Gobierno de Orsi y consorcio van a renegociar condiciones del proyecto Neptuno; Casupá no estaría sobre la mesa
Sánchez reafirmó el lunes que la flamante administración tiene reparos sobre la ubicación de la obra —en Arazatí, San José—, alertó por los “impactos ambientales” que traería y cuestionó el “financiamiento” que se estableció.La discusión por el proyecto Neptuno —planta potabilizadora que tomará agua del Río de la Plata para abastecer al área metropolitana y alrededores— está lejos de terminarse.
El gobierno de Yamandú Orsi —que cuestionó la iniciativa desde un principio, cuando el Frente Amplio era oposición— quiere volver a negociar el contrato que se cerró hace pocas semanas, algo a lo que está abierto el consorcio Infraestructura Arazatí (antes Aguas de Montevideo, integrado por Berkes, Saceem, Ciemsa y FAST, de origen brasilero), según pudo saber El País.
La postura del gobierno de querer renegociar la reafirmó el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, el lunes de mañana, dos días después de la asunción. El jerarca explicó en En Perspectiva que cuestionan la ubicación de la obra —en Arazatí, San José—, los “impactos ambientales” que traería, la “solución” que genera y el “financiamiento” que se estableció.
Aún no se dio ninguna reunión oficial entre el nuevo gobierno y los privados por la iniciativa, aunque sí hubo algún contacto informal, indicaron fuentes del consorcio a El País. Las empresas están a la espera de que se produzca alguna comunicación y se agende un encuentro, el que suponen suceda después de la asunción de las nuevas autoridades de OSE, añadieron los informantes.
Por su parte, el flamante secretario de Presidencia dejó en claro que el Estado uruguayo “respeta los contratos porque es parte de las reglas de juego”. No obstante, indicó en el programa radial que los contratos se pueden volver a negociar, y que se va a armar un “esquema” con un “grupo de trabajo” para volver a ver las condiciones que se establecieron en la administración de Luis Lacalle Pou.
En esa línea, Sánchez recordó que, en su momento, se le pidió al gobierno anterior que “no firmara” el contrato. Y añadió: “Habrá que ver cuánta voluntad hay (del consorcio) y cómo establecemos una estrategia de negociación”.
Las empresas, no obstante, no tienen en este momento encima de la mesa la posibilidad de construir Casupá —indicaron fuentes del consorcio—, que es el proyecto que desde el Frente Amplio entienden que se debe priorizar para el abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana.
La priorización del proyecto Casupá es algo que se estableció en las bases programáticas del Frente Amplio. Al mismo tiempo, cabe marcar que en ese extenso documento de la coalición de izquierda no hay mención al proyecto Neptuno, el que el gobierno de Lacalle Pou determinó para San José.
El 27 de enero la Mesa Política del Frente Amplio se volvió a manifestar en contra del proyecto Neptuno y consideró la firma del contrato como “absolutamente inconveniente”. Además, criticó que el gobierno de Lacalle Pou “innovara en una materia muy sensible” cuando “ya estaba de salida”.
La Mesa Política, además, apuntó en una declaración que el proyecto “ha sido observado y cuestionado por la enorme mayoría de la academia, la sociedad civil y la población local con argumentos muy contundentes”. Y continuó: “De la multiplicidad de informes que se han generado durante el proceso de discusión y la puesta de manifiesto del proyecto, se desprende su inconveniencia como solución a las necesidades de desarrollo de infraestructura para el abastecimiento de agua potable del área metropolitana”.
El camino hasta la firma
Las críticas al proyecto desde el Frente Amplio siguieron tras ganar las elecciones, pero Lacalle Pou advirtió en diciembre —poco antes de la firma del contrato— que no pondría el "freno de mano" e hizo hincapié en que tenía "la legitimación para gobernar" hasta el 28 de febrero. Además, apuntó que la iniciativa se haría "porque es bueno para el país", aunque se buscaría "un punto intermedio donde más o menos todos" (oposición y oficialismo) queden "satisfechos".
El gobierno de Lacalle Poucerró el contrato con el consorcio privado el 23 de febrero en un encuentro en Torre Ejecutiva. Allí asistieron varias autoridades salientes —los entonces secretario Rodrigo Ferrés; el presidente de OSE, Raúl Montero; y el ministro de Ambiente, Robert Bouvier— y representantes del consorcio —como el director general de Saceem, Alejandro Ruibal— al que se les adjudicó la licitación en agosto de 2023.
Presidencia señaló en ese momento en un comunicado que la firma del contrato “permite iniciar las obras del proyecto Arazatí, la inversión más grande de la historia del país en infraestructura para agua potable". Además de que defendió la decisión: “En los años posteriores al anuncio oficial (de la licitación), se cumplieron todos los pasos requeridos en materia técnica y medio ambiental. El contrato se firmó en los términos originales establecidos en la licitación”.
Posturas
Tras lafirma entre el gobierno de Lacalle Pou y el consorcio Infraestructura Arazatí, desde Presidencia se informó que se sumó en el “contrato un memorándum de entendimiento entre OSE y el consorcio para eventuales modificaciones que en un futuro se quieran realizar”. En esa línea, se explicó que “podría incluir, por ejemplo, alternativas para la localización del polder”, que el reservorio de agua bruta que se proyectó como parte de la iniciativa.
El gobierno agregó que "para dimensionar la importancia y necesidad de esta obra”, conviene “recordar la histórica crisis hídrica que afectó al país en 2023 y su impacto en la calidad del agua", y que el proyecto en Arazatí "garantiza un derecho básico a la población que reside en Montevideo y el área metropolitana".
"La obra es un compromiso del gobierno para hacer frente a un problema que se arrastra desde hace décadas, relacionado con la ausencia de una segunda fuente para el suministro de agua potable, para abastecer a más del 60% de la población del país", concluyó.
En respuesta, la Mesa Política del Frente Amplio indicó que confiaban “plenamente” que los frenteamplistas “designados para integrar el próximo gobierno nacional” actuarán con “firmeza frente al daño que el contrato genera”.