La construcción, el puerto y FNC: los tres dolores de cabeza para el gobierno de Yamandú Orsi
La extensión de conflictos e inconvenientes productivos que ponen en duda la continuidad de negocios en Uruguay han motivado la intervención de autoridades y algunos reclamos.Menos de un año y medio después de haber comenzado su gestión, el presidente Yamandú Orsi enfrenta un contexto adverso en la opinión pública con una evaluación que ha ido descendiendo hasta registrar un saldo negativo que ha llevado al mandatario a hablar de “luces anaranjadas”.
Los analistas han planteado que las razones que explican la situación son diversas y van desde un clima de época pautado por dificultades para los oficialismos, pasando por disconformidad por promesas incumplidas hasta errores políticos y de comunicación que horadaron el capital que tenía el mandatario al asumir.
A estos temas se sumaron en las últimas semanas una serie de problemas que han llevado a algunas autoridades a hablar de conflictos que les “quitan el sueño” cuando apoyan la cabeza en la almohada.Su extensión en el tiempo ha provocado cuestionamientos sobre algunas de estas autoridades, y en el caso de la construcción, llevó a que Orsi interviniera tras tener reuniones por separado con ambas partes. El asunto venía siendo llevado por Juan Castillo, cuya gestión es valorada negativamente por algunos empresarios, dijeron a El Observador fuentes del sector.
Se trata de lo que ocurre en el sector de la construcción por la negociación del nuevo convenio colectivo, la situación conflictiva en el puerto de Montevideo y las dificultades que enfrenta Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC), que produce –entre otras– las históricas marcas Pilsen y Patricia.
Los tres problemas, que alcanzan principalmente a los ministerios de Economía, Industria, Transporte y Trabajo, vienen siendo monitoreados por Presidencia ya que tienen impactos inmediatos en el empleo, pero también indirectos o menos tangibles sobre el “clima de negocios”.
A empresarios y trabajadores, el presidente les transmitió la “preocupación” del Poder Ejecutivo por cómo estaba escalando el conflicto, ya que el sindicato estaba resolviendo paros y tomando medidas de forma sorpresiva, y varias empresas estaban retrucando enviando a empleados al seguro de paro.
Tras el encuentro del martes con el Sunca, el gobierno comenzó a preparar una propuesta “intermedia” buscando obtener consenso, pero aún no la presentó. Este viernes las partes tuvieron una reunión en el Ministerio de Trabajo en la que los empresarios anunciaron que el lunes trasladarán un planteo para que sea considerado.
La principal diferencia está en que los trabajadores buscan bajar de 44 a 40 la cantidad de horas de trabajo semanales –8 por día– sin pérdida de salario.
Las gremiales se oponen y plantearon que la semana sea de 42 horas pero con flexibilidad para fijar la cantidad de horas de cada día. A su entender, esta “modernización” –como la definieron– es necesaria en algunos momentos de las obras, pero el Sunca la rechaza porque considera que es “regresiva” y “desreguladora”.
Las negociaciones suelen extenderse por –máximo– tres meses, pero en este caso ya van casi cuatro y están “estancadas”. Hubo once reuniones sin acuerdo y si bien el Poder Ejecutivo puede laudar el incremento salarial no quiere hacerlo porque la industria de la construcción es una de las más relevantes.
Preocupación por FNC y el conflicto en el puerto
Otro inconveniente importante que afronta el gobierno es la situación de FNC (propiedad del grupo AmBev). Las dos plantas, en Minas y Montevideo, no están en producción y la demanda de cerveza se está cubriendo con stocks de latas y botellas.
La fábrica que está en posición más compleja es la minuana con problemas que se arrastran desde hace un tiempo. Hace dos años, en junio de 2024, la compañía anunció el cierre definitivo, algo que luego se revirtió tras meses de negociaciones con el gobierno.
Pero en junio de este año la empresa redobló la apuesta y anunció el comienzo de una revisión general de sus operaciones en Uruguay. Y entonces se volvieron a encender las alarmas.
Representantes de AmBev (y también de FNC) mantuvieron una primera reunión en el Ministerio de Trabajo (MTSS) para referirse a temas estrictamente laborales. Pero luego se desarrolló otra instancia más amplia, también con participación de Trabajo, pero además con los ministerios de Economía (MEF) e Industria (MIEM).
Allí participaron el ministro Gabriel Oddone y el subsecretario Martín Vallcorba por el MEF y Juan Castillo y la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios por el MTSS. Sin embargo, a la compañía le llamó la atención la ausencia de la ministra Fernanda Cardona y el subsecretario Daniel Olesker por el MIEM. En su lugar estuvieron dos directores de área que no habían tenido contactos previos con la empresa.
Las negociaciones para asegurar la continuidad de la compañía en Uruguay pasan por lograr acuerdos sobre impuestos, costos energéticos y laudos salariales. Fuentes de gobierno consultadas por El Observador señalaron que la complicada situación de FNC es un dolor de cabeza que se siente en algunos despachos ministeriales.
El peor escenario posible es el cierre de las dos plantas de cerveza y ese desenlace es el que quiere evitar el Poder Ejecutivo. En ese caso, el dolor de cabeza sería doble: la pérdida de cientos de puestos de trabajo y tener que asumir el costo político que generaría el fin de una empresa emblemática.
Hay una segunda posibilidad que se analiza con cautela: que FNC concentre la actividad en una sola fábrica cervecera. Y en ese caso, la que continuaría abierta es la de Montevideo.
El tercer foco de atención para el gobierno es el conflicto en Terminal Cuenca del Plata (especializada en contenedores en el puerto de Montevideo), que todavía no terminó de desactivarse. El convenio colectivo está vencido desde fines de abril y eso provocó una serie de paralizaciones de actividades dispuestas por el sindicato.
Luego de varias reuniones en el MTSS, el 13 de julio se acordó establecer un período de paz para poder negociar sin afectar la actividad en el puerto de Montevideo
El sindicato planteó como principal reclamo que se le asegurara a los trabajadores 25 jornales pagos al mes. Y si eso no ocurría exigió el pago de una partida mensual de $ 50 mil durante el tiempo que se extendiera la negociación.
“Pedir $ 50 mil o 25 jornales para sentarse a negociar muestra lo obvio: lo que no se quiere es negociar”, dijo el gerente de relaciones institucionales de Katoen Natie Uruguay y Terminal Cuenca del Plata, Fernando Correa, entrevistado en el programa Todo un Tema de El Observador.
“Lo complejo del conflicto fue la difícil solución, porque lo que se impedía fue la negociación”, agregó.
Correa indicó que actualmente se dialoga con el sindicato en el MTSS y se mostró optimista sobre la posibilidad de firmar el nuevo convenio colectivo en los próximos días.