Cardona: "Las hojas de ruta que trazó el gobierno anterior le hicieron muy mal a la planificación estratégica del país"
La ministra de Industria, Fernanda Cardona, dijo a El Observador que "en este momento" el debate por el impuesto al 1% más rico "distrae de otras cosas que demandan más urgencia", como el Presupuesto.La ministra de Industria, Fernanda Cardona, señaló que el gobierno debe tener objetivos de mediano y largo plazo, más allá de atender y resolver problemas específicos.
Desde su visión, a la anterior administración le faltó esa mirada y por eso no se pudieron prever inconvenientes que luego ocurrieron. “Las decisiones que trazó el Poder Ejecutivo anterior, de hablar de hojas de ruta, le hicieron muy mal a la planificación estratégica de Uruguay. Las hojas de ruta no son lo mismo que políticas públicas nacionales”, afirmó.
En entrevista con El Observador, Cardona sostuvo que hasta que la política de telecomunicaciones no esté “lo más consensuada posible” tendrán el “resguardo” de “no innovar” con las licencias a cableoperadores para brindar servicio de internet y consideró que “en este momento” el debate en el Frente Amplio por gravar al 1% más rico “distrae de otras cosas que demandan más urgencia”, como el Presupuesto.
El ministerio presentó días atrás el Consejo de Industrias y los núcleos productivos. Hablaste de tener una industria diversificada, innovadora, competitiva, con empleo de calidad y enfoque territorial. Más allá de lo discursivo, concretamente ¿cuáles son los objetivos de esos grupos de trabajo?
Nos trazamos desde marzo elaborar documentos por lo menos en tres áreas estratégicas del MIEM: industria, telecomunicaciones y energía. Tener documentos propios, algunos como disparadores de talleres e intercambios que van a haber. En industria están los núcleos productivos, que de alguna manera vienen a rememorar momentos donde tuvimos gabinetes y estaban los famosos consejos sectoriales. Es volver a tener espacios de intercambio con los actores necesarios, tanto trabajadores y trabajadoras como también las cámaras. Uno va gestionando el día a día, nos encontramos con una realidad complicada a nivel de por lo menos tres industrias estratégicas como la cárnica, la láctea y autopartes. Eso nos requirió que estuviéramos en mesas de trabajo absolutamente permanentes desde marzo. Pero aunque hay que gestionar la realidad y las crisis en este momento, también se debe elaborar una política de más mediano y largo plazo.
Creo que las decisiones que trazó el Poder Ejecutivo anterior, de hablar de hojas de ruta, le hicieron muy mal a una planificación estratégica de Uruguay. Las hojas de ruta son un plan de trabajo, pero no son lo mismo que políticas públicas nacionales, tenemos que volver a poder planificarlas. No podemos perder más tiempo. Las últimas medidas que de alguna manera intentaron empezar a trabajar más a mediano y largo plazo en algunos sectores de la industria fueron, sobre todo, en el gobierno de (José) Mujica. A partir de ahí empezamos en una decadencia. Entonces, la idea es tener ámbitos de intercambio en las tres áreas estratégicas del ministerio. Son disparadores para la elaboración de una política industrial, de energía, de telecomunicaciones al 2050. Hay una primera meta que es más corta, a febrero de 2026. Para nosotros es una forma de trabajo que tiene que volver.
También ha hablado sobre cierres de empresas que se dieron al final del anterior gobierno y al inicio del actual. Comentó que le había llamado la atención que hubiera pasado todo en ese momento particular. ¿Piensa que hubo una estrategia de algunos sectores empresariales, un plan acordado para que eso pasara?
