Nuevo puente entre Brasil y Uruguay en el río Yaguarón: los detalles de las obras para las que Transporte pidió autorización ambiental
El MTOP inició los trámites ante el Ministerio de Ambiente para recuperar la autorización ambiental que ya había sido concedida en 2013; el nuevo puente busca absorber el transporte de carga a unos 8 kilómetros aguas arriba del histórico puente Mauá.
Pendiente desde hace casi 20 años, la construcción de un segundo puente binacional sobre el río Yaguarón para absorber el transporte de carga entre Uruguay y Brasil es uno de los objetivos de corto plazo en el plan de obras del Ministerio de Transporte (MTOP) conducido por Lucía Etcheverry.
El proyecto de larga data tomó nuevos bríos con el reimpulso dado por Lula Da Silva a partir de 2023 en acuerdo con el gobierno de Luis Lacalle Pou y la concesión de una licencia ambiental previa por parte del Departamento de Infraestructura de Transporte (DNIT) brasileño a comienzos del año pasado. Ahora, Uruguay hizo su parte y el MTOP inició ante el Ministerio de Ambiente los trámites para el Estudio de Impacto Ambiental en pos de obtener la Autorización Ambiental Previa requerida para una iniciativa de esta envergadura.
El Informe Ambiental Resumen firmado en diciembre de 2025 por Alessandra Tiribocchi como responsable técnico y por el director nacional de Vialidad, Federico Magnone, como titular del proyecto, brinda varios detalles sobre cómo sería la nueva obra proyectada por ambos países vecinos. Está previsto que Brasil –que ya adjudicó la construcción al Consorcio Cidade Planaterra Única– financie toda la inversión, estimada en unos US$ 40 millones, al tiempo que Uruguay se encargará de los accesos a la nueva estructura y la refacción del viejo puente Barón de Mauá, que ya conecta a las ciudades de Río Branco y Jaguarao.
El nuevo puente estará ubicado 8 kilómetros al norte de Río Branco y se llegará a él a través de una extensión de más de 6 km de la ruta 18, que hoy termina en un empalme con la ruta 26. En esa intersección se proyecta la construcción de una “rotonda tipo cruz” para “realizar giros en todas las direcciones” y facilitar el acceso tanto a Río Branco como hacia el nuevo puente internacional, detalla el informe encargado por el MTOP a la consultora Adapta.
El proyecto apuesta a una “optimización del intercambio logístico y comercial por vía terrestre con Brasil”, al proveer una “infraestructura más apropiada para la circulación de vehículos de carga” y “separándolo del tránsito liviano”; se espera con eso un “beneficio para el tránsito turístico” al reducirse los tiempos de espera que hoy insume la circulación por el viejo puente Mauá sobre Río Branco y Jaguarao.
Asimismo, se construirá del lado uruguayo un complejo de Aduanas para turismo sobre el nuevo puente, que concentrará en un mismo edificio las oficinas de migración y control fronterizo de ambos países. “La superficie total prevista para el predio es aproximadamente 50.000 m²”, detalla el informe presentado por el MTOP. Del lado brasileño habrá otro complejo aduanero para carga.
Las obras
El nuevo puente internacional tendrá 419 metros de longitud y fue diseñado por la firma brasileña Enecon. Se basará en un sistema atirantado con cables externos que estarán anclados a torres de soporte de 14,2 metros de altura. La calzada tendrá dos carriles de 3,60 metros cada una y banquinas y veredas peatonales sobre los costados.
El proyecto detalla que “a casi un siglo” de la construcción del histórico puente Mauá en Río Branco, “ante un escenario de uso intenso por parte del transporte carretero que une ambos países, se hace necesario derivar el tránsito no local por un baipás”. El gobierno estima que la construcción de la rotonda y la extensión de la ruta 18 insumirá una duración de 12 meses. La obra del nuevo puente sobre el río Yaguarón, en tanto, llevará 24 meses.
Como es usual en este tipo de manifiestos, el informe presentado al Ministerio de Ambiente explica en detalle las condiciones de la zona. La nueva ruta atravesará ocho padrones rurales y afecta lateralmente a otros tres padrones que serán frentistas, para lo que fue necesario expropiar 47 hectáreas. El proceso fue iniciado en julio de 2013 y la superficie expropiada constituye solo el 3,7% del área total de los padrones afectados.
El informe ambiental detalla que en la zona “no se evidencia la presencia de ecosistemas categorizados como amenazados, aunque existen dos pequeñas zonas en la costa del río consideradas 20% del territorio prioritario para la conservación”. “Sin embargo, la faja de 6.332 metros de longitud ha tenido usos de cultivo de arroz en su mayor extensión, quedando sin cultivar los últimos 335 metros contra el río, que responden a una pradera inundable”, especifica el texto.
Además, relata que la zona “mantiene una muy baja densidad de población”, en contraste con el crecimiento de la vecina Río Branco. En el área afectada a las nuevas obras solo hay “una vivienda habitada en el entorno inmediato de la traza” y una escuela rural abandonada.
A partir de ahora, se abre el proceso necesario para que Ambiente otorgue o deniegue la Autorización Ambiental Previa (AAP). La cartera ya había concedido este permiso en 2013, pero caducó al cumplirse el plazo de dos años sin iniciarse las obras. Fue por eso que en febrero del año pasado el MTOP ya había presentado ante Ambiente una nueva Comunicación de Proyecto para reiniciar los trámites. La iniciativa volvió a obtener la categoría B, que obliga a la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental para solicitar la AAP.
El informe estima que la mano de obra será de entre 80 y 100 operarios fijos, con picos de entre 170 y 200 operarios entre trabajos directos e indirectos.
El avance de los proyectos binacionales con Brasil –que entusiasmó a Lacalle Pou tras la asunción de Lula y que se mantiene bajo la administración de Yamandú Orsi– también incluye el reciente relanzamiento de la licitación para el dragado de la hidrovía Laguna Merín-Canal San Gonzalo, que se había suspendido tras las graves inundaciones en Río Grande do Sul en mayo de 2024.