrar soluciones que equilibren los intereses de todos”, dijo, en referencia a la relación entre empresarios, trabajadores y el gobierno.
Ruibal reconoció el papel del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) en la defensa de los trabajadores y en la promoción de la seguridad laboral, pero llamó a mantener un clima de responsabilidad. “Podemos tener distintas visiones, pero lo importante es preservar la estabilidad del sector y el empleo. Las obras no se sostienen sin confianza ni sin previsibilidad”, agregó.
En materia laboral, destacó que el sector ha recuperado niveles de empleo cercanos a los previos a la pandemia, aunque con desafíos en la rotación y la formalización. “Hoy tenemos cerca de 45 mil trabajadores ocupados directamente, pero debemos seguir mejorando en la calidad del empleo, en la seguridad y en la profesionalización de los oficios”, expresó.
En otro tramo de su intervención, Ruibal se refirió a la sostenibilidad ambiental y a la necesidad de avanzar hacia prácticas constructivas más responsables con el entorno. “La construcción sostenible ya no es una opción, es una obligación. El mundo está cambiando y nosotros tenemos que acompañar ese cambio. Incorporar criterios ambientales, reducir la huella de carbono y promover la economía circular son desafíos que debemos asumir”, subrayó.
El rol del Estado y la necesidad de previsibilidad
Ruibal reiteró en varios pasajes su llamado a la previsibilidad institucional y regulatoria. “Las empresas necesitan certezas. Las inversiones en infraestructura son de largo plazo y no se pueden planificar si las reglas cambian constantemente. La previsibilidad es un valor que el Uruguay debe cuidar”, dijo.
También pidió que las licitaciones públicas mantengan criterios claros y transparentes, que aseguren la competencia y la participación de empresas nacionales e internacionales. “El país se ha caracterizado por tener procesos serios y confiables, y eso hay que mantenerlo. La confianza institucional es uno de nuestros principales activos”, destacó.
El presidente de la CCU reconoció los avances en infraestructura durante los últimos años —en particular en carreteras, puertos y vivienda—, pero advirtió que aún existen brechas importantes en el interior del país.
Ruibal puso el foco en la necesidad de modernizar los contratos del sector para mejorar la eficiencia, la asignación de riesgos y la calidad de las obras.
Destacó que muchos de los contratos actuales no reflejan las prácticas internacionales más avanzadas y que existe un retraso en la adopción de herramientas modernas que permitan acelerar proyectos y distribuir de manera más equilibrada los riesgos entre las partes. “El riesgo debe estar en manos de quien puede evaluarlo mejor, y no cargarse unilateralmente sobre uno de los actores. Esto es lo más sano y eficiente para todas las obras”, subrayó.
El dirigente recordó que la correcta elección del contratista es clave: “Elegir bien significa contar con empresas con dominio técnico, profesionalismo y ética. No se trata solo de buscar el precio más bajo; los contratos baratos generan problemas y reclamaciones adicionales, como ya ocurría incluso en el siglo XVII”, señaló Ruibal.