Casupá en Marcha
CAF ratifica crédito de 130 millones de dólares para represa de Casupá y aclara que no hay nuevas exigencias
El organismo multilateral confirmó que las salvaguardas ambientales y sociales activadas en setiembre de 2025 forman parte del financiamiento original y no modifican el acuerdo firmado hace un año.El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) mantiene firme su apoyo financiero al proyecto de la represa de Casupá, con un crédito de USD 130 millones aprobado en 2025 y que sigue vigente sin cambios en sus condiciones.
La ratificación llegó tras comunicaciones entre autoridades del gobierno uruguayo y el organismo durante las últimas horas, que despejaron cualquier interpretación sobre supuestas nuevas exigencias ambientales.
La confusión se originó cuando el CAF publicó una actualización de un documento técnico de hace un año. Algunos medios interpretaron esa actualización como un endurecimiento de los requisitos que podía poner en riesgo el desembolso. Sin embargo, desde el banco aclararon que todas las salvaguardas ambientales y sociales son exactamente las mismas que figuran en la documentación oficial de setiembre y octubre de 2025, sin alteraciones de ningún tipo.
“Los aspectos ambientales y sociales de Casupá que se difundieron no son novedad, sino que forman parte de la evaluación del proyecto desde hace años”, señaló el presidente de OSE, Pablo Ferreri, al bajarle el tono a la controversia. Ferreri agregó que ya se compraron los terrenos más urgentes, donde se instalará el obrador, y que el proceso de adquisición de tierras avanza “conversando” con los propietarios, no imponiéndose directamente.
El proyecto Casupá es la obra insignia del gobierno de Yamandú Orsi. Reemplaza al fallido intento de Arazatí, impulsado por la administración anterior de Luis Lacalle Pou, y busca garantizar el abastecimiento de agua potable para Montevideo y su área metropolitana hasta el año 2045. Entre sus objetivos técnicos figuran la reducción del riesgo de cianobacterias en el río Santa Lucía y la creación de reservas estratégicas para enfrentar hasta 60 días de sequía severa.
La urgencia de la obra quedó demostrada durante la sequía de 2023, cuando la zona metropolitana estuvo al borde del desabastecimiento total y miles de personas recibieron agua no apta para consumo humano. Ese episodio reactivó un proyecto que había sido estudiado entre 2014 y 2016 bajo el gobierno de Tabaré Vázquez, quedó congelado con Lacalle Pou y fue retomado por Orsi como prioridad de infraestructura hídrica.
El informe del CAF que generó el ruido mediático corresponde al miércoles 2 de setiembre de 2025 y clasificó el proyecto como de alto riesgo ambiental y social. Esa clasificación activó ocho salvaguardas específicas: reasentamiento de población, conservación de la diversidad biológica, protección del patrimonio cultural, prevención y gestión de la contaminación, utilización sostenible de recursos naturales, condiciones de trabajo, equidad de género y evaluación y gestión de impactos ambientales y sociales en general.
Que un proyecto sea catalogado de alto riesgo no significa que el financiamiento esté en peligro, sino que obliga a presentar estudios de impacto exhaustivos, planes de mitigación específicos y mecanismos de monitoreo reforzados como condición para el desembolso. El CAF confirmó que todos esos documentos ya fueron presentados y aprobados dentro de los plazos originales.
El aspecto más delicado del proyecto sigue siendo el reasentamiento de población y las expropiaciones. El proceso abarca 102 padrones pertenecientes a 35 propietarios, quienes tienen plazo hasta 2028 para trasladarse de manera ordenada. El área del embalse se extenderá por 2.127 hectáreas, pero las expropiaciones totales alcanzarán 3.467 hectáreas, incluyendo zonas de amortiguación y obras complementarias.
Del préstamo total de USD 130 millones, aproximadamente USD 110 millones se destinarán a obras civiles e infraestructura, mientras que USD 20 millones se reservan para expropiaciones y compensaciones sociales. Otros documentos internos del proyecto mencionan una cifra cercana a USD 22,2 millones para “compensaciones sociales” a las familias afectadas.
La obra impactará una zona rural productiva ubicada entre los departamentos de Florida y Lavalleja, de unas 3.000 hectáreas. Productores ganaderos y vecinos de la zona han expresado su rechazo al proyecto, denunciando el desplazamiento forzado de familias que llevan generaciones trabajando la tierra. A pesar de ello, OSE sostiene que el proceso se realiza mediante acuerdos voluntarios y que no se utilizará la vía judicial salvo en casos excepcionales.
La ratificación del CAF despeja una incógnita financiera importante para el gobierno uruguayo. La obra ya tiene asegurados los fondos multilaterales, los estudios de impacto ambiental aprobados y un cronograma de expropiaciones que avanza por etapas. El siguiente gran desafío será la licitación de las obras principales y la gestión social del territorio, un terreno donde las tensiones con los productores locales podrían intensificarse a medida que se acerque la fecha límite de 2028 para el traslado de las familias.
En términos de abastecimiento hídrico, la represa de Casupá representa la mayor inversión en infraestructura de agua potable en Uruguay desde la construcción de la represa de Paso Severino en la década de 1980. Su entrada en operación, prevista para fines de esta década, cambiará de manera estructural la capacidad de Montevideo para enfrentar eventos climáticos extremos, algo que la sequía de 2023 dejó como lección ineludible.