Académicos y organizaciones nativistas alertan por la destrucción de cerritos de indios
Llevan el tema a los ministerios de Cultura y Ambiente, así como al Parlamento y la Institución Nacional de Derechos Humanos. No descartan recurrir a la justicia internacional.Los cerritos de indios se comenzaron a construir hace unos 5.000 años en territorios bajos del este de Uruguay, pero luego se expandieron hasta llegar al sur de Brasil.
Pese a que son parte del patrimonio histórico y cultural del país, muchos se encuentran en peligro por las actividades agropecuarias. Esto ha sido denunciado por organizaciones nativistas y por académicos en distintos ámbitos. Sin embargo, en ocasiones el responsable de su devastación es el propio Estado.
“Los cerritos de indios, que se encuentran en los departamentos de Rocha, Treinta y Tres, Cerro Largo, Tacuarembó y Rivera y se extienden hasta el sur de Brasil, como guardianes de la memoria y la cultura de estas tierras y de las comunidades originarias, resisten con mayor o menor suerte los impactos de la expansión, cada vez más intensiva, del agronegocio y de obras estatales de canalización de agua”, señala un artículo publicado en días pasados por el portal de la Universidad de la República.
El mismo recoge declaraciones de Noelia Bortolotto y Andrés Gascue, antropólogos docentes de la Udelar en el Departamento de Sistemas Agrarios y Paisajes Culturales del Centro Universitario Regional del Este (CURE), que trabajan en torno al tema.
Gascue explicó que, si bien las actividades cotidianas de las poblaciones rurales modernas tenían un efecto negativo en algunos cerritos, este era mínimo. Y que su “gran destrucción” comenzó a partir de los años 80 con las obras de canalización que empieza a emprender el Estado en 1979 por un decreto de la dictadura y es aún mayor con el laboreo de la tierra para la plantación de arroz.
En este sentido, advierte que la maquinaria que se utiliza para el cultivo de este cereal intenta eliminar los cerritos porque son un obstáculo para la actividad, que requiere una superficie plana e inundable. “Los cerritos pequeños de las zonas donde se planta arroz están destruidos y, aunque no los logran eliminar completamente, han sido sumamente impactados”, resaltó. Durante trabajos de peritaje arqueológico, los investigadores constataron que habían sido cortados por un canal excavado en el marco del Plan de Regulación Hídrica, previo a la implementación del monitoreo de obra (ver recuadro).
La arqueóloga y docente Laura del Puerto también integra el equipo del CURE que viene trabajando en el tema, en su caso desde la filial de Rocha.
“Cuando empezó a intensificarse la producción arrocera, se tuvo que crear en el marco del Ministerio una comisión de rescate arqueológico de la cuenca de la Laguna Merín, que funcionó desde el 85 u 86 hasta entrados los 2000, justamente con la finalidad de generar información, dar a conocer y tratar de tomar medidas para preservar la integridad de los cerritos de indios que estaban siendo afectados no solo por las canalizaciones, sino por la propia producción”, comenta Del Puerto a Domingo. Y agrega: “Hay muchísimos cerritos que han desaparecido, que han sido arados, por ejemplo. Y se pueden identificar solamente porque queda un manchón de tierra de distinto color. Si se comparan las fotografías aéreas de las décadas del 60 y 70 con imágenes satelitales actuales, se puede constatar que una gran cantidad de cerritos ya han sido destruidos o fuertemente alterados. Y estamos hablando de producciones que están en expansión, aumentado”.
Sin respuestas
Bortolotto mencionó un caso concreto en el que se advirtió por la afectación de estos sitios históricos, pero la denuncia no tuvo andamiento. Además de informar a la empresa presentaron el caso ante la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que es la responsable de dictaminar en estas situaciones, y realizaron la denuncia al Ministerio de Ambiente. La Comisión de Patrimonio se expidió avalando cada una de las recomendaciones indicadas por los técnicos; no así la citada secretaría de Estado “que al día de hoy no se ha manifestado”.
Al no recibir respuesta de esta última en 2024, el investigador interpuso una solicitud de acceso a la información pública para poder ver el expediente completo, un documento de más de 1.000 páginas. “Pero hasta el día de hoy seguimos sin respuesta”, comentó al portal de la Udelar.
En diciembre del año pasado, los antropólogos visitaron las obras para saber cómo estaba la situación y constataron que el proceso de construcción por parte de la empresa había finalizado sin modificaciones. Y este 2025 la obra fue inaugurada por el gobierno saliente con la presencia de las autoridades de los ministerios competentes.
Gascue, por su parte, resaltó que todo esto se llevó adelante a pesar del informe del equipo de investigadores y de una evaluación de la Comisión de Patrimonio con una serie de recomendaciones que iban en el mismo sentido y que no fueron respetadas, así como tampoco lo fue la Ley Nº 16.466 de 1994 (de Evaluación del Impacto Ambiental). “Es el Estado violando sus propias normas, es algo realmente alarmante”, sentenció.
Del Puerto, por su parte, reclamó medidas de acción: “Falta mucha cosa. Las leyes están un poco obsoletas, se está trabajando una nueva Ley de Patrimonio porque es preciso actualizar. También hace falta que haya medidas de contralor, recursos capacitados en las instituciones donde se tienen que dar las autorizaciones y hacer los monitoreos de los impactos. Hacen falta también recursos para investigar y poner en conocimiento. Y generar medidas de gestión que permitan compatibilizar la producción con la conservación”.
Memoria de los pueblos originarios
La arqueóloga Laura del Puerto advierte que cada destrucción de un cerrito de indios no solo es la eliminación de un yacimiento, sino también de una memoria viva para las comunidades indígenas.
“Los colectivos están peleando por hacer escuchar su voz, por ser reconocidos y porque se respeten estos lugares no solo como patrimonio arqueológico, sino como sitios sagrados y parte de su memoria viva”, sostiene.
Estos colectivos y en particular el Clan Gubaitase Charrúa, presentaron una denuncia ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos y una nueva queja ante la Comisión de Patrimonio del MEC. Ante la ausencia de respuestas, próximamente van a recurrir a ámbitos internacionales de justicia como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De igual modo, solicitaron una reunión con algunas comisiones parlamentarias, como la de Derechos Humanos y la de Género.