Gobierno amplia la denuncia penal por irregularidades en contrato de patrulleras OPV
Se detectaron tres documentos con la misma firma calcada.
El gobierno confirmó la suspensión total de pagos al astillero español Astilleros Cardama, ubicado en Vigo (Galicia), hasta que se resuelva judicialmente el conflicto por el contrato de construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV) para la Armada Nacional. La decisión, anunciada por la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, deja en «stand by» el proceso, incluyendo el próximo hito de pago por la instalación de motores, previsto para febrero de 2026.
El contrato, adjudicado en diciembre de 2023 durante la administración de Lacalle Pou por unos 90 millones de dólares, ya recibió alrededor de 30 millones de dólares en avances. Las OPV, de 86,75 metros de eslora y 12,2 metros de manga, están diseñadas para vigilancia marítima con autonomía de 7.000 millas náuticas, plataforma para helicópteros, rampa para lanchas rápidas y armamento como cañón de 30 mm y ametralladoras de 12,7 mm de Escribano (España), con sistemas de Terma (Dinamarca).
El epicentro de la crisis es la garantía de fiel cumplimiento, emitida por la empresa británica Eurocommerce Limited, en liquidación desde agosto de 2025 y calificada como «empresa pantalla» sin actividad real. El gobierno detectó «indicios fuertes de fraude» en octubre. Se trata de un acta notarial con firma de un notario valenciano que negó haberla rubricado, y una pericia reciente del Ministerio del Interior que reveló firmas idénticas «copiadas y pegadas» en tres documentos.
El gobierno amplió la denuncia penal este martes, profundizando la acción civil y penal contra Cardama. El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz dijo que la pericia es «sobre el documento específico de garantía, que dice que no hay firma digital. Que la firma no es original y que hay tres documentos con la misma firma, calcada, en el mismo sello, exactamente en el mismo lugar”. El estudio sobre los documentos había sido solicitado por parte del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior. La pericia concluyó que la firma digital que consta en el documento de la garantía no es original sino calcada. En el programa Arriba Gente (Canal 10) el prosecretario de Presidencia señaló «hay un cúmulo de irregularidades en torno a la compra y si ese cúmulo de irregularidades las hubiésemos hecho nosotros era un escándalo, hubiera ardido Troya”.
Por otra parte la ministra de Defensa, Sandra Lazo cuestionó también el diseño (problemas de estabilidad según informes técnicos), retrasos en el cronograma y la contratación de la certificadora Lloyd’s por Cardama en lugar del Estado uruguayo.
Cardama colocó la quilla de la primera OPV en mayo de 2025 (con supervisión uruguaya) y la segunda recientemente, siguiendo el cronograma entregado en mayo (primera entrega prevista para fines de 2026, segunda en 2028). Sin embargo, Lazo calificó la quilla de la segunda como un «repentino apuro» para que se liberen los pagos. Sobre este punto en particular señaló «pasamos de que se había parado todo, a que estos últimos días hubo como una aceleración para la colocación de la quilla, que puede ser solamente presentarte una chapa. Nosotros, lo que no estamos dispuestos a ceder es la calidad del material que vamos a recibir, porque de la calidad depende la seguridad de nuestros efectivos».
La ministra dijo «ojalá pronto podamos resolver el tema, porque lo que no está en cuestión es que necesitamos esas las patrullas que, mientras tanto, seguimos trabajando para obtenerlas».
Lazo sostuvo que «el gobierno «no está dispuesto a dar un paso más en materia de pagos hasta tanto el contrato que está en un proceso judicial se resuelva». La jerarca indicó «quisiéramos no llegar a marzo con este problema todavía sobre la mesa. Pero no corresponde solo a nosotros. Comunicamos que no vamos a hacer el pago que la empresa ha reclamado en las últimas horas».
Grupo R Multimedio -Montevideo - URUGUAY - 24 Diciembre 2025