La versión del gobierno sobre el reclamo por el Ferrocarril Central: "Es muy fácil criticar desde afuera"
El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, dijo que descarta "plenamente" que haya habido un incumplimiento por parte de esta administración.El gobierno, en voz del ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, dio a conocer su versión de lo sucedido con el Ferrocarril Central y el reclamo del Grupo Vía Central, empresa encargada de la obra que anunció que iniciará una demanda internacional por impagos del Estado.
Falero convocó a una conferencia de prensa en la que indicó que "el incumplimiento no es tal" y que el diferendo se debe a una serie de modificaciones realizadas en los últimos años al contrato original, que firmó la administración de Tabaré Vázquez y que el actual gobierno cuestionó.
"Este es un contrato que se firmó el 10 de mayo de 2019 en la administración anterior y bastante complejo para poder ejecutar y terminarlo. Esto viene atado al contrato ROU-UPM, que le exigía al gobierno nacional una serie de condiciones para poder cumplir con el mismo y que no sea pasible de sanciones", relató.
"Hoy es muy fácil venir a cargar la responsabilidad sobre la actual administración sobre algo que desde el inicio arrancó mal. Lo dijimos una y otra vez. El contrato original se había firmado de forma apresurada", añadió.
En este sentido, en búsqueda de corregir algunos aspectos, se ha ido negociando para "que los uruguayos no nos viéramos afectados ante reclamaciones muy variadas" a las que se había expuesto el Estado, según Falero.
Entonces se hizo una primera adenda, es decir, una modificación del contrato en 2021. Luego hubo otra en 2023. "Pensábamos que habíamos resuelto el tema ya que la empresa debía entregar la obra finalizada el 24 de diciembre de 2023. Eso no aconteció, por tanto se abre allí una instancia de negociación nuevamente", relató el ministro saliente.
Según dijo, la puesta en marcha del tren se concretó el 1° de abril de 2024 y no en diciembre de 2023, como argumenta la empresa. "Recién el 8 de agosto terminamos la puesta de servicio definitiva, con observaciones que aún no se han terminado de levantar", expresó, y agregó entonces que descarta "plenamente" algún tipo de incumplimiento de la administración.
"La empresa tiene el derecho de hacer lo que hizo, a pesar de que en lo personal no era conveniente", señaló.
Es que al no ponerse en marcha el 24 de diciembre de 2023, para el gobierno "el contrato venció" ese día y "está en un proceso de negociación". "No puedo de ninguna manera ordenar un pago cuando no tengo contrato vigente", señaló.
"Las empresas tuvieron que haber entregado la obra el 24 de diciembre y no la entregaron", concluyó.
Falero apuntó contra el Frente Amplio por el Ferrocarril Central
El titular de Transporte y Obras Públicas dijo que este fue un "contrato muy mal hecho en su momento" y que su cartera ha hecho "todo lo posible y más" para que el tren esté funcionando de acuerdo al compromiso que había asumido la administración de Vázquez.
"Es muy fácil criticar desde afuera", indicó. Esto en respuesta a una serie de críticas que han surgido desde el Frente Amplio.
Es que el futuro gobierno dijo estar "muy preocupado" por las demandas internacionales contra el Estado uruguayo, luego de que el consorcio Grupo Vía Central, encargado de la obra del Ferrocarril Central, anunciara que va a iniciar un reclamo por una supuesta deuda.
"Tenemos que estar muy preocupados porque no es la única causa internacional que tenemos en este período, con posibles multas multimillonarias que afectan la economía del país", afirmó Mario Lubetkin, futuro canciller en el gobierno de Yamandú Orsi.
"Nosotros estamos muy preocupados de la sucesión que se empieza a dar de causas internacionales, que significan mucho dinero de los uruguayos", dijo en diálogo con Desayunos Informales (Teledoce), y argumentó que esto podría deberse al "mal manejo de ciertas realidades".
"Eso golpea a la chequera", expresó y añadió que las futuras autoridades están "recibiendo y analizando" los temas "para ver cómo actuar internacionalmente para defender los derechos de Uruguay".
Ya la futura ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, se había manifestado al respecto este martes. Dijo haber tomado conocimiento de esta situación por los comunicados emitidos por el propio consorcio y no por la información obtenida en el proceso de transición. La documentación a la que tuvo acceso, según dijo, menciona el inicio de una instancia de mediación desde setiembre de 2024 y que la actual administración estaba "transitando los últimos procesos para la adenda".
Apuntó a que esta es "una situación que genera el gobierno actual" y que espera recibir la información que falta antes del cambio de mando. "Corresponde que tengamos toda la documentación, lo que fue el proceso de la mediación anterior, lo que efectivamente habían acordado y saber cuál fue la observación en un proceso que si venía de tantos meses y estaba cerrado... Por lo menos llama bastante la atención", añadió.
Pese a responsabilizar al actual gobierno, Etcheverry dijo querer transmitir a la población la tranquilidad de que "el Frente Amplio se va a ocupar". "Como nos hemos ocupado en otras oportunidades. Tenemos credenciales de administrar situaciones complejas con mucha responsabilidad, pero queremos concentrarnos en esta asunción del 1° de marzo que es histórica".
El reclamo del consorcio encargado del Ferrocarril Central al Estado uruguayo
Como informara El País, los ejecutivos de las empresas a cargo del proyecto Ferrocarril Central reclamaron en Torre Ejecutiva el pago de unos US$ 160 millones que, entienden, el Estado debió abonarles. "Grupo Vía Central no ha recibido pagos del Estado por los servicios prestados desde el 24 de diciembre de 2023, lo que ha puesto al proyecto en una situación financiera crítica", denunció la empresa en un comunicado.
Pero el presidente Luis Lacalle Pou les transmitió a los empresarios con los que se reunió que no aprobaría el pago porque existen observaciones hechas por los ministerios involucrados. En particular, un informe con fecha del 6 de febrero elaborado por la directora de la Unidad de Participación Público-Privada del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Silvina Panizza.
Si bien para el consorcio la vía quedó disponible en diciembre de 2023 cuando UPM comenzó a transportar su carga de celulosa hacia el Puerto de Montevideo, Economía hace otra lectura. Este punto es clave ya que una vez se considere que la obra está lista, inmediatamente el gobierno debe comenzar a pagarle a GVC por su uso.
El Estado uruguayo enfrenta otras demandas internacionales como una por el caso Pluna, otra por la minera Aratirí y otra por la concesión a Katoen Natie en el Puerto de Montevideo.