No creo que ningún empresario de este país, por lo menos los que he tenido reunión, esté pensando en un estratagema así para que le vaya mal a él y a los trabajadores. Lo que sí digo es que me parece que no es menor que todo se desencadene a la misma vez. Solo eso. Tuvimos tres cierres entre enero, febrero y abril de empresas importantes para Uruguay. Cuando vengo en marzo y empiezo a pedir los primeros informes de diagnóstico de por qué pasaba eso, no sólo estaban menguados los equipos del ministerio, había técnicos que tenían que hacer un seguimiento de la realidad industrial, pero lo hacían como entendían que era pertinente. No se trabajó para hacer un mapeo y un seguimiento de la política industrial. La planificación es necesaria y obvia, pero también hay que hacer un seguimiento para tomar las decisiones a tiempo. Cuando no tenés la información de base para tomar decisiones a tiempo evidentemente vas a llegar tarde. Después ¿cuál fue el relacionamiento de los empresarios, de los trabajadores con el gobierno anterior? No participé desde el lugar del Ministerio de Industria, estaba como directora del Frente Amplio en UTE. Pero seguramente deben haber habido planteamientos, reuniones, pero lo que terminó ocurriendo es que no tuvieron respuestas, porque si no, no hubieran pasado muchas de las cosas que pasaron. Uno de los primeros informes que tuvimos daba cuenta de que no sólo había bajado la cantidad de productores, sino también la cantidad de hectáreas dedicadas a los tambos. Si eso lo mirás y ves lo que va ocurriendo, tenés que tomar decisiones. Si no, es crónica de una muerte anunciada. No estoy inventando nada con esto. Lo mismo pasó con Yazaki. Era la quinta empresa de autopartes que cerraba en el quinquenio. No había sido la primera. Fue la que tuvo más repercusión a nivel de opinión pública pero ya habían cerrado cuatro antes.
Nosotros ya fuimos al interior en más de una oportunidad en estos cinco meses. Para escuchar a la gente hay que estar en el territorio. Y cuando uno va al territorio sabe cuáles son las necesidades, Tiene que ir la ministra con su equipo a escuchar, a hacer un relevamiento.
¿Entiende entonces que el gobierno anterior desatendió realidades que ya estaban ocurriendo?
Si no, no entiendo lo que ocurrió con ciertos informes que tuve de primera mano ya en marzo. Pienso en la metodología que quiero para poder trabajar con el equipo y me doy cuenta que si el Poder Ejecutivo anterior vio que había problema con la cuenca lechera, estaban cerrando tambos o era la quinta empresa de autopartes que cerraba, lo que me pregunto es: ¿qué haría yo? Nos está pasando ahora, minuto a minuto estamos teniendo discusiones. Además había herramientas, como por ejemplo, el Fondo de Reconversión de la Industria Láctea (FRIL). Tenías normativa, un marco regulatorio que ir aplicando a medida que las cosas sucedían y haciendo el monitoreo para ver si eso servía o no. Porque tampoco dar plata sin tener un retorno sobre el resultado es algo estratégico para Uruguay. Creo que no existió una metodología de seguimiento y eso hizo que determinadas cuestiones tuvieran el desenlace que tuvieron. Eso es lo que puedo decir objetivamente.
Para aplicar las herramientas que quiere implementar, ¿van a tener un refuerzo presupuestal?
El equipo lo trabajó y lo planteó, tenemos ítems que queremos reforzar en cada una de las direcciones. Una tiene que ver con el Observatorio de Industria, y también con un registro único de subvenciones. Tenemos la ventanilla única para hacer el trámite, pero también que haya una plataforma donde el empresario, la industria, la mipyme entre y sepa qué instrumentos tiene para poder hacer uso y cuáles son las condiciones para hacerlo. Esto también requiere un trabajo con el Ministerio de Economía y Finanzas, porque tiene que ver con compromisos del gobierno, del presidente (Yamandú) Orsi. Una de las cosas que quedó clara no sólo en campaña tiene que ver con ser más eficientes en el Estado y no multiplicar instrumentos. Tenemos que poder monitorear de manera lo más centralizada posible. Para eso también se generó la Agencia de Evaluación de Políticas en Presidencia. Hay un mensaje que creo que es importante dar desde el lugar de Presidencia donde determinada gobernanza o institucionalidad se crea centralizada y tiene que ver con esto de monitorear de primera mano qué va ocurriendo. Otra es la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Van a ser herramientas que no se tenían y que no sólo ayudan a monitorear cómo va a ser la gestión, sino que ayudan a recalcular. Las políticas se recalculan, como todo.
¿Ya tiene confirmación de que puede haber un refuerzo de partidas?
No, hicimos el pedido, elaboramos la distribución de lo que tiene que ser el presupuesto del ministerio, tanto en inversiones, en gastos, como en el rubro cero. No vamos a decir cifras en este momento porque hay que cuidar el proceso de trabajar con Economía y Finanzas.
Antes de fin de año debe terminar de trabajar un grupo destinado a una revisión integral de la cadena de distribución de combustibles. ¿A qué apuntan con eso?
