Caso Cardama: el gobierno ratifica necesidad de patrulleras oceánicas y espera un informe clave de Bureau Veritas
La prestigiosa calificadora internacional ya se encuentra instalada en el astillero y audita la construcción del primer buque.El gobierno ratificó su decisión estratégica de dotar a la Armada Nacional de patrulleras oceánicas (OPV) en el menor plazo posible, mientras avanza en la evaluación técnica y jurídica del contrato firmado con el astillero español Cardama.
En ese marco, una de las novedades más relevantes es que la empresa clasificadora internacional Bureau Veritas ya se encuentra instalada en el astillero y audita el estado de construcción del primer buque, con un informe que estaría pronto a mediados de enero.
Según confirmaron fuentes del Ministerio de Defensa Nacional, la inspección de Bureau Veritas se desarrolla con normalidad, sin objeciones por parte del astillero, y cuenta además con el acompañamiento de los dos oficiales uruguayos que permanecen en España realizando informes semanales sobre el avance de la obra. El objetivo de esta auditoría es contar con una evaluación técnica independiente que permita establecer con precisión el estado real del proyecto, en un contexto marcado por desacuerdos contractuales y un deterioro evidente de la relación entre las partes.
Bureau Veritas es una de las principales sociedades clasificadoras del mundo y fue contratada exclusivamente para esta tarea puntual. Su rol será aportar una “tercera voz” técnica frente a las posiciones contrapuestas del astillero y del Estado uruguayo. Desde Defensa se subraya que el dictamen tendrá un peso significativo a la hora de tomar decisiones.
Mientras tanto, el vínculo con Cardama atraviesa uno de sus momentos más delicados. La empresa informó recientemente al Estado uruguayo que había colocado la quilla del segundo buque, lo que para el astillero constituye el cumplimiento de un nuevo hito contractual. Sin embargo, desde el Ministerio de Defensa se sostiene que se trata de un adelanto unilateral de obra y que no habilita, por el momento, ningún pago.
De acuerdo a la planificación financiera original, ese hito estaba previsto para el año siguiente y requería la apertura de una nueva carta de crédito. El pago correspondiente no está contemplado en la carta actualmente vigente, abierta a través del Deutsche Bank, por lo que el Estado comunicó formalmente que no corresponde efectuar desembolsos en esta etapa.
Más aún, el Ministerio entiende que existe un incumplimiento por parte del astillero, lo que llevó a invocar la excepción de contrato no cumplido. Esta situación, explican las fuentes, deja en suspenso el curso normal del contrato y condiciona cualquier avance futuro mientras no se aclaren los puntos en disputa.
Uno de los aspectos centrales del conflicto está vinculado a los motores del primer buque, correspondientes al denominado tercer hito contractual. El contrato establece que los motores deben estar entregados y certificados en el astillero antes del 15 de enero de 2026 para que se habilite el pago previsto en la carta de crédito actual. Sin embargo, ese escenario hoy aparece descartado.
Según relataron desde Defensa, ya en octubre representantes de Cardama habían adelantado que Caterpillar, la empresa proveedora, difícilmente pudiera cumplir con los plazos establecidos. Posteriormente, tras la conferencia de prensa realizada por el astillero el 22 de octubre, Cardama comunicó que la empresa no enviaría los motores en el marco de la situación de incertidumbre generada. Si bien no está del todo claro si el contrato con Caterpillar fue cancelado o simplemente suspendido, lo cierto es que la entrega está detenida.
La ausencia de los motores no solo impide el pago del hito correspondiente, sino que afecta directamente la secuencia constructiva del buque. Se trata de componentes de gran porte cuya instalación es clave para continuar con determinadas etapas de la obra, por lo que su falta genera demoras estructurales en el proceso de construcción.
En paralelo, el Ministerio de Defensa se prepara para la audiencia de conciliación fijada para el 16 de marzo. En ese ámbito, el Estado ya dio vista formal al astillero de los incumplimientos que entiende configurados y aguarda ahora la respuesta correspondiente. No obstante, las autoridades reconocen que el desgaste del vínculo es profundo y que la confianza necesaria para continuar bajo el mismo esquema se encuentra seriamente dañada.
Las fuentes consultadas señalaron que, más allá del resultado de la auditoría técnica, la relación con Cardama ha estado marcada por dificultades recurrentes, como trabas al acceso a la información, cuestionamientos a las competencias de los inspectores uruguayos y una comunicación deficiente en momentos clave del proyecto. Todo ello contribuyó a erosionar la confianza mínima requerida para un emprendimiento de esta magnitud.
En este contexto, el gobierno trabaja también en el análisis de eventuales alternativas, aunque mantiene extrema reserva sobre esas gestiones para no afectar posibles escenarios de negociación. Lo que sí se enfatiza es la señal política: existe una decisión firme de avanzar con la incorporación de patrulleras oceánicas, consideradas estratégicas para el control y la vigilancia del espacio marítimo nacional.
“La prioridad es que el país cuente con las patrulleras”, subrayan desde Defensa.
Los próximos acontecimientos serán determinantes: el informe de Bureau Veritas a mediados de enero, el vencimiento del plazo contractual para la entrega de los motores y, más adelante, la audiencia de conciliación de marzo. A partir de esos elementos, el gobierno contará con mayores herramientas para definir el rumbo final de un proceso que sigue abierto y bajo análisis permanente.