Ferrocarril Central: luego de que el gobierno saliente negara pago el consorcio dejó de contratar seguridad
El 24 de febrero el gerente general de Grupo Vía Central le envió una nota al entonces ministro de Transporte anunciándole la medida y advirtiendo que si no se hace cargo el Estado "podrán generarse situaciones de peligro".A partir de que el consorcio Grupo Vía Central, que lleva adelante el proyecto Ferrocarril Central, resolviera iniciar un proceso de arbitraje contra el Estado uruguayo en reclamo del pago de US$ 160 millones, varios hechos se desencadenaron.
Por un lado, la decisión del gobierno saliente de ratificar su postura de que no corresponde abonar el monto que las empresas demandan -por la cantidad de días que lleva disponible la vía y que utiliza UPM para transportar su celulosa desde Paso de los Toros al Puerto de Montevideo.
Por otro, el inicio de los contactos entre Grupo Vía Central y el actual gobierno para discutir la situación y evaluar si existe la posibilidad de desistir del reclamo, indicaron a El País fuentes del Poder Ejecutivo.
Al mismo tiempo, hay cuestiones cotidianas del funcionamiento del Ferrocarril Central que se vieron alteradas producto del reclamo. Por ejemplo, Grupo Vía Central decidió dejar de contratar seguridad y vigilancia a lo largo de la vía férrea.
En una nota enviada el 24 de febrero por el consorcio al entonces ministro de Transporte, José Luis Falero, -y a la que accedió El País- las empresas notificaron su "imposibilidad de continuar con la colaboración en materia de seguridad y vigilancia de la nueva infraestructura".
En la misiva se indicó que "es de conocimiento de para la administración que los hurtos y actos de vandalismo han afectado severamente" al consorcio "tanto en la fase de construcción como en el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria".
En ese sentido, se aseguró que la contratación de un servicio de seguridad y videovigilancia a lo largo de puestos claves del trayecto de la vía fue una "colaboración que ha efectuado Grupo Vía Central, pese a no estar comprendida en el alcance de sus obligaciones".
"Las tareas relacionadas con la seguridad y orden público son un cometido esencial del Estado, inherente a su calidad de tal, que no se concibe sino ejercido directamente por el mismo. Es el Estado quien cuenta con los poderes jurídicos necesarios para actuar, no pudiendo ser delegada esta tarea a cargo de particulares, ni aún en carácter de concesionarios", se afirmó.
El proyecto, bajo la modalidad PPP, tuvo una inversión por parte de Grupo Vía Central de unos US$ 1.500 millones, que fueron financiados por las accionistas Sacyr de España, NGE de Francia y las nacionales Saceem y Berkes y por bancos e instituciones locales e internacionales.
El contrato firmado entre el Poder Ejecutivo y el consorcio determinó que las empresas cobrarán un precio por disponibilidad diario, lo que implica que reciben dinero solo si la vía está funcionando. Esto volvió relevante para Grupo Vía Central el asegurarse que no se robaran cables ni elementos que pudieran hacer que la vía no esté disponible porque implicará mucho más que el costo y tiempo destinado a reparar lo dañado.
"La falta de cumplimiento del MTOP a lo acordado en el Memorándum de Entendimiento de 12 de agosto de 2024, en la instancia de mediación finalizada de común acuerdo el 16 de diciembre de 2024, y en el documento de tercera modificación del Contrato PPP suscrito el 23 de enero de 2025, han colocado a Grupo Vía Central en una crítica situación, que le impide continuar ejecutando tareas que van más allá de sus obligaciones contractuales", se afirmó. Y se agregó: "En base a ello, ponemos en conocimiento de la Administración Contratante que se ha colocado a la Sociedad Contratista en una situación que le hace materialmente imposible continuar con la colaboración en materia de seguridad y vigilancia sobre la traza del Ferrocarril Central".
Y por último, la nota firmada por el gerente general de GVC, Javier Suárez, advierte que “de no implementarse por parte del Estado de medidas de seguridad y vigilancia sobre la totalidad de la traza del Ferrocarril Central, con el objeto de impedir la ocurrencia de hurtos y/o actos de vandalismo sobre la nueva infraestructura, podrían generase situaciones de peligro que afecten la seguridad del tráfico ferroviario”.