Colorados señalan que la represa de Casupá es «un capricho político»
El senador Robert Silva dijo que la obra puede ser "la catástrofe del siglo".
El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado recibió a una delegación de vecinos autoconvocados de Casupá, del departamento de Florida, quienes manifestaron su inquietud por el proyecto de construcción de una represa en la zona.El proyecto Casupá plantea construir una represa en el arroyo Casupá, afluente del río Santa Lucía Grande, en los departamentos de Florida y Lavalleja.
Su objetivo principal es crear un reservorio de 118 millones de metros cúbicos de agua bruta para garantizar el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana de Montevideo hasta al menos 2045, incluso en escenarios de sequía severa. El embalse suministraría agua a la planta de potabilización de Aguas Corrientes. Se prevé que las obras comiencen en 2027 y duren unos tres años.
Las hectáreas que serán inundadas se estiman entre 3.000 y 3.500 hectáreas, afectando de 426 a 450 hectáreas de monte nativo. El área aproximada de expropiación será de 3.600 hectáreas y significara el realojamiento de unas 30 familias.
«Inquietud de la comunidad»
Tras el encuentro con los vecinos de las zonas afectadas, el Comité Ejecutivo del Partido Colorado emitió un comunicado en el que expresó que «comparte la inquietud de la comunidad por los posibles impactos sociales, económicos y ambientales de la obra, que podrían implicar pérdida de hogares y tierras productivas, afectación a la producción agropecuaria y riesgos geológicos y ecológicos sin garantías de mitigación». En este sentido, exhortó al Ministerio de Ambiente a «buscar alternativas que aseguren el abastecimiento de agua potable sin comprometer el equilibrio social, productivo y ambiental de la región», advirtiendo que «debemos evitar que una obra emblemática del quinquenio se transforme en un desastre para el país».
Asimismo, el comunicado manifestó la oposición del Partido Colorado al proyecto de la represa en Casupá y respaldó el Proyecto Neptuno como una alternativa viable. Este último fue propuesto por el anterior gobierno pero descartado por el actual.
Según el texto, el Proyecto Neptuno «cuenta con estudios técnicos realizados y aprobados por los propios equipos del Ministerio de Ambiente» y, con las adecuaciones necesarias, «representa una alternativa viable, moderna y sostenible para garantizar el suministro de agua potable al área metropolitana sin generar impactos negativos sobre las comunidades ni el territorio». El Partido Colorado subrayó que las decisiones en materia de infraestructura hídrica deben basarse en «criterios técnicos, ambientales y sociales, alejados de toda consideración política, priorizando siempre el bienestar de la población y la protección de los recursos naturales del país».
«Un capricho político»
Por su parte, el senador del Partido Colorado, Robert Silva, en declaraciones a Telemundo (canal 12), señaló que los vecinos transmitieron «mucha preocupación» por la construcción de la represa. Según Silva, la comunidad percibe el proyecto como «un capricho político del Frente Amplio, lo puso en su programa de gobierno y como de lugar lo quiere hacer generando perjuicios importantes». Advirtió que «lo que ellos quieren que sea la obra del quinquenio puede ser la catástrofe del siglo», destacando una «falta de rumbo y de criterio» por parte del gobierno.
Silva también mencionó que los vecinos plantearon preocupaciones relacionadas con «la afectación del monte nativo, más de 400 hectáreas», así como impactos ambientales, productivos y en la caminería de la zona. Criticó que, a pesar de que el gobierno «levanta la bandera del ambiente», con este proyecto se perderían «cantidad de especies» y 420 hectáreas de monte nativo.
El MInistro de Ganadería, Alfredo Fratti había señalado en refrencia a las familias que tendrán que ser realojadas que «a veces el interés nacional termina afectando los intereses individuales» siendo entre 20 y 30 familias las que tendrán que ser reubicadas.
Silva señaló que las declaraciones del ministro Fratti, reflejan una «falta de conciencia» y la ausencia de un «estudio de impacto ambiental actualizado» y reafirmó el compromiso de «defender a los vecinos de un capricho político».