"Legado pesado": FA evalúa los detalles del Proyecto Arazatí y Ortuño no descarta la rescisión del contrato
“OSE podrá rescindir unilteralmente el contrato cuando existan razones de interés público debidamente fundadas y resueltas por el Poder Ejecutivo", establece el documento que da aval al proyecto.
El gobierno entrante encabezado por Yamandú Orsi analizará el contrato del Proyecto Arazatí, para reforzar el abastecimiento de agua potable para la zona metropolitana, que firmó la semana pasada el presidente Luis Lacalle Pou, y no se descarta la posibilidad de rescindirlo.
El designado ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, mantuvo hoy una reunión con el secretario de Estado saliente, Robert Bouvier, y a la salida del encuentro en la sede ministerial de la calle Juncal, ambos fueron consultados por el Proyecto Arazatí.
La reunión se dio horas después de que la Mesa Política del Frente Amplio remarcara que la iniciativa es “insostenible financiera y socialmente", así como “inconveniente” y “observado” por varios sectores de la sociedad.
Luego, Ortuño señaló en rueda de prensa, junto a Bouvier, en el piso 11 de la sede de Ambiente, que el gobierno de Lacalle Pou le dejó un “legado pesado para el próximo gobierno”, por los cuestionamientos ambientales, financieros y judiciales que ha acumulado el proyecto, que sería desarrollado por el Consorcio Aguas de Montevideo (Saceem, Berkes, Ciemsa y FAST), con un costo que rondaría los US$ 900 millones para el Estado, a pagar en unas dos décadas.
Más allá de la firma del contrato del 22 de enero, “lo seguiremos trabajando a nivel de estudio técnico a la interna del equipo entrante con Orsi”, añadió el futuro ministro. La rúbrica “cambia” el trabajo previsto para Ambiente en la próxima administración, señaló Ortuño, en relación a que el "costo significativo de la obra" podría dejar a OSE en una "situación crítica".
Ortuño señaló que todos los aspectos vinculados al proyecto, tras la firma del contrato, “requieren un análisis responsable, serio, pensando siempre en lo que sea mejor para para el Uruguay”.
En tal sentido, valoró que “no corresponde hacer declaraciones contundentes” hasta no “estudiar” el contrato, “hacer las evaluaciones técnicas”, económicas y jurídicas. Esto último en referencia a denuncias ya realizadas por quienes entienden que el proyecto privado va en contra del artículo 47 de la Constitución de la República.
Es un “tema país” que incluirá también el análisis de las futuras autoridades del MEF, OPP y OSE, destacó el próximo secretario de Estado. Desde su equipo, adelantó, se está “preparando ya” un “informe” con todos los aspectos en torno al proyecto. Este se le acercará a Orsi, quien definirá si Arazatí continúa o no; y, en caso de seguir, con qué diseño y condiciones.
Uno de los puntos que está a “análisis” a nivel del futuro gobierno es a cuánto ascendería el monto que debería pagar el Estado, en caso de que resuelva rescindir el contrato recientemente firmado.
“OSE podrá rescindir unilteralmente el contrato cuando existan razones de interés público debidamente fundadas y resueltas por el Poder Ejecutivo. Esta decisión dará derecho a indemnización al contratista”, establece el inciso F, del capítulo 17.1, de la página 54 del contrato firmado hace menos de una semana, al que accedió El País.
El gerente general de OSE, Arturo Castagnino, estimó que en caso de rescindir el contrato le correspondería al consorcio privado el “lucro cesante” y las “multas correspondientes”. Esto, entiende, supondría un “enorme error”, pondría “en peligro el abastecimiento público de agua potable a la región metropolitana” y a esto se le sumaría la “mala imagen que el país mostraría por la inseguridad jurídica”.
“Tendremos que trabajar tomándonos el tiempo necesario, sin posicionamientos apresurados y con mucho sustento técnico en base a la información que continuemos recibiendo”, dijo también Ortuño en la rueda de prensa. Y agregó: “Lo que nos corresponde ahora es sobriedad, mucha responsabilidad y tomarnos el tiempo".
El próximo titular de Ambiente, quien calificó de “importante error” la firma de este proyecto, tiene previsto mantener otras reuniones por el tema con “productores” de la zona en que se instalaría, el sindicato de OSE (Ffose) y algunas de las 161 diversas organizaciones que adhirieron a una carta enviada a Lacalle Pou pidiendo que no se firme el contrato.
“Lo que sí está claro, y es bueno que lo tengamos claro así todos, es que el contrato se firmó con las características del proyecto originales. No se incorporaron cambios, a pesar de que se ofrecieron o se plantearon”, cuestionó Ortuño.
"Nosotros en todo momento hemos expresado que, así como está diseñado el proyecto no nos convence", le escribió Orsi a Lacalle Pou en una carta sobre Arazatí la semana pasada, pidiendo que "reconsidere e instrumente los mecanismos para evitar dar" la firma.
Sobre el memorándum de entendimiento para realizar eventuales modificaciones de Arazatí en el futuro, Ortuño puntualizó: “Le damos el valor político que tiene, pero es bueno tener claro que no tiene ningún valor jurídico”.
Consultado sobre qué deja este gobierno en materia ambiental, Bouvier retrucó ante su sucesor: “Deja mucho, pero deja también Arazati. La solución a un problema al agua potable, a la región metropolitana. Eso me parece que es muy importante”.
“Se hace mucho hincapié en los problemas que ocasiona supuestamente Arazati, pero no se habla de los beneficios que va a traer para una crisis hídrica como la que tuvimos, muy importante, que necesita una solución que el país está esperando hace más de 40, 50 años, y que este gobierno como estrategia tuvo desde el primer día”, resaltó.
Infracciones ambientales
Más allá de las “diferencias” notorias en torno a Arazatí, el jerarca saliente y el entrante valoraron el tono, el intercambio de información de gestión y en cuanto a próximas medidas que se tomarán, como ajustar el valor de las multas por incumplimientos ambientales.
El artículo 295 de la Ley de Urgente Consideración (LUC), de creación del Ministerio de Ambiente, establece que “los infractores serán pasibles de multas que podrán oscilar entre 10 UR (diez unidades reajustables) y hasta 100.000 UR (cien mil unidades reajustables), sin perjuicio de lo dispuesto por otras normas aplicables”.
Lo que resta es ajustar la reglamentación, mediante un nuevo decreto que sigue en la órbita del Poder Ejecutivo, para “aumentar mucho más los montos de las multas” por daños ambientales de forma “progresiva”, explicaron desde Ambiente.
Ortuño planteó en rueda de prensa que es un “acuerdo importante” el paso de “aumentar las multas cuando haya infracciones significativas”, con un “nuevo sistema” que permita tener “gradualidad y dosimetría” en las sanciones.