Roberto Regina: “voluntad política no hay para implementar la guía de carga después de 25 años”
El veterano empresario del transporte de carga Roberto Regina cerró 2025 con una dura crítica: pese a promesas de formalización en el programa de gobierno, la Guía de Carga –herramienta clave de la ley de 2001– sigue sin aplicarse. “Es un país bananero”, afirmó, citando evasiones millonarias al BPS y DGI que superan los 400 millones de dólares anuales.
El reconocido empresario tacuaremboense del transporte de carga, Don Roberto Regina, no oculta su frustración al cierre de 2025. En diálogo telefónico con EL ECO desde su Tacuarembó natal, el veterano referente del sector denunció la falta de voluntad política para implementar la Guía de Carga, una herramienta prevista en la ley 17.296 de febrero de 2001 y reglamentada en septiembre de ese año.
“Se termina un año más en el transporte de carga con unos logros que no tienen las expectativas pensadas por un sector del transporte
El gobierno tenía en su programa la formalización, la regulación, la horizontalidad del transporte, y todavía no ha logrado hacer funcionar una ley de hace 25 años”, afirmó Regina.
El empresario recordó que, aunque se habla de un plan piloto para 15 empresas a fin de diciembre, esto representa un porcentaje ínfimo frente a las aproximadamente 5.500 empresas profesionales del sector. “El porcentaje de 15 empresas es 0,000”, ironizó.
Regina respaldó su crítica con una serie de publicaciones periodísticas que recopiló a lo largo de los años:
– En 2013, el Ministerio de Transporte propuso una guía electrónica de carga.
– En 2016, se estimaba una evasión de 200 millones de dólares anuales al BPS y 41% a la DGI.
– En 2017, transportistas alertaban sobre informalidad que superaba los 350 millones de dólares anuales.
– En 2020, se hablaba de trazabilidad de camiones y evasiones de hasta 750 millones según el Instituto Cuesta Duarte.
“Un estudio del BID en julio de 2022 fiscalizó solo la mitad de las empresas y detectó irregularidades por 120 millones de dólares anuales. Extrapolando, en cinco años son 1.000 millones”, calculó Regina.
Herramienta fundamental
Para el empresario, la Guía de Carga es “una herramienta fundamental” que beneficia a todas las partes: dadores de flete, recibidores, choferes y empresarios. “Sirve para todo: seguridad frente a problemas con personal o pagos pendientes”. Sin embargo, lamentó que “parece que no la quieren ni el gobierno, ni los transportistas, ni los cargadores”.
Regina fue tajante al diagnosticar el problema: “Voluntad política no hay”. Comparó la situación con la implementación del IRPF: “Los gobiernos están para ejecutar y hacer las cosas. No podés escuchar a la gente que estás controlando para que te den las pautas de qué quieren y qué no quieren”.
En una carta abierta publicada recientemente en diarios nacionales, el empresario interpeló directamente a presidentes de la República, directores de Transporte, ministros, titulares de DGI y BPS, políticos de todos los colores, empresarios y choferes. “El 80% están cometiendo irregularidades”, afirmó, aunque reconoció posibles excepciones.
Pese a la crítica, Regina se mostró dispuesto al diálogo: “Capaz que me pueden dar la explicación. Si alguien viene y me dice ‘mire, usted tiene razón pero el país tiene que funcionar así’, lo recibo”.