HIF Global: el negocio verde que reabre tensiones en el Río Uruguay
El caso HIF Global revela, una vez más, la tensión estructural entre desarrollo económico, soberanía ambiental y gestión compartida de los recursos naturales.El proyecto de HIF Global en Paysandú, que promete producir combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde, se ha convertido en un nuevo foco de fricción entre Uruguay y Argentina.
La planta, impulsada por una empresa con capitales internacionales y respaldo oficial del gobierno uruguayo, avanza mientras del otro lado del río prevalece la parálisis diplomática. Esa combinación de iniciativa unilateral y silencio institucional reabre el debate sobre la soberanía económica y la gestión compartida del Río Uruguay, bajo el amparo —cada vez más frágil— del Estatuto que ambos países firmaron en 1975.
El proyecto HIF Global-Paysandú fue presentado por primera vez por la Consultora CSI el 17 de julio de 2025 ante el Ministerio de Ambiente uruguayo, en el marco de la solicitud de Validación de Localización Ambiental (VAL), paso inicial obligatorio para proyectos de esta magnitud. Posteriormente, el proceso contempla la Solicitud de Autorización Ambiental Previa (SAAP), que permite el inicio de las obras, y la Autorización Ambiental de Operación (AAP), tras inspecciones y pruebas de funcionamiento de la planta.
Tras 19 días de revisión, el 4 de agosto, la Gerencia del Área de Evaluación Ambiental de la DINACEA emitió la primera Solicitud de Información Complementaria (SIC01), firmada por Noelia Rivas, Laura López y Milton Ituarte. El informe destacó graves anomalías desde las primeras páginas del expediente, incluyendo la ausencia de un plano detallado de la planta, con la ubicación y altura de sus componentes, elemento básico en los “Datos Básicos del Proyecto”.
El caso evidencia una deficiente supervisión inicial y plantea interrogantes sobre la capacidad de control del proyecto, así como sobre la posición argentina frente al cumplimiento del Estatuto del Río Uruguay, tratado internacional que regula la gestión compartida del río entre ambos países.
Desde julio de 2025, Argentina no ha remitido su evaluación ambiental ni formulado objeciones formales, pese a que el tratado obliga a revisar de manera conjunta toda obra con potencial impacto transfronterizo.
En los hechos, esa inacción habilita a Uruguay a seguir adelante con su propio proceso interno de aprobación. El Ministerio de Ambiente uruguayo defiende el proyecto como parte de una política de “transición energética y atracción de inversiones sostenibles”.
Sin embargo, el vacío de coordinación bilateral deja al país vecino sin herramientas efectivas de control y, sobre todo, sin presencia política en una decisión que involucra un bien compartido.
HIF Global presenta el emprendimiento como una inversión millonaria que posicionará a Uruguay a la vanguardia de los combustibles no fósiles.
Pero el negocio también plantea interrogantes: ¿qué parte de la cadena de valor quedará realmente en el país? ¿Qué beneficios obtendrá el Estado uruguayo frente al uso intensivo de energía, agua y territorio? ¿Y cuánto dependerá el proyecto de subsidios o incentivos fiscales?
Detrás del discurso verde, las cifras concretas de producción, exportación y empleo siguen sin transparentarse.
Para Uruguay, el desafío es doble. Por un lado, busca consolidarse como polo regional de innovación energética; por otro, corre el riesgo de repetir viejos esquemas de dependencia tecnológica y extractivismo “limpio”, donde el territorio funciona como plataforma industrial para intereses externos.
Desde una mirada política, el entusiasmo gubernamental parece priorizar el corto plazo de la inversión sobre el largo plazo de la soberanía.
En Argentina, la falta de reacción deja un vacío institucional inquietante.
La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) no ha recibido ni procesado la documentación ambiental, y tanto el gobierno nacional como las autoridades provinciales de Entre Ríos se muestran ausentes. Esa omisión equivale, en términos diplomáticos, a un aval implícito: permite que Uruguay avance y se coloque en una posición dominante en la gestión del río, debilitando la voz argentina en un tema que históricamente exigió firmeza y coordinación.
El caso HIF Global revela, una vez más, la tensión estructural entre desarrollo económico, soberanía ambiental y gestión compartida de los recursos naturales.
Uruguay apuesta a la innovación verde como nuevo motor productivo; Argentina, atrapada en su burocracia y crisis política, cede protagonismo.
En el medio, el río —y con él, la región— vuelve a ser escenario de decisiones unilaterales que definen más que un modelo energético: delinean la asimetría de poder entre dos Estados que deberían cooperar y no competir por el futuro del litoral.