En ese tema están trabajando de manera directa la Dirección de Energía del MIEM y la Ursea (Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua) como regulador y están teniendo reuniones con los actores de la cadena secundaria de combustibles: los transportistas, los sellos de las distribuidoras y los estacioneros. La idea es ver qué margen tenemos para ir viendo cuál es la metodología de trabajo a la interna.
La reglamentación, sobre todo de las estaciones de servicio, fue un proceso muy discutido en el periodo anterior, que tuvo muchas observaciones. Hubo informes a la interna del MIEM y con el regulador que no estaban de acuerdo en diferentes expedientes. Muchos actores de esta cadena secundaria hicieron recursos administrativos y llegaron al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Entendí que había que ordenar de nuevo. ¿Esto qué significa? ¿Que va a haber sí o sí una modificación? Capaz que no. Pero hay que sanear determinados procedimientos que se iniciaron y siguen vigentes.
La Ursea tiene 47 solicitudes de estaciones de servicio en diferentes lugares del país, con observaciones, todas con diferentes situaciones. Y en cada una hay que ver la parte ambiental, que realmente cumplan con la reglamentación de las distancias, de la necesidad de abastecimiento en ese lugar del país. Hay que definir cuál es nuestra mirada a mediano y largo plazo de las estaciones de servicio, qué le tenemos que pedir, en qué tenemos que trabajar para que tenga el servicio. Por ejemplo, cargadores eléctricos. Estamos hablando de movilidad, de descarbonizar, las estaciones de servicio no escapan a eso. Hay que hacerlo con consenso. Por eso la conformación de este grupo de trabajo con la idea de trabajar en otras cuestiones que no son solo la autorización o reglamentación.
¿Es posible abaratar el precio de los combustibles?
Es una de las tareas que se pueden analizar.
¿Cree que los combustibles son caros en Uruguay?
Creo que siempre se pierde la oportunidad de intercambiar sobre la realidad de Uruguay en muchos temas. Lo mismo nos pasa con las tarifas de electricidad. Siempre te dicen que es caro comparado con la región. Y lo que hay que ver es cómo es el mercado, cómo es la realidad uruguaya y qué servicios da comparado también con la región. Porque una de las cosas que tenés que comparar es el precio, pero también la calidad y cómo le llegás a la gente en clave de derechos. Decimos: es caro. ¿Comparado con quien? Por supuesto, no estamos quitando la responsabilidad de seguir trabajando para ver cómo llegamos cada vez a mayor cantidad de gente, con un servicio de calidad y cada vez más barato. Pero este tipo de intercambios tienen que ser un poco más profundos.
¿El subsidio del supergás va a seguir siendo generalizado, más allá de los planes específicos para usuarios del Mides?
El subsidio es histórico, ha atravesado más de un gobierno y ninguno lo ha tocado. Lo que sí pasó en el período anterior es que se intentó mirar el precio de paridad de importación del gas y se intentó bajar la brecha con el de precio de venta al público. Pero eso fue a costo de la gente. Porque para disminuir esa brecha se subió muchísimo el precio del supergás. En esto que decía de mirar el contexto y no una variable sola -o lo que quiero que me dé determinado número-, uno tiene que ver que al final del día estamos gobernando para que la gente esté mejor. Hay que tener el equilibrio de mirar los números de Ancap, del Estado, y al mismo tiempo saber cuánto o no le pegás al bolsillo de la gente con las decisiones que se toman..
¿Se entiende entonces que es positivo ese subsidio?
Entiendo que es necesario. Una de las cosas que dijimos es que estábamos buscando que hubiera equilibrio entre los energéticos, entre la canasta energética. Y que también, una vez más, no se mirara solamente la nafta, el gasoil, el gas; que se mirara al conjunto de la ciudadanía y el momento en el que tomamos la decisión. Por ejemplo, en marzo, en abril, estábamos en plena zafra del sector productivo. ¿Qué se resolvió? Que no se subiera el gasoil.
Con la misma metodología que había tenido el Poder Ejecutivo anterior. Nosotros no tocamos nada en eso, pero sí tomamos la decisión política de beneficiar al sector productivo. En la última oportunidad hablamos del gas y vimos que se venía el invierno y la crisis de frío polar. Cuando empieza el frío, ¿qué utiliza la mayor parte de la ciudadanía? Más del 80% seguro utiliza gas y no solo para calefaccionarse, sino también para cocción. Es el energético de la mayoría de la población. Entonces, ¿teníamos que subir en ese momento? No, entendimos que no. Y no sólo no subimos, sino que bajamos $ 100 la garrafa de supergás. Lo hicimos con los mismos números, no cambiamos la metodología, nada. Fue una decisión política de que no le pegara al bolsillo de la mayoría de la población en estos meses. Ahora estaremos trabajando en lo que nos queda de agosto para tomar la decisión. Volveremos a hacer el mismo ejercicio de ver cómo van los números Ancap, qué pasó con esa decisión y qué tenemos que priorizar para setiembre y octubre.
Dijo en Arriba Gente que un "escenario de mínima" era ajustar las tarifas cada seis meses. ¿Sigue firme en eso una vez que termine el año?
Había que darle a la discusión de precios la mayor estabilidad posible e ir midiendo mensualmente cómo van los números. Nuestra idea era darle certidumbre a la gente, porque todos los meses se preguntaba qué iba a pasar con los combustibles. Utilizamos el máximo de la normativa vigente –los dos meses– para darle cada vez más permanencia en el tiempo, estabilidad y equilibrio a la gente. Otro plazo implicaría discutir a nivel legislativo. Hay que ver la oportunidad en cuanto se plantea la discusión parlamentaria.
¿Le gustaría que fuera más extenso ese plazo?
Trabajamos muchísimo una metodología de consenso con el MEF. No me voy a adelantar hasta que miremos cómo nos va y recalculemos.
¿Se encontró con menos plata acá?
Sí, nos encontramos con obligaciones asumidas, que se traducen en menos plata. Nos pasó con la ejecución del 2025. En algunos fondos que teníamos, en enero y en febrero se ha ejecutado más del 60%. A mí me queda el 40% para el resto del año. Es interesante poder comunicarlo. No por queja, no porque estemos negando lo de gobernar para la gente de una manera distinta, sino porque hay que explicarle a la gente la línea base de la que se parte. Porque esa es la responsabilidad cuando después me midan.
¿En qué fondos hubo sobre ejecución?
Nos pasó en telecomunicaciones, en pequeñas y medianas empresas y en energía. Y desde el punto de vista cualitativo también tenemos que ser más eficientes, ponerle énfasis en los ejes que me planteo como importantes para Uruguay. Por ejemplo, el ministerio tiene un laboratorio, como si fuera un estudio de grabación para políticas audiovisuales y de industria creativa, con dos o tres fondos que ahora vamos a juntar en un único fondo y vamos a hacer un llamado de ideas para que haya una producción nacional para el 2025. Esa misma plata el año que viene seguramente no sea para eso, pero este año le tuvimos que dar la priorización cualitativa desde ese lugar.
Cuando habla de empleo de calidad, ¿se imagina algún tipo de exoneración a las empresas?
Cuando hablamos de empleo de calidad, no solo tiene que ver con repartir determinados fondos o incentivos a ese tipo de industria, sino con pensar en esta política planificada que tenemos que desarrollar tecnológicamente para que haya un agregado de valor en ese empleo. El empleo de calidad tiene que ver con analizar los puestos y la calidad del empleo en cuanto al ingreso de la persona y en cuanto al conocimiento. Son políticas nacionales, con Inefop, Inacoop, ANDE, ANII, LATU, cómo hacemos con la presencia de la Udelar, la UTEC, la UTU, la ANEP, para que haya polos y un trabajo en conjunto para que haya carreras y seamos un ecosistema eficiente.
¿Qué va a pasar a partir de ahora con las licencias clase B para los cableoperadores para brindar servicios de Internet?
Es parte de lo que estamos trabajando en un documento de telecomunicaciones, así que no voy a spoilear eso. Ahí tenemos un gran meollo para trabajar. Nosotros cambiamos rápidamente la reglamentación que podíamos. Hay alguna cosa que estuvimos viendo qué hacíamos en esto del Presupuesto, porque entiendo que el tema de medios y telecomunicaciones como política nacional hay que cuidarlo mucho y generar los mayores consensos, sin que Antel como empresa pública pierda, esto de volver a una lógica de ganar-ganar. Se tomaron algunas decisiones que maximizaron la ganancia de algunos actores y entendemos que podemos trabajar perfectamente de manera mancomunada sin que Uruguay pierda soberanía y al mismo tiempo hacer proyectos con privados. Licencias clase B es una de las tantas que tenemos que discutir en un gran paraguas de telecomunicaciones. Pero también como política estratégica cómo llegamos a la conectividad del 100% de la población, cómo empezamos a conectar plataformas, cómo completamos la infraestructura que teníamos y tenemos protocolos de ciberseguridad. Ese paraguas va a regir las decisiones.
¿Qué pasa mientras tanto con las solicitudes en curso? ¿Hay otras solicitudes de licencias que de momento quedan en suspenso mientras se define un plan más macro?
Te diría que hasta que nosotros no tengamos la política de telecomunicaciones lo más consensuada posible, tiene que ver con esto del resguardo que hemos tenido en no innovar en algunas cuestiones, resguardando lo jurídico, pero lo que podamos de alguna manera no adelantarnos rápidamente hasta que no esté el paraguas consensuado, creo que tenemos que ir con pie, con cuidado.
¿Le llegaron a manifestar formalmente a HIF Global la voluntad del gobierno de asociarse en el proyecto de hidrógeno verde?
Lo que llegamos a hablar fue explorar cuál podría ser el trabajo mancomunado de la empresa pública con HIF. Eso la empresa estuvo abierta a discutirlo. No son los mismos términos que la cláusula que se sacó, porque no está conversado específicamente, pero sí en las primeras reuniones que tuvimos, cuando se le planteó que esta administración le pedía otros impactos a los proyectos nacionales –que iba a mirar el eje ambiental, económico y social– también quedó abierta la empresa en escuchar la posibilidad de ver cómo se articula tanto con UTE como con Ancap.
¿Va a haber un estudio? ¿Está a la espera de qué?
Con la empresa ya tuvimos varias reuniones y se reformuló el proyecto, se redujo para no tocar monte nativo y considerar el aspecto ambiental, las discusiones que plantea Argentina y para no perder la capacidad de producción que originalmente se dijo. Va a usar infraestructura de ALUR, va a cooptar el CO2 y por tanto Ancap tiene obligaciones que está aportando al proyecto y entendemos que tiene que discutir con la empresa cuál sería la posibilidad de trabajar de manera conjunta. Y UTE discute la propiedad y quién hace las redes eléctricas que se necesitan para que esa energía se pueda inyectar al sistema y el precio de compraventa de energía en base a los bloques que HIF plantea.
En la ingeniería de detalle hay muchas cosas importantes desde el punto de vista de infraestructura y de planificación estratégica de Uruguay como divisa de lo que se genere con eso, no solo económica sino también en conocimiento. HIF también se vio muy abierto a ver cómo generamos un laboratorio o un mecanismo de trabajo donde participen las empresas públicas, la Udelar y la UTEC en ese proceso de conocimiento que se va a dar por primera vez.
Se instaló en el Frente Amplio la discusión por el impuesto al 1% más rico de la sociedad. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo repercute en la industria?
No le quito el cuerpo a los debates, tienen que darse con números y datos. Lo que sí me parece muy importante son los momentos para discutir ciertas cosas. Si yo ahora abro determinadas posiciones personales que puedo tener como ministra, tengo que ver cuál es el estado de situación de la agenda que mi fuerza política plantea y cuál es la realidad política para discutirla. Creo que no tiene que ser un debate de sí o no el 1%. El tema es el momento. Como ministra y parte de este gabinete, la primera responsabilidad y tranquilidad que tenemos que tener es un presupuesto asignado y votado. Esa es la prioridad en este momento.
¿Esto pone en jaque la votación del presupuesto?
No, porque con la realidad parlamentaria que tenemos, uno tiene que ser asertivo en el momento de poner las discusiones para no distraernos de lo importante como gobierno. Tenemos que tener la seguridad de un presupuesto para generar las políticas que queremos para la gente. Después, vamos a tener todo el tiempo de debatir.
O sea que hoy no es el momento...
Estamos con un debate importantísimo en otros temas y creo que en este momento sí distrae de otras cosas que nos demandan más urgencia. Hay otras cuestiones que tenemos que debatir, que nos atañen a nosotras mismas dentro del ministerio. Hoy es presupuesto y salir de discusiones muy fuertes que tuvimos: la Caja de Profesionales, el Casmu, el cierre de industrias críticas, una realidad económica que de verdad es complicada.
Después lo otro es discutible, por supuesto, pero hay cuestiones que nos atañen y que nos traen consecuencias en este momento, que nos pueden llegar a condicionar políticas estratégicas que nos trazamos como gobierno.