Cámara de Zonas Francas busca frenar el Impuesto Mínimo Global en Uruguay y analistas se unen al debate
El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone plantea que el tributo será una localización en el país de lo que multinacionales ya pagan en el exterior; la gremial no lo ve así y analistas piden aclaraciones técnicas.
La Cámara de Zonas Francaspresentó un documento a la Comisión del Presupuesto integrada con Hacienda, en el que plantea su disconformidad con la medida propuesta por el gobierno uruguayo de implementar el Impuesto Mínimo Global (IMG) en el país, denominado “Impuesto Mínimo Complementario Doméstico” (IMCD). Este tributo grava con 15% a la renta de empresas multinacionales que facturen como mínimo 750 millones de euros al año.
El documento señala que el artículo 662 del proyecto de Ley de Presupuesto presentado el pasado 31 de agosto por el Ministerio de Economía y Finanzas del Uruguay (MEF) propone la implementación de dicho impuesto, el cual, según señala la Cámara de Zonas Francas, “en el contexto actual y en los términos planteados, representa un riesgo para la inversión, el empleo y la recaudación que actualmente genera el Régimen de Zonas Francas, así como una afectación de la seguridad jurídica que ha distinguido internacionalmente a nuestro país”.
La cámara señala que el gobierno uruguayo pretende tomar esta medida en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un foro internacional integrado por 38 países, pero señala que las decisiones del ente internacional “no son vinculantes” y en él “predominan los intereses del G20”.
“La OCDE es un centro de análisis de datos, un asesor en políticas públicas y un creador de estándares globales en áreas como la economía, el comercio y el medio ambiente. Sus decisiones no son vinculantes y predominan los intereses del G20”, dice textualmente.
Sin embargo, el Impuesto Mínimo Global surgió en el ámbito del Marco Inclusivo de la OCDE y el G-20 sobre BEPS (Marco Inclusivo), que a finales de 2023 contaba con 145 países miembros, entre los cuales está Uruguay. "Todos los miembros del Marco Inclusivo participan en igualdad de condiciones", indica ese ámbito, que fue en el que se decidió adoptar el IMG.
El IMG fue suscrito por 142 países (Uruguay entre ellos) en 2021, pero actualmente está vigente en 53 países (eran 35 en 2024).
La Cámara de Zonas Francas afirma que la aplicación del IMG ha estado rodeada de incertidumbre y vaivenes a nivel internacional, incluyendo a los propios países europeos “por la pérdida de competitividad que el IMG implica para sus empresas”.
“En Latinoamérica, dónde están radicados los principales competidores de Uruguay en captación de inversión extranjera, solamente Brasil ha creado un IMCD y Colombia fracasó en el intento. El resto de los países de la región no han avanzado en la implementación del IMG. Tanto es así que, a nivel de la Asociación de Zonas Francas de las Américas, el IMG ya ni siquiera es tema de conversación”, apunta.
El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone dijo en entrevista con El País que el Impuesto Mínimo Complementario Doméstico es para "corporaciones que facturan más de 750 millones de euros por año y cuya matriz está en algún país que ya está adherido al contrato GloBE, eso lo que quiere decir es que el 15% global de impuesto que corresponde a la renta uruguaya ya está siendo gravado en donde está localizada la matriz, lo que simplemente estamos haciendo es localizar eso en territorio uruguayo".
"Cuando estemos decididos a estar integrados en un acuerdo global, el hecho de que estemos allí, la administración tributaria no puede hacer otra cosa que reconocer el impuesto porque estamos todos obligados quienes formamos parte del marco global", agregó.
La Cámara de Zonas Francas destaca la importancia que tiene el régimen de exclaves para Uruguay, cuyo éxito —afirma— está basado “no sólo en los beneficios fiscales y ventajas aduaneras, sino en la confianza que inversores tienen en la estabilidad política, jurídica y social del Uruguay”.
Según datos de la gremial, actualmente más de 1.100 empresas operan bajo el régimen en Uruguay, contribuyendo con el 6,6% del Producto Interno Bruto y el 34% de las exportaciones del país. En materia de empleo, generan 66.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos (4% del empleo nacional), con una remuneración promedio que triplica la del resto del la economía.
“Por tanto, es importante tener en cuenta que cualquier impacto negativo en los pilares fundamentales del Régimen de Zonas Francas implica poner en riesgo la actividad económica, el empleo (directo e indirecto), la inversión, y la recaudación actual del país”, afirma el texto.
La cámara plantea que “el IMCD no contribuirá a mejorar la competitividad del Uruguay sino todo lo contrario, pondrá una mayor presión y urgencia para resolver los desafíos que enfrenta y que están relacionados con el costo país, la dimensión de su mercado interno, la disponibilidad y el costo de los recursos humanos, la conectividad, la inserción internacional, la burocracia, entre otros”.
Finalmente, plantea que la implementación del IMCD requeriría como mínimo la implementación simultánea de una batería de incentivos y créditos reembolsables que mitiguen la pérdida de exoneraciones y competitividad. Y agrega que esta implementación “debe necesariamente contemplar el respeto de los derechos adquiridos por los usuarios de Zonas Francas” al amparo del artículo 19 de la Ley 15.921 (que protege a las empresas instaladas de cualquier tributo vigente o a crearse), ya que en caso contrario, el Estado estará expuesto a litigios.
Analista
Consultado por El País al respecto, Gustavo Melgendler, socio del Departamento de Asesoramiento Tributario y Legal de KPMG, afirmó: "si pensamos en los pros de la incorporación del IMCD podemos decir que Uruguay incorpora normativa al amparo de los compromisos asumidos en 2021 por más de 130 países, enmarcados en el Pilar 2 de la iniciativa BEPS de la OCDE, el cual establece un piso mínimo de tributación global del 15%, pudiendo el Estado uruguayo recaudar un impuesto que de todas formas el grupo podría estar pagando en el fisco de otro país".
"Por el contrario, este impuesto como está diseñado alcanzaría a aquellos grupos multinacionales aún cuando la matriz no aplique este tipo de tributación, lo que aumentaría el impuesto al inversor. Por lo tanto, resta pensar qué contrapartida adicional le pueda dar el país al inversor, dado que el impuesto produce una pérdida de competitividad de Uruguay, al reducir los beneficios fiscales, para atraer las inversiones que tanto el país necesita para generar el desarrollo y crecimiento", apuntó.