La oposición escala la presión por el conflicto portuario y convoca al gobierno al Senado
La Coalición Republicana citará a las autoridades de Transporte, de la Administración Nacional de Puertos y del Ministerio de Economía a una comisión integrada del Senado.El conflicto que enfrenta al Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA) con la Terminal Cuenca del Plata (TCP) volvió a instalarse con fuerza en el Parlamento y elevó la presión de la oposición sobre el gobierno.
La Coalición Republicana resolvió convocar a las autoridades de Transporte, de la Administración Nacional de Puertos (ANP) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a una sesión de la Comisión de Industria, integrada con la de Asuntos Laborales del Senado.
La convocatoria fue anunciada por legisladores de los partidos Nacional y Colorado, quienes cuestionaron duramente la actuación del sindicato y reclamaron al Poder Ejecutivo que intervenga para garantizar la continuidad de la principal terminal especializada de contenedores del país. El senador nacionalista Rodrigo Blás definió la situación como la de “un puerto hackeado que pone a un país en jaque” y cuestionó lo que consideró una actitud pasiva del gobierno frente a un conflicto que, según afirmó, está afectando a una parte importante de la economía nacional. “Es un conflicto que no se termina, una pasividad del gobierno que mira cómo se destroza buena parte de la economía uruguaya sin tomar cartas correctas en el asunto”, sostuvo durante una conferencia de prensa en el Parlamento.
El senador colorado Robert Silva coincidió con el diagnóstico y puso el foco en las consecuencias que las interrupciones de la actividad portuaria pueden tener sobre el comercio exterior.
“Están en juego nada más y nada menos que empleo, trabajo, credibilidad y la conectividad del país”, señaló. A su entender, la importancia del puerto trasciende la relación laboral entre TCP y sus trabajadores.
“Si se paraliza el puerto de este país, se paraliza la boca de salida y la boca de entrada”, afirmó.
Silva sostuvo además que existe un “uso y abuso por parte del sindicato” que estaría condicionando la conectividad, la credibilidad y el comercio exterior del país. En ese marco, justificó la convocatoria de las autoridades a la comisión parlamentaria para conocer qué medidas piensa adoptar el gobierno.
Cruce por los $ 50.000
Uno de los puntos que generó mayor tensión fue el planteo atribuido al sindicato sobre una suma de $ 50.000 como condición para sentarse a negociar. La senadora nacionalista Graciela Bianchi acusó directamente a dirigentes sindicales de haber negado en comisión que ese reclamo hubiese sido formulado. “Nos estaban mintiendo en la comisión”, afirmó Bianchi, quien sostuvo que la propia empresa había planteado que el pago de esa suma era una condición establecida por los trabajadores para comenzar las conversaciones. Según la legisladora, el planteo constituye una “extorsión al Estado uruguayo” y consideró que la situación requiere una respuesta del gobierno.
La afirmación fue parte de una ofensiva opositora que busca colocar el conflicto portuario en una dimensión que excede la discusión salarial y laboral, vinculándolo directamente con la continuidad del comercio exterior y la imagen de Uruguay ante sus socios comerciales
La oposición considera que las interrupciones en TCP pueden generar atrasos, mayores costos y dificultades para exportadores e importadores, además de afectar la confianza en Montevideo como plataforma logística regional.
FA defendió el derecho de huelga
Desde el oficialismo la lectura fue diametralmente opuesta. El senador socialista Gustavo González cuestionó la posición adoptada por los legisladores opositores y aseguró que la discusión en el Parlamento permitió escuchar las posiciones tanto de la empresa como de los trabajadores.
“Vino la patronal, vinieron los trabajadores y se escucharon las dos verdades”, señaló. González acusó a la oposición de defender sistemáticamente a las empresas frente a los planteos sindicales.
“Los senadores de la oposición siempre defienden a las patronales”, afirmó. El legislador sostuvo que la existencia de un conflicto laboral no puede ser utilizada para cuestionar el derecho de huelga de los trabajadores. “Hay un conflicto y el conflicto hay que respetarlo, y el derecho a huelga es derecho a huelga”, señaló.
Reconoció que una medida sindical genera consecuencias sobre la actividad económica, pero sostuvo que también deben considerarse las condiciones laborales y salariales de los trabajadores.
“También se perjudican los trabajadores cuando no se les da un salario como la gente”, argumentó. González rechazó así la posibilidad de trasladar toda la responsabilidad de la situación al sindicato y consideró que el camino debe ser una negociación que permita resolver las diferencias entre trabajadores y empresa. “¿Quiero que se resuelva el conflicto? Sí, que se resuelva el conflicto, pero echar culpas a los trabajadores, jamás”, afirmó.
La convocatoria parlamentaria se produce en momentos en que el Poder Ejecutivo busca facilitar una salida negociada al conflicto y procura evitar una escalada que derive en nuevas interrupciones de la actividad.