Ferrocarril Central: consorcio inicia demanda internacional contra el Estado por deuda de US$ 160 millones
Grupo Vía Central reclama que el gobierno no le pagó aún la partida que corresponde a la puesta en disponibilidad de la nueva vía en diciembre de 2023 y que ya utiliza UPM para transportar su carga.Los últimos días del gobierno de Luis Lacalle Pou no han sido solo para hacer balance y cierre de su gestión. También hubo encuentros incómodos y de relevancia como el que mantuvo días atrás en Torre Ejecutiva con ejecutivos de las empresas a cargo del proyecto Ferrocarril Central.
Allí los ejecutivos le plantearon un reclamo que las empresas vienen realizando en las últimas semanas vinculado al pago de unos US$ 160 millones que, entienden, el Estado debió abonarles, indicaron a El País fuentes de gobierno.
Esta situación, de acuerdo a los informantes, podría tener serias implicaciones para la operación del consorcio Grupo Vía Central (GVC) y deja al país al borde de un nuevo arbitraje internacional ya que se iniciará una demanda contra el Estado.
El proyecto Ferrocarril Central se planificó financieramente de una forma en la cual las constructoras se harían cargo de la inversión y luego el Estado a medida que se iban cubriendo etapas y que se garantizara la disponibilidad y su buen uso a lo largo de los años pagaría distintas partidas de dinero.
El proyecto, bajo la modalidad PPP, tuvo una inversión por parte de Grupo Vía Central de unos US$ 1.500 millones, que fueron financiados por las accionistas Sacyr de España, NGE de Francia y las nacionales Saceem y Berkes y por bancos e instituciones locales e internacionales.
Desde diciembre de 2023 la nueva vía férrea permite la circulación de material rodante, incluyendo el transporte de la producción de UPM desde Pueblo Centenario hasta el Puerto de Montevideo, que actualmente se realiza en un 100% por esa modalidad, aspecto que ha sido destacado públicamente por las propias autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).
El martes 18 de febrero en conferencia de prensa el ministro de Transporte, José Luis Falero sostuvo que “el proyecto del Ferrocarril y de la Vía Central ha cumplido con la construcción, instalación, verificación de auditoría externa de todos los componentes tanto de su obra civil como de las instalaciones de señalización, de acuerdo a lo previsto en el propio proyecto, en la norma nacional de seguridad ferroviaria y en cumplimiento a los estándares europeos que rigen el proyecto del Ferrocarril Central”.
Otro punto que genera preocupación en el consorcio es el vandalismo recurrente y que ha sido planteado al Poder Ejecutivo. El robo de cables y de la señalización –una cuestión clave en la seguridad vial- son elementos que las empresas deben reponer y les genera costos extras.
Si bien el gobierno y la empresa han venido trabajando en un acuerdo de entendimiento, que se firmó en enero, la falta de avance del trámite entre las oficinas del Estado no logró la concreción del pago. En particular, por la negativa del Ministerio de Economía, según afirmaron las fuentes a El País.
Desde el consorcio se indicó que la falta de pago deja en una posición "crítica" a las empresas que llevan adelante la obra.
Ante esta situación, el consorcio decidió con su equipo legal llevar el caso a tribunales internacionales y ya se lo informó al Poder Ejecutivo. En una misiva de Grupo Vía Central, al que accedió El País, se indicó que “el 21 de febrero de 2025, la empresa envió un telegrama colacionado certificado al MTOP comunicando su decisión